El presidente de Arag¨®n, Jorge Azc¨®n, del PP, ha enviado este lunes una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en respuesta al informe redactado por tres relatores sobre la derogaci¨®n de la ley de memoria democr¨¢tica en su comunidad y sobre las normas alternativas -llamadas ¡°de concordia- planteadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y Le¨®n por los bipartitos entre populares y Vox. La misiva contiene errore...

El presidente de Arag¨®n, Jorge Azc¨®n, del PP, ha enviado este lunes una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en respuesta al informe redactado por tres relatores sobre la derogaci¨®n de la ley de memoria democr¨¢tica en su comunidad y sobre las normas alternativas -llamadas ¡°de concordia- planteadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y Le¨®n por los bipartitos entre populares y Vox. La misiva contiene errores, falsedades e imprecisiones. Los siguientes fragmentos de la misiva constituyen algunas de ellas:

1. ¡°Esta ley [la derogada] condenaba los cr¨ªmenes y atrocidades cometidos por un bando durante la Guerra Civil, pero relativizaba los cometidos por el otro; y limitaba la definici¨®n de v¨ªctimas a los que sufrieron muerte y represi¨®n por una parte, pero no por la otra¡±.

La ley 14/2018 de memoria democr¨¢tica de Arag¨®n que el gobierno bipartito de PP y Vox ha derogado dice en su exposici¨®n de motivos: ¡°El deber de memoria que implica la gesti¨®n de la memoria democr¨¢tica comprende la responsabilidad de los poderes p¨²blicos de Arag¨®n de amparar el derecho subjetivo a buscar la verdad de los hechos, de proteger a las v¨ªctimas que lo fueron por comprometerse con la democracia, la libertad y la justicia social, y de disponer de los medios suficientes para repararla. Eso ha de poder ser compatible, del mismo modo, con el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Arag¨®n en la zona republicana y el acceso a derechos b¨¢sicos e inalienables desde el punto de vista humanitario, como el de exhumaci¨®n e identificaci¨®n por parte de descendientes de las personas asesinadas. El hecho de que aquellas v¨ªctimas fueran exaltadas por el franquismo no implica asumir tal reconocimiento como v¨¢lido ni leg¨ªtimo. El ejercicio de la profundizaci¨®n que la democracia moderna se propone en los valores del respeto a la dignidad humana y la tolerancia solo puede realizarse desde un impulso ¨¦tico y desde la radicalidad democr¨¢tica, por encima de cualquier afinidad ideol¨®gica¡±.

La ley de memoria estatal tambi¨¦n ampara a las v¨ªctimas de ambos bandos, pero su aplicaci¨®n en los ¨²ltimos a?os evidencia que las demandas para la apertura de fosas y b¨²squeda de desaparecidos vienen, sobre todo, de represaliados del franquismo, porque desde poco despu¨¦s del inicio de la Guerra Civil y durante la dictadura, Franco impuls¨® su propia legislaci¨®n de memoria para los ca¨ªdos de su bando. El BOE est¨¢ repleto de decretos y ¨®rdenes para atender a los familiares de las v¨ªctimas del ¡°terror rojo¡±, entre otras medidas, con un protocolo de exhumaciones. Esos cr¨ªmenes y sus autores fueron juzgados, adem¨¢s, a trav¨¦s de la llamada Causa General. Los autores de los fusilamientos de los republicanos arrojados a fosas y cunetas no fueron condenados.

2. ¡°Impon¨ªa un relato sesgado y realizaba una interpretaci¨®n partidista de la historia. La ley idealizaba la II rep¨²blica, enlazando este periodo convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual¡±.

La ley de memoria aragonesa ahora derogada, efectivamente, enlaza la democracia actual que arranc¨® tras la muerte de Franco y el periodo de Transici¨®n con el ¨²ltimo periodo anterior en el que los ciudadanos pudieron elegir qui¨¦n les gobernaba, la II Rep¨²blica, y se refiere al inicio de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, como ¡°golpe de Estado¡±. Es el t¨¦rmino empleado por los grandes historiadores que han ahondado en ese periodo, como Paul Preston, Juli¨¢n Casanova o ?ngel Vi?as, quienes han analizado las cifras de la represi¨®n franquista y las del llamado ¡°terror rojo¡±. Las teor¨ªas negacionistas y revisionistas alientan, precisamente, la tesis franquista de que la guerra no obedeci¨® a un golpe armado, sino a una Cruzada para salvar el pa¨ªs.

3. ¡°El informe contiene informaci¨®n sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de Espa?a. En consecuencia, desvirt¨²a la realidad y est¨¢ plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones¡±.

El informe de los tres relatores de Naciones Unidas analiza la documentaci¨®n oficial de tres ejecutivos auton¨®micos que han derogado leyes de memoria democr¨¢tica y que en el caso de la Comunidad Valenciana y Castilla y Le¨®n cuentan ya con textos alternativos llamados ¡°de concordia¡±.

4. ¡°Entre las dem¨¢s inexactitudes, falsedades y omisiones que contiene el informe, destacan las siguientes: ¡°la comunidad aut¨®noma de Arag¨®n no ha aprobado ninguna ley de Concordia. Las Cortes de Arag¨®n han aprobado la ley 1/2024 de 15 de febrero de derogaci¨®n de la ley 14/ 2018 de 8 de noviembre de memoria democr¨¢tica de Arag¨®n¡±.

Tras el saludo, el primer p¨¢rrafo del informe hace, efectivamente, una alusi¨®n gen¨¦rica y se refiere, en conjunto, a ¡°las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobaci¨®n parlamentaria en las Comunidades Aut¨®nomas de Arag¨®n, Castilla y Le¨®n, y Valencia¡±. Arag¨®n no ha elaborado ley de concordia alternativa, porque cree que no hace falta m¨¢s que un ¡°plan¡±. Pero cuando los tres relatores analizan en apartados espec¨ªficos qu¨¦ ha hecho cada una de esas regiones, se refieren espec¨ªficamente a la ley 1/2024 de derogaci¨®n de la norma anterior, que examinan al detalle, enumerando todo lo que, seg¨²n esa norma ya publicada en el Bolet¨ªn Oficial de la comunidad, ha quedado ¡°suprimido¡± y los efectos que supone desde su punto de vista como expertos en legislaci¨®n internacional de Derechos Humanos.

5. ¡°En definitiva, se trataba de un texto normativo que sembraba la divisi¨®n y la confrontaci¨®n entre los aragoneses¡±.

No consta que la normativa regional anterior, al igual que las leyes de memoria en otras comunidades o en el conjunto del Estado haya provocado tales enfrentamientos. En todo caso, la ley derogada por el bipartito de PP y Vox en Arag¨®n cita expresamente, en el apartado de v¨ªctimas, ¡°la Resoluci¨®n 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de diciembre de 2005¡å, que establece ¡°los principios y directrices b¨¢sicos sobre el derecho de las v¨ªctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones¡± y recomienda a ¡°¨®rganos legislativos¡±, entre otros, su aplicaci¨®n.

Preguntado este lunes por esta carta, Azc¨®n encontr¨® similitudes entre dictadura y democracia: ¡°La dictadura de Franco fue una parte de la historia como lo fue la II Rep¨²blica y no son periodos que sean pac¨ªficos desde ning¨²n punto de vista¡±.

La direcci¨®n del PP sigue restando valor al informe

Adem¨¢s de las falsedades que contiene la carta redactada por Azc¨®n, la misiva contradice los argumentos esgrimidos por la direcci¨®n del Partido Popular para infravalorar el informe redactado por los tres relatores de la ONU. Desde G¨¦nova han insistido en la premisa de que el texto no es un verdadero dictamen de Naciones Unidas, con un razonamiento en el que se ha reafirmado el portavoz del PP, Borja S¨¦mper, este lunes. ¡°Hemos asistido estos d¨ªas a un bulo: no estamos hablando de un informe de la ONU, estamos hablando de tres relatores que de manera independiente y aut¨®noma toman la decisi¨®n de escribir un informe¡±, ha dicho el dirigente popular en rueda de prensa.

El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha seguido la misma l¨ªnea al incidir en que el informe corresponde a ¡°expertos independientes que hacen este tipo¡± de dict¨¢menes ¡°de forma voluntaria¡±. ¡°Por lo tanto, creo que hay que circunscribir exactamente la cuesti¨®n¡±, ha apostillado en un desayuno informativo de Nueva Econom¨ªa F¨®rum. En su carta al secretario general de Naciones Unidas, Azc¨®n se refiere al texto de los relatores en estos t¨¦rminos ¡°el informe de la respetable organizaci¨®n que usted lidera¡±, aunque, a preguntas de los periodistas, este lunes declar¨®: ¡°Es dif¨ªcil de entender que haya relatores, no Naciones Unidas, sino relatores de Naciones Unidas que opinen de lo que ocurre en Arag¨®n sin haber hablado con el Gobierno de Arag¨®n¡±.

En Castilla y Le¨®n y Comunidad Valenciana la aprobaci¨®n de estas leyes se prev¨¦ para despu¨¦s de las elecciones europeas conforme a los plazos parlamentarios, por lo que el debate sobre esta cuesti¨®n quedar¨ªa fuera de foco durante la campa?a de las elecciones europeas del 9 de junio. ¡°Que sean las propias Cortes auton¨®micas las que tomen sus decisiones conforme a sus reglamentos y a lo que consideren oportuno¡±, ha agregado S¨¦mper.