¡°Contratos chapuza¡± facilitaron el ¡®pillaje¡¯ con decenas de millones de mascarillas distribuidas sin la calidad suficiente

Una forma de pillaje, aunque casi siempre legal, convivi¨® con el coronavirus durante los meses m¨¢s duros de la pandemia, entre marzo y septiembre de 2020. La adjudicaci¨®n de m¨¢s de 6.440 millones de euros en la compra de material sanitario, sin los controles legales habituales por la situaci¨®n de emergencia, permiti¨® que empresarios sin escr¨²pulos lograsen enormes plusval¨ªas por la compraventa de material de protecci¨®n, especialmente de mascarillas. Un dato que refleja el saqueo: el precio de las mascarillas FPP2 en las f¨¢bricas chinas durante los primeros meses de la pandemia os...

Una forma de pillaje, aunque casi siempre legal, convivi¨® con el coronavirus durante los meses m¨¢s duros de la pandemia, entre marzo y septiembre de 2020. La adjudicaci¨®n de m¨¢s de 6.440 millones de euros en la compra de material sanitario, sin los controles legales habituales por la situaci¨®n de emergencia, permiti¨® que empresarios sin escr¨²pulos lograsen enormes plusval¨ªas por la compraventa de material de protecci¨®n, especialmente de mascarillas. Un dato que refleja el saqueo: el precio de las mascarillas FPP2 en las f¨¢bricas chinas durante los primeros meses de la pandemia oscil¨® entre 1,3 euros y dos euros, pero los especuladores consiguieron colarlas a las Administraciones espa?olas hasta por ocho euros. Un 25% de muchas de estas mascarillas que se enviaron a analizar resultaron, adem¨¢s, defectuosas, seg¨²n los an¨¢lisis del laboratorio del ministerio de Trabajo habilitado para ese fin. Esta circunstancia agrava a¨²n m¨¢s el esc¨¢ndalo que supuso el enriquecimiento de grupos de intermediarios mientras las morgues se llenaban de muertos ante la falta de suministros para combatir el virus.

Las modalidades de enriquecimiento ¡ªen su mayor¨ªa legales¡ª se diferenciaron seg¨²n el n¨²mero de intermediarios que interven¨ªan en cada operaci¨®n y los millones que se llevaron por el camino. Los casos m¨¢s conocidos, adem¨¢s de la trama Koldo, que han sido llevados a los tribunales por posible corrupci¨®n o delito fiscal muestran c¨®mo un comisionista pod¨ªa embolsarse dos millones de euros por una llamada de tel¨¦fono, c¨®mo otros inflaron los precios y con su parte compraron relojes, casas de lujo y hasta un yate; c¨®mo un comerciante de vino pas¨® de facturar 80.000 euros al a?o a m¨¢s de 26 millones; c¨®mo el presidente de un club de f¨²tbol y un exalcalde se llevaron presuntamente comisiones de nueve millones de euros sin que ni siquiera se explique cu¨¢l fue su papel en un contrato de mascarillas adjudicado por el Gobierno canario.

La negociaci¨®n desde dentro

Mientras avanzaba el colosal negocio, hubo algunos que pusieron en contacto a proveedores con Administraciones p¨²blicas pero no se llevaron un euro.

Cuando se le pregunta a algunas fuentes cercanas a las operaciones de esos d¨ªas, una de ellas a¨²n contesta con estupefacci¨®n: ¡°Fue una chapuza¡±. Mira atr¨¢s y piensa que todo lo que vivi¨® aquellos d¨ªas parece digno de una serie de televisi¨®n. EL PA?S ha contactado con personas conocedoras de los procesos de compra de mascarillas chinas que hizo la empresa Soluciones de Gesti¨®n (ligada al caso Koldo, adjudicataria de los contratos millonarios de Puertos del Estado, Adif, Interior, Baleares y Canarias). Se trata de una de las tramas m¨¢s escandalosas que vivi¨® Espa?a durante la pandemia, que ha se?alado a Koldo Garc¨ªa, asesor de un ministro ¡ªJos¨¦ Luis ?balos¡ª. La red logr¨® contratos p¨²blicos para vender mascarillas durante los meses m¨¢s mort¨ªferos de la pandemia y presuntamente pag¨® comisiones ilegales.

Seg¨²n estas fuentes, todo giraba en torno a V¨ªctor de Aldama, empresario y presidente del Zamora Club de F¨²tbol, que entraba y sal¨ªa del Ministerio de Transportes ¡°como si fuera su casa¡±. Algunas ofertas al Ministerio de Transportes pasaban primero por Aldama, y este era el que eleg¨ªa a la empresa de turno para que vendiera mascarillas, pero no al ministerio, sino a Soluciones de Gesti¨®n, que ya ten¨ªa un acuerdo previo con el organismo y que fue quien le pag¨® comisiones multimillonarias por sus gestiones. Y al rev¨¦s, si las empresas contactaban, se les refer¨ªa a Aldama y equipo para que gestionaran la contrataci¨®n, presentasen las garant¨ªas y organizasen el proceso de compra.

Los de Aldama apretaban por precios a los distribuidores, seg¨²n relatan fuentes conocedoras del proceso. En un caso concreto por cinco millones de mascarillas FPP2, Soluciones de Gesti¨®n cobr¨® al ministerio 12,5 millones de euros. Lo que equival¨ªa a 2,5 euros por unidad, un precio moderado si se tiene en cuenta lo que llegaron a pagar otras Administraciones p¨²blicas por id¨¦ntico material.

Soluciones consigui¨® otros cinco contratos m¨¢s. En total, factur¨® 44 millones de euros (m¨¢s de 53 millones con IVA), de los que la empresa de Juan Carlos Cueto, propietario del grupo al que pertenece Soluciones de Gesti¨®n, se llev¨® un beneficio de nueve millones, y Aldama, cinco. La justicia investiga ahora si Aldama y Cueto pagaron comisiones por m¨¢s de un mill¨®n de euros a Koldo Garc¨ªa, asesor del ministro ?balos cuando se hizo la operaci¨®n.

Existieron esos d¨ªas otros modelos de intermediarios. El caso m¨¢s escandaloso estall¨® en abril de 2022 e involucraba a dos empresarios, uno de ellos m¨¢s conocido por sus apariciones en la prensa rosa que por importar material sanitario. Eran Luis Medina, hermano del duque de Feria e hijo de Naty Abascal, y un amigo suyo, Alberto Luce?o. Los dos fueron procesados por estafar al Ayuntamiento de Madrid y a la hacienda p¨²blica por m¨¢s de seis millones de euros ¡ªLuce?o se llev¨® cinco millones y Medina, uno¡ª que cobraron de comisi¨®n por facilitar unos lotes de mascarillas, guantes y test anticovid. Fue la compra m¨¢s cara y descontrolada que hizo un municipio espa?ol en lo peor de la pandemia, finales de marzo de 2020. Con la comisi¨®n lograda, Luce?o compr¨® coches de lujo (desde un Ferrari hasta un Lamborghini), un yate y un piso en Pozuelo de Alarc¨®n, al noroeste de la capital, valorado en m¨¢s de un mill¨®n de euros.

La manera en que operaron inclu¨ªa a un primo hermano del alcalde de Madrid, Jos¨¦ Luis Mart¨ªnez-Almeida, que contact¨® a Medina con el Ayuntamiento; Luce?o se hizo pasar por agente exclusivo de la compa?¨ªa vendedora, una cadena de bazares radicada en Malasia y llamada Leno, que dispon¨ªa de material sanitario fabricado en China y fij¨® el precio de los productos para asegurarse las comisiones; y el Ayuntamiento pag¨® a la empresa malaya a principios de abril por una orden de una alto cargo de Hacienda, Elena Collado, a trav¨¦s de la empresa de servicios funerarios municipal. Collado aprob¨® la compra millonaria antes de darse cuenta de que los guantes que le hab¨ªan vendido esta pareja de empresarios estaban m¨¢s baratos en el supermercado de debajo de su casa. El Ayuntamiento de Madrid pag¨® 15,8 millones de euros por el material, del cual casi el 40% se iba a ir en comisiones para Luce?o y Medina.

Otro modelo de intermediarios que sacudi¨® tambi¨¦n a Madrid fue el que involucraba al hermano de la presidenta Isabel D¨ªaz Ayuso, Tom¨¢s, y a un amigo de la familia, Daniel Alc¨¢zar. En este caso, la Comunidad de Madrid pag¨® un mill¨®n y medio de euros a la empresa Priviet Sportive (propiedad de Alc¨¢zar) por la compra de 250.000 mascarillas, a 6 euros la unidad, de las m¨¢s caras de la pandemia. El papel de Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso en aquella operaci¨®n provoc¨® una crisis interna en el Partido Popular. Priviet compr¨® las mascarillas a una empresa china a 2,2 euros la unidad (gastos de transporte a¨¦reo, terrestre y entrega incluidos) y las vendi¨® a Madrid por seis. La diferencia fue todo el dinero que se embols¨® la compa?¨ªa: casi un mill¨®n de euros, casi el 70% de lo que pag¨® la Comunidad por las mascarillas. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se?al¨® que Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso se llev¨® una comisi¨®n por este trabajo de algo m¨¢s de 234.000 euros. El caso qued¨® archivado porque los fiscales no consideraron que estuviera acreditado un ¡°precio desproporcionado¡±, tampoco que la presidenta hubiera intermediado en esa adjudicaci¨®n.

Uno de los ¨²ltimos casos de posible corrupci¨®n se ha destapado este a?o. Involucra al presidente y propietario de la Uni¨®n Deportiva Las Palmas, Miguel ?ngel Ram¨ªrez, y un ex alto cargo del PP canario, Lucas Bravo de Laguna, exalcalde del municipio Santa Br¨ªgida y exconsejero del Cabildo de Gran Canaria. La Fiscal¨ªa Provincial de las Palmas inici¨® contra ellos una querella por malversaci¨®n y blanqueo de capitales, derivados de los ¡°cuantiosos ingresos¡± no justificados obtenidos por la venta de material sanitario. El ministerio sostiene que Damco Trading Services, SA y Tanoja Services, SL, ambas con domicilio fiscal en Madrid y sin actividad hasta ese a?o, fueron adjudicatarias del Servicio Canario de Salud. Damco, de esta manera, factur¨® al Servicio Canario de Salud (SCS) un total de 15,8 millones de euros en 2020 y 2,7 millones en 2021. Tanoja Services factur¨® en el a?o 2021 al SCS la cantidad total de 4,2 millones. Una parte de estas cantidades desembolsadas por el Gobierno de Canarias (hasta 9,1 millones) se transfiri¨® a otras dos sociedades mercantiles. Una de ellas estaba dirigida por Miguel ?ngel Ram¨ªrez como socio y administrador ¨²nico. En el segundo caso, fue transferido a una sociedad cuyo administrador ¨²nico es Lucas Bravo de Laguna.

Una de cada cuatro mascarillas analizadas eran ¡®fake¡¯

Espa?a s¨®lo contaba al comienzo de la pandemia con un laboratorio oficial equipado para verificar la calidad de las mascarillas, algo vital en esos primeros meses en lo que se compraba pr¨¢cticamente a ciegas. Era el Centro Nacional de Medios de Protecci¨®n del ministerio de Trabajo, situado en Sevilla, y el ¨²nico que ten¨ªa el m¨²sculo tecnol¨®gico para ejecutar estos procedimientos. Ante la grave situaci¨®n, se dio prioridad a revisar los modelos que enviaban el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las 17 comunidades aut¨®nomas, las ¨²nicas responsables de garantizar que las mascarillas sin marcado CE suministradas al personal sanitario tuvieran una capacidad de filtraci¨®n igual o superior a las FFP2. La mayor¨ªa de entidades, tanto p¨²blicas como privadas, que quisieran comercializar mascarillas no accedieron a estos controles durante los cuatro primeros meses de la pandemia, momento en el que al menos otro laboratorio espa?ol compr¨® un equipo de verificaci¨®n.

No obstante, el laboratorio tambi¨¦n era un term¨®metro de la situaci¨®n que viv¨ªa Espa?a sobre el avituallamiento. ¡°Los tel¨¦fonos no paraban de sonar y en muchas ocasiones eran empresarios que nos ped¨ªan por favor que certific¨¢semos las mascarillas que quer¨ªan distribuir¡±, se?ala a EL PA?S una responsable del equipo del centro. Algunos de estos hombres de negocios, a?ade esta fuente, suplicaban, ya que hab¨ªan invertido grandes sumas de dinero y sin ese sello de calidad no podr¨ªan vender para obtener beneficios. ¡°Dec¨ªan que se iban a arruinar, pero lo cierto es que no actuaron con responsabilidad. Comercializar equipos de protecci¨®n individual no es como vender bol¨ªgrafos. Uno no puede convertirse de la noche a la ma?ana en fabricante de EPI¡±, a?ade.

El laboratorio examin¨® entre marzo y diciembre de aquel a?o 590 modelos de mascarillas ¡ªm¨¢s de 2.000 ensayos¡ª y los resultados arrojan que una de cada cuatro mascarillas era ¡°un producto malo o muy malo¡±, es decir, no aportaban la protecci¨®n necesaria para frenar el coronavirus. Adem¨¢s, solo el 55% dispon¨ªa de la eficacia de filtraci¨®n superior al 92%. Este porcentaje solo hace referencia a las mascarillas enviadas por el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias de las comunidades aut¨®nomas, por lo que muchas de las mascarillas que se compraron con dinero p¨²blico jam¨¢s pasaron por un laboratorio.

Puertos del Estado es un ejemplo. Dirigentes de ese organismo admiten que nunca se certific¨® la calidad de los ocho millones de mascarillas que compr¨® por 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gesti¨®n, recomendada por Koldo Garc¨ªa y que de manera ilegal se llev¨® supuestamente una comisi¨®n por ello. Esos dirigentes de Puertos del Estado justifican que el uso de este material no iba destinado a uso sanitario ¡ªque requiere que sea de m¨¢xima protecci¨®n¡ª y que no estaba obligado a enviar al laboratorio de Sevilla el producto, que adem¨¢s llegaba con los certificados de calidad chinos.

El Gobierno de las Islas Baleares, gobernado entonces por la socialista Francina Armengol, tambi¨¦n compr¨® a esa misma empresa 1,4 millones de mascarillas y mand¨® muestras a analizar a Sevilla con resultado negativo: no cumpl¨ªan con la calidad contratada. Junto a las cuatro muestras de mascarillas compradas a Soluciones de Gesti¨®n, Baleares envi¨® otras 12 muestras al laboratorio de Sevilla. De esa docena, solo cinco cumpl¨ªan los est¨¢ndares de los modelos por los que pag¨® Baleares (FPP2), tres dispon¨ªan de una eficacia de filtraci¨®n compatible a las FPP1 y las cuatro restantes no cumpl¨ªan ninguna de la exigencias recomendadas. Cuando Baleares conoci¨® los resultados, guard¨® las mascarillas de Soluciones de Gesti¨®n y no las reparti¨®, pero tampoco inform¨® del incidente.

Las Administraciones p¨²blicas actuaron de manera dispar en relaci¨®n a las mascarillas que compraron y que sab¨ªan que eran defectuosas: mientras algunas las escondieron sin informar p¨²blicamente de lo sucedido, otras entidades las repartieron entre la ciudadan¨ªa. Castilla y Le¨®n, por ejemplo, afirma a trav¨¦s del que fuera durante la pandemia su vicepresidente, Francisco Igea, de Ciudadanos, que su Gobierno apart¨® siempre el material defectuoso e inform¨® p¨²blicamente de ello. La verificaci¨®n de este material no solo sirvi¨® para conocer lo que hab¨ªan comprado, sino tambi¨¦n para reclamar a estas empresas el coste de los cubrebocas que no cumpl¨ªan con lo que hab¨ªan comprado (conocidas en los medios como mascarillas fake).

Un an¨¢lisis del laboratorio de Sevilla revel¨® que las mascarillas que repart¨ªa Madrid en 2020 con su bandera en farmacias eran de baja calidad y no filtraban hasta el 40% de gotas peque?as, seg¨²n desvel¨® elDiario.es. La Comunidad de Madrid reparti¨® al menos cuatro millones de estas unidades sin que las hubiera enviado previamente a analizar. El an¨¢lisis se hizo a petici¨®n de la asociaci¨®n de consumidores Facua. ¡°El resultado de las pruebas destaca que en algunas de las muestras del fabricante chino Wenzhou Haoshuo Home Textile Co. el filtrado es tan deficiente que deja pasar casi un 40% de las gotas m¨¢s peque?as o aerosoles¡±, se?alaba el art¨ªculo. Las 250.000 mascarillas vendidas por Priviet, la empresa del amigo de la presidenta madrile?a que contrat¨® como intermediario a Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso, tampoco pasaron un control de calidad en el laboratorio del ministerio. La Fiscal¨ªa Europea escribi¨® en su decreto de archivo de las diligencias abiertas por esta operaci¨®n: ¡°La Comunidad de Madrid no hizo ning¨²n control de calidad de las mascarillas suministradas, al considerar que el control era innecesario por estar amparadas en un certificado de calidad [chino]¡±.

Hubo m¨¢s casos. Seg¨²n la querella contra Luce?o y Medina, parte del material sanitario que vendieron al Ayuntamiento de Madrid con unos precios inflados para asegurar sus comisiones no serv¨ªa o no era el que hab¨ªan acordado. Los test de ant¨ªgenos no cumpl¨ªan un m¨ªnimo de calidad. El Consistorio comunic¨® a la Fiscal¨ªa otra presunta estafa que se?ala como supuesto autor del timo al empresario Philippe Haim Solomon, al que la Polic¨ªa dio por ilocalizable tras esfumarse y al que llegaron a situar en Reino Unido. El sumario se?ala que este empresario, que se encontraba al frente de la compa?¨ªa Sinclair and Wilde, enga?¨® presuntamente al Consistorio y le suministr¨® 500.000 tapabocas deficientes a cambio de 2,5 millones de euros, como revel¨® EL PA?S.