La corrupci¨®n de un segundo general sacude a la Guardia Civil
La investigaci¨®n sobre el teniente general V¨¢zquez Jarava, imputado hace 13 meses, revela que desvi¨® hasta el 80% del presupuesto de algunas obras
El general Francisco Espinosa Navas, uno de los presuntos cabecillas de la trama del caso Mediador, junto al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, no es el ¨²nico con este rango en la Guardia Civil al ...
El general Francisco Espinosa Navas, uno de los presuntos cabecillas de la trama del caso Mediador, junto al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, no es el ¨²nico con este rango en la Guardia Civil al que la justicia investiga por corrupci¨®n. Otro alto mando del instituto armado, el teniente general Pedro V¨¢zquez Jarava, lleva desde enero del a?o pasado imputado por supuestos ama?os en la adjudicaci¨®n de cerca de 200 obras de mantenimiento en cuarteles de 13 comandancias.
Este general fue, hasta su retiro a principios de 2018, el responsable de la Subdirecci¨®n General de Apoyo, uno de los puestos de mayor poder dentro de la Guardia Civil al gestionar los recursos financieros y patrimoniales de la instituci¨®n. Por estos hechos tambi¨¦n est¨¢ imputado un segundo alto mando, el teniente coronel Carlos Alonso, de la comandancia de ?vila. Adem¨¢s, el Ministerio del Interior ces¨® este mi¨¦rcoles a un tercero, el coronel Jos¨¦ Mar¨ªa Tienda, jefe de la Guardia Civil en Tenerife, ante las sospechas de su implicaci¨®n en los hechos.
La investigaci¨®n que ha provocado la imputaci¨®n de V¨¢zquez Jarava por los delitos de tr¨¢fico de influencias, prevaricaci¨®n administrativa, cohecho, falsedad documental y malversaci¨®n ha puesto bajo sospecha 193 contratos, principalmente de pintura e impermeabilizaci¨®n por un valor de 3,3 millones de euros adjudicados entre 2014 y 2019. Las pesquisas apuntan que en un conjunto de estas obras, en las que se invirtieron 99.173 euros, se produjo un desv¨ªo de 79.938 euros, el 80% de su valor. Los informes de la Guardia Civil sit¨²an como pieza clave del fraude al constructor canario ?ngel Ram¨®n Tejera de Le¨®n, alias Mon, adjudicatario de los contratos a trav¨¦s de varias mercantiles domiciliadas en el archipi¨¦lago.
Este empresario tambi¨¦n aparece citado en el sumario del caso Mediador por su participaci¨®n en una reuni¨®n de varios de los implicados de esta otra trama, aunque fuentes de la investigaci¨®n descartan por ahora una conexi¨®n entre ambos casos. Tejera de Le¨®n reconoci¨® en su declaraci¨®n judicial su relaci¨®n personal con el general y otros altos mandos del cuerpo, a los que presuntamente agasajaba con estancias en hoteles, viajes y entradas para ver partidos de f¨²tbol del Real Madrid. Tambi¨¦n admiti¨® que a veces no hizo en los cuarteles los trabajos que le contrataban, aunque aseguraba que los compensaba en otras adjudicaciones. Un segundo empresario, cuyos datos utiliz¨® el empresario canario para hacer facturas, tambi¨¦n est¨¢ imputado.
Las pesquisas que han destapado la presunta corrupci¨®n del general V¨¢zquez Jarava se iniciaron en mayo de 2018, despu¨¦s de que la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad, del Ministerio del Interior, recibiera un escrito an¨®nimo en que se denunciaban supuestas irregularidades en los contratos de obras de la Comandancia de la Guardia Civil en ?vila. Aquella delaci¨®n fue remitida al Servicio de Asuntos Internos, responsable de investigar los presuntos delitos cometidos por los agentes del instituto armado. Las primeras pesquisas, que incluyeron un informe del interventor de la Guardia Civil en Castilla y Le¨®n, ya revel¨® supuestas irregularidades en tres obras realizadas, entre abril de 2015 y noviembre de 2017, en sendos cuarteles de la provincia.
En concreto, las referidas a la rehabilitaci¨®n de la fachada y un patio de la casa cuartel en Navarredonda de Gredos, donde ¨²nicamente se hab¨ªa ejecutado el 50% de la obra pagada; la rehabilitaci¨®n y cambios de persianas en la de Hoyo de Pinar, donde no constaba que se hubiera hecho realmente un 12% de la obra; y en el acondicionamiento de las dependencias en Ar¨¦valo, en los que no hab¨ªa constancia de trabajos por un valor superior a los 10.000 euros. Las empresas que se hab¨ªan hecho con aquellos contratos eran Angrasurcor, Solocorcho y Canarycork, tres mercantiles con sede en Canarias que, cuando se realizaron las obras, ten¨ªan como administrador a Tejera de Le¨®n. El jefe de la Guardia Civil en ?vila, el teniente coronel Alonso, fue imputado por haber validado con su firma el pago de esas facturas, aunque ¨¦l se?al¨® que lo hizo por indicaci¨®n de V¨¢zquez Jarava.
Ante los indicios, Asuntos Internos puso los hechos en conocimiento de un juzgado de ?vila en enero de 2019. Poco despu¨¦s, este se inhibi¨® en el Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Madrid al constatar que las supuestas irregularidades no se ce?¨ªan exclusivamente a la provincia castellano y leonesa, sino que abarcaban otras comunidades y que, adem¨¢s, el principal implicado era el general, cuyo destino cuando ocurrieron los hechos estaba en la Direcci¨®n General de la Guardia Civil, en la capital. Para entonces, la investigaci¨®n se hab¨ªa extendido tanto en el tiempo (se ampli¨® el periodo de las pesquisas de 2014 a 2019) como en el espacio, alcanzando, adem¨¢s de la provincia de ?vila, cuarteles de la Guardia Civil en las comandancias de Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castell¨®n, Huelva, Ja¨¦n, A Coru?a, Tenerife, Toledo, Murcia y Valladolid.
Las pesquisas apuntan a que, al menos, en cinco de ellas ¨D?vila, Castell¨®n, Alicante, A Coru?a y Albacete¨D el general presuntamente utiliz¨® la misma maniobra para ama?ar los contratos. Seg¨²n recogen informes presentes en la causa, V¨¢zquez Jarava procedi¨® desde su puesto de subdirector General de Apoyo a la ¡°descentralizaci¨®n del cr¨¦dito¡± (lo que supon¨ªa que las comandancias ten¨ªan autonom¨ªa para adjudicar contratos menores) y, posteriormente, les indicaba a sus responsables que contratasen con las empresas de Tejera de Le¨®n. Los responsables de las zonas de la Guardia Civil en Extremadura, Valencia, Albacete y A Coru?a han confirmado que sufrieron este modus operandi. Tras su imputaci¨®n el 14 de enero de 2022, V¨¢zquez Jarava declar¨® ante el juez tres meses despu¨¦s. La Guardia Civil analiza ahora los datos fiscales, activos financieros y movimientos bancarios, tanto de ¨¦l como de una mercantil a su nombre, en busca de indicios de sus supuestas irregularidades.