Espa?a aplaza la norma europea que protege a los denunciantes

Espa?a no tendr¨¢ una norma para proteger a los denunciantes de casos de corrupci¨®n hasta bien entrado 2022. La fecha l¨ªmite para trasponer la directiva europea de filtradores (¡±whistleblowers¡± en ingl¨¦s) estaba fijada para este viernes 17 de diciembre, pero a la ley que prepara el Gobierno le quedan algunos flecos. Fuentes del Ejecutivo aseguran que el proyecto se llevar¨¢ al Consejo de Ministros en enero. Cuando entre en vigor, toda la administraci¨®n p¨²blica y las empresas de m¨¢s de 50 trabajadores estar¨¢n obligadas a tener canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para que cualquier ciudadano pueda informar sobre posibles infracciones sin temor a represalias.

El proyecto de ley reguladora de la protecci¨®n de las personas que informen sobre infracciones normativas est¨¢ muy avanzado, pero el Gobierno de Pedro S¨¢nchez no va a llegar a tiempo de trasponer la directiva en el plazo acordado. Fuentes del Ministerio de Justicia descartan que este retraso vaya a tener consecuencias para Espa?a, ya que la tramitaci¨®n se habr¨¢ iniciado antes de que se abra un posible procedimiento sancionador, lo que trasladar¨¢ el mensaje a Europa de que existe la ¡°voluntad inequ¨ªvoca¡± de cumplir con el mandato de la trasposici¨®n, se?alan estas fuentes. El Ejecutivo est¨¢ en contacto con la Comisi¨®n Europea, que tiene conocimiento de los avances en la elaboraci¨®n del texto, seg¨²n el Gobierno.

La conocida como directiva whistleblower (en referencia al t¨¦rmino anglosaj¨®n que alude ¡°al que hace sonar el silbato¡±) alude a quienes denuncian irregularidades en su ¨¢mbito laboral. El objetivo de la norma europea es impulsar iniciativas de denuncia como las de Edward Snowden, el consultor que revel¨® el alcance de las interceptaciones de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, o de Jos¨¦ Luis Pe?as, el exconcejal del PP que hizo estallar el caso G¨¹rtel con sus informaciones. El informante ser¨¢ protegido en todo momento, para evitar que, como a menudo ocurre en estos casos, tenga que abandonar su vida anterior o perder el trabajo.

Las empresas privadas de m¨¢s de 50 trabajadores estar¨¢n obligadas a disponer de canales de denuncia interna para facilitar que las acusaciones lleguen a buen recaudo y sean investigadas, algo que en buena medida ya necesitaban tener desde la reforma del C¨®digo Penal de 2010. Pero en el sector p¨²blico la introducci¨®n de la directiva europea puede suponer una verdadera revoluci¨®n. Sus organismos estar¨¢n obligados a disponer de un canal de denuncia interno y seguro para facilitar las denuncias, aunque queda por ver si se aplicar¨¢ a todos: el texto comunitario deja que cada estado miembro pueda decidir si instaurar estas v¨ªas de denuncia en toda la administraci¨®n independientemente del n¨²mero de sus empleados (desde ayuntamientos peque?os hasta ministerios) o si limitarla a las instituciones m¨¢s grandes (habla por ejemplo de eximir los municipios de menos de 10.000 habitantes o con menos de 50 trabajadores). Tambi¨¦n podr¨¢ decidir si gestionar internamente estos canales o si externalizar su gesti¨®n.

Tres v¨ªas para la denuncia

La directiva establece tres v¨ªas para poder canalizar las denuncias. Una es el citado canal interno. Otra es un canal externo, es decir una entidad independiente que recibe las denuncias, las investiga y decide si sancionar la Administraci¨®n, archivar el caso o trasladarla a una fiscal¨ªa cuando haya delito. Cada Estado miembro puede elegir si crear una entidad independiente espec¨ªfica para este papel o utilizar para ello un ¨®rgano ya existente, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia o la propia Fiscal¨ªa.

El tercer canal es el llamado sistema de revelaci¨®n p¨²blica: hacer p¨²blica la denuncia p¨²blica por otras v¨ªas, como acudir a un medio de comunicaci¨®n. Se considera una opci¨®n ¡°extrema¡± y en la que se garantizar¨ªa la protecci¨®n del denunciante solo cuando exista un temor fundado de que tanto el canal externo como el interno no lo hagan. Es decir, cuando todo lo dem¨¢s no est¨¢ funcionando como debe.

Un asunto que debe decidir cada pa¨ªs es si las denuncias podr¨¢n ser totalmente an¨®nimas, ya que la directiva no obliga a ello. Eso s¨ª, impedir¨¢ que haya represalias contra el denunciante y prev¨¦ la nulidad de cualquier medida contra ese empleado; promueve apoyo psicol¨®gico y defensa jur¨ªdica del denunciante cuando lo necesite e incluye la posibilidad de darle un premio econ¨®mico, incentivando as¨ª que se afloren m¨¢s conductas reprochables. Este extremo, que tambi¨¦n cada Estado puede decidir si incluye en la transposici¨®n de la norma, siempre se dar¨ªa en el caso de que su acusaci¨®n acabe en una resoluci¨®n con sanci¨®n econ¨®mica.

Seg¨²n se?alan desde la Whistleblowing Monitor, Espa?a no es el ¨²nico estado que no llegar¨¢ a tiempo con la transposici¨®n. De hecho solo en Dinamarca la directiva se ha implementado ya del todo y entrar¨¢ en vigor este viernes. Hay leyes que van en la misma l¨ªnea en Croacia, Lituania, Letonia o Eslovaquia y otros pa¨ªses europeos como B¨¦lgicas, Irlanda, Suecia o Pa¨ªses Bajos se prev¨¦ que transpongan la norma comunitaria pr¨®ximamente.