La Audiencia Nacional pide al Supremo que investigue a Alvise por financiaci¨®n ilegal
El dirigente de Se Acab¨® La Fiesta presuntamente habr¨ªa recibido 100.000 euros en met¨¢lico de un empresario para sufragar su campa?a electoral en las europeas
El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Luis Calama ha acordado enviar una exposici¨®n razonada al Tribunal Supremo para investigar al eurodiputado Luis P¨¦rez, conocido como Alvise, por un delito electoral y de financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos. El dirigente de Se Acab¨® La Fiesta (SALF) presuntamente habr¨ªa recibido 100.000 euros en met¨¢lico de un empresario para sufragar su campa?a electoral de los ¨²ltimos comicios al Parlamento Europeo, tras los que Alvise se convirti¨® en eurodiputado despu¨¦s de que su agr...
El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Luis Calama ha acordado enviar una exposici¨®n razonada al Tribunal Supremo para investigar al eurodiputado Luis P¨¦rez, conocido como Alvise, por un delito electoral y de financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos. El dirigente de Se Acab¨® La Fiesta (SALF) presuntamente habr¨ªa recibido 100.000 euros en met¨¢lico de un empresario para sufragar su campa?a electoral de los ¨²ltimos comicios al Parlamento Europeo, tras los que Alvise se convirti¨® en eurodiputado despu¨¦s de que su agrupaci¨®n electoral consiguiera m¨¢s de 800.000 votos y tres esca?os.
La petici¨®n del juez de la Audiencia llega despu¨¦s de que el empresario Luis Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, presentara en diciembre pasado una denuncia en la Fiscal¨ªa en la que se autoinculpaba de haberle entregado 100.000 euros a Alvise durante la campa?a europea. Romillo interpuso su denuncia directamente en la Fiscal¨ªa General del Estado, y esta lo remiti¨® a la del Supremo dada la condici¨®n de aforado del eurodiputado. Para entonces, la Audiencia Nacional ten¨ªa ya en marcha una investigaci¨®n abierta contra Romillo por una presunta estafa piramidal cometida a trav¨¦s de una de sus empresas, Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversi¨®n a la que la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calific¨® de ¡°chiringuito financiero¡±. Ese caso no salpicaba inicialmente a Alvise, pero, tras conocerse la denuncia de Romillo ante la Fiscal¨ªa, dos acusaciones presentaron ampliaciones de denuncias para pedir que se investigara la participaci¨®n del eurodiputado, y el juez decidi¨® incorporarlas a su causa, pero en ese momento consider¨® ¡°prematuro¡± enviarlas al Supremo.
Ahora, sin embargo, Calama considera que s¨ª existen ya ¡°indicios s¨®lidos¡± de delito contra Alvise, lo que le obliga a derivar el caso al alto tribunal para que la Sala Penal decida si abre una causa contra el eurodiputado. El juez de la Audiencia incluye en su escrito los indicios contra el empresario que pag¨® los 100.000 euros para que tambi¨¦n le investigue el alto tribunal de forma conjunta con Alvise, al apreciar una ¡°¨ªntima conexi¨®n¡± entre las actuaciones de ambos. Son ¡°la cara y cruz de una misma moneda¡±, se?ala Calama. No obstante, ser¨¢ el Supremo el que decida si investiga solo al eurodiputado o a ambos. En el caso de Romillo, el magistrado considera que pudo haber una ¡°actividad activa de donaci¨®n o de aportaciones ilegales¡±, que castiga a quien entregue donaciones o aportaciones destinadas a un partido, coalici¨®n o agrupaci¨®n de electores por s¨ª mismo o a trav¨¦s de una persona interpuesta.
Calama expone en la resoluci¨®n notificada este viernes los indicios de delito que, asegura, se han puesto de manifiesto a trav¨¦s de la denuncia presentada por Romillo, los documentos y el informe pericial, as¨ª como por la declaraci¨®n judicial del empresario, al que interrog¨® por la supuesta estafa de la plataforma Madeira Invest. La investigaci¨®n, se?ala el juez, ha evidenciado que el eurodiputado solicit¨® la colaboraci¨®n de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones an¨®nimas que quedaran fuera de todo control p¨²blico.
Estas donaciones estaban destinadas, seg¨²n el magistrado, a sostener los gastos de la campa?a electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 de Se acab¨® la Fiesta. Romilo abri¨® la wallet y entreg¨® los 100.000 euros a Alvise con la intenci¨®n de que ¨¦l, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club. El primer acto de colaboraci¨®n entre ambos tuvo lugar el 6 de abril en el hip¨®dromo de la Zarzuela. Ese d¨ªa, ante 3.000 inversores de Madeira, Alvise hizo defensa de ese chiringuito financiero que, seg¨²n dijo, escapaba a los controles y permit¨ªa obtener una alta rentabilidad sin tributar por ella. Alvise aprovech¨® el acto para dar a conocer su candidatura europea, ¡°basada en la libertad financiera¡±, recuerda el juez.
Delito electoral y de financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos
El instructor considera que los hechos podr¨ªan calificarse como delito de financiaci¨®n ilegal del art¨ªculo 304 bis del C¨®digo Penal, que castiga con multa a quien reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido pol¨ªtico, federaci¨®n, coalici¨®n o agrupaci¨®n de electores. Se trata, explica el juez, de un delito que no requiere que se produzca el resultado, por lo que se entiende consumado con la mera conducta (recibir dinero con ese fin). ¡°No hace falta la aceptaci¨®n o tr¨¢mite alguno a?adido, sino el solo hecho f¨¢ctico de la entrega del donativo en cuesti¨®n¡±, a?ade el magistrado.
Para el juez, la conducta de Alvise tambi¨¦n ser¨ªa constitutiva de un delito electoral (art¨ªculo 149 de la Ley del r¨¦gimen Electoral), que ¡°consiste en el falseamiento de las cuentas electorales de los partidos pol¨ªticos y agrupaciones de electores, afectando a sus funciones, al juego limpio electoral como garant¨ªa del pluralismo pol¨ªtico, y a la correcta conformaci¨®n y manifestaci¨®n de la voluntad popular porque el falseamiento de las cuentas oculta la financiaci¨®n ilegal del partido, la quiebra de las normas representadas por la Ley General Electoral o las leyes sobre financiaci¨®n de los partidos. Todo ello afecta a valores constitucionalmente relevantes puestos en riesgo en el delito contemplado¡±, concluye el juez