El Gobierno llevar¨¢ la ley antimemoria de Arag¨®n al Constitucional tras rechazar el Ejecutivo regional sentarse a negociar

El Gobierno de Arag¨®n ha rechazado oficialmente sentarse a negociar con el equipo jur¨ªdico del Ejecutivo Central para evitar que este presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogaci¨®n de la ley regional de memoria. Se trata de un mecanismo previsto en la ley que regula el tribunal de garant¨ªas para resolver discrepancias legales, pero las autoridades aragonesas, seg¨²n ha comunicado el secretario general de la presidencia, Juan P¨¦rez M¨¢s, al director de r¨¦gimen jur¨ªdico auton¨®mico y local del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Memoria democr¨¢tica, conf¨ªan en la ¡°plena c...

El Gobierno de Arag¨®n ha rechazado oficialmente sentarse a negociar con el equipo jur¨ªdico del Ejecutivo Central para evitar que este presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogaci¨®n de la ley regional de memoria. Se trata de un mecanismo previsto en la ley que regula el tribunal de garant¨ªas para resolver discrepancias legales, pero las autoridades aragonesas, seg¨²n ha comunicado el secretario general de la presidencia, Juan P¨¦rez M¨¢s, al director de r¨¦gimen jur¨ªdico auton¨®mico y local del Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Memoria democr¨¢tica, conf¨ªan en la ¡°plena constitucionalidad¡± de su decisi¨®n y se niegan a negociar. Como adelant¨® este diario, el Gobierno presentar¨¢ un recurso al Constitucional contra esa postura del Ejecutivo regional y proceder¨¢ del mismo modo con las comunidades de Castilla y Le¨®n y Comunidad Valenciana, tambi¨¦n gobernadas por el PP y Vox, si persisten en aprobar las llamadas ¡°leyes de concordia¡±.

El Ministerio de Pol¨ªtica Territorial y Memoria Democr¨¢tica, que dirige ?ngel V¨ªctor Torres, cuenta con el informe de tres relatores de Naciones Unidas que, tras analizar, a petici¨®n del Gobierno central, las llamadas ¡°leyes de concordia¡± de Arag¨®n, Comunidad Valenciana y Castilla y Le¨®n, concluyeron que ¡°invisibilizan¡± a las v¨ªctimas y contribuyen a alentar ¡°el negacionismo¡± o revisionismo hist¨®rico. ¡°Todos los poderes del Estado espa?ol, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel ¡ªnacional, regional o local¡ª¡±, reza el informe, ¡°deben cumplir con la obligaci¨®n de proteger los derechos humanos y garantizar la preservaci¨®n hist¨®rica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos¡±. Los relatores advierten de que ¡°el incumplimiento de estas obligaciones por parte de tales entidades u autoridades est¨¢ en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado espa?ol¡±. Ese ser¨¢ el principal argumento del recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que el Gobierno entiende que la derogaci¨®n de la ley aragonesa de memoria incumple el art¨ªculo 10.2 de la Constituci¨®n espa?ola, que establece: ¡°Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constituci¨®n reconoce se interpretar¨¢n de conformidad con la Declaraci¨®n Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por Espa?a¡±.

El Bolet¨ªn Oficial de Arag¨®n public¨® el pasado 29 de febrero la derogaci¨®n de la ley de memoria aprobada en 2018. El texto ¡ªpese a que las autoridades de la comunidad ahora lo niegan¡ª dice expresamente que ¡°quedan suprimidos¡±, entre otros, el censo de memoria democr¨¢tica o el portal web institucional del Gobierno de Arag¨®n sobre la materia y se especifica que se cancelar¨¢n o sustituir¨¢n ¡°las actuaciones en el ¨¢mbito educativo¡± previstas en la norma y referentes a ¡°la historia de Arag¨®n y la relevancia de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos en la Constituci¨®n espa?ola¡±. El pasado 7 de mayo, el presidente auton¨®mico, Jorge Azc¨®n, del PP, envi¨® una carta al secretario general de Naciones Unidas, Ant¨®nio Guterres, para manifestarle su oposici¨®n a las conclusiones de los tres relatores. La misiva conten¨ªa mentiras e imprecisiones, como asegurar que la ley derogada ¡°relativizaba¡± los cr¨ªmenes cometidos por el bando republicano y ¡°limitaba la definici¨®n de v¨ªctimas a los que sufrieron muerte y represi¨®n por una parte, pero no por la otra¡± (el texto legal derogado reconoc¨ªa expresamente ¡°las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Arag¨®n en la zona republicana y el acceso a derechos b¨¢sicos e inalienables desde el punto de vista humanitario¡±) o asegurar que los relatores hab¨ªan basado su an¨¢lisis en ¡°informaci¨®n sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de Espa?a¡±, cuando lo que hacen en su informe es examinar el texto legal ya publicado en el Bolet¨ªn Oficial de Arag¨®n.

El Gobierno ofrecer¨¢ a los gobiernos de Castilla y Le¨®n y Comunidad Valenciana, donde el PP y Vox han pactado sustituir las leyes de memoria por nuevos textos legales llamados ¡°de concordia¡±, ahora en tramitaci¨®n, el mismo procedimiento que Arag¨®n ya ha rechazado y en caso de no aceptar esa negociaci¨®n jur¨ªdica bilateral llevar¨¢n tambi¨¦n esos textos al Constitucional una vez sean aprobados. Ese mecanismo previsto en la ley que regula el Tribunal de Garant¨ªas ha sido ya utilizado con otras comunidades gobernadas por el PP como la ley trans con la Comunidad de Madrid o la ley de bienestar animal.