Bola?os constata en el Congreso las reticencias a restringir la acusaci¨®n popular
El ministro de Justicia insiste en que ese instrumento se ha convertido en una ¡°feria de ultras¡± para ¡°hostigar a personas progresistas¡±


El Gobierno y el PP coincidieron este jueves en el Congreso en una apreciaci¨®n sobre el estado de la justicia en Espa?a: ambos viven en ¡°realidades paralelas¡±. Lo que para el ministro de la Presidencia y Justicia est¨¢ siendo la ¡°mayor transformaci¨®n en d¨¦cadas de la justicia espa?ola¡±-un estribillo que F¨¦lix Bola?os repite incansable- constituye para el PP apenas un proceso ¡°ca¨®tico y delirante¡±. Mientras los independentistas catalanes se consideran v¨ªctimas de una ¡°dictadura de togas¡± -en expresi¨®n de Josep Pag¨¨s, de Junts, reprobada por el ministro-, PP y Vox denuncian que es el poder judicial quien est¨¢ sometido al asalto del Gobierno. As¨ª que diputada popular Mar¨ªa Jes¨²s Moro no tuvo m¨¢s remedio que constatar: ¡°Vivimos en realidades paralelas¡±. Y en eso coincidi¨® plenamente el socialista Francisco Aranda: ¡°Efectivamente, vivimos en realidades paralelas¡±.
Y a pesar de todo, la comparecencia de Bola?os depar¨® algunas coincidencias insospechadas. Por ejemplo, Mikel Legarda, del PNV, y Javier Ortega Smith, de Vox, concordaron en repudiar los acuerdos entre PSOE y PP para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). M¨¢s a¨²n: Pag¨¨s y Pilar Vallugera, de ERC, en sendas intervenciones muy duras con el ministro, se declararon expresamente de acuerdo con algunas otras apreciaciones del propio Ortega Smith. En el caso del diputado de Junts se manfest¨® coincidente con el de Vox al atribuir un sesgo pol¨ªtico a la Fiscal¨ªa, aunque con una inclinaci¨®n opuesta a la que le hab¨ªa achacado este ¨²ltimo.
Se constat¨® una coincidencia m¨¢s y de mayor trascendencia, porque parece anunciar dificultades para una de las reformas impulsadas por los socialistas: la que pretende restringir la acusaci¨®n popular, a la vista de las actuaciones impulsadas por grupos ultraderechistas como Manos Limpias, Abogados Cristianos o Hazte O¨ªr. No solo los dos grupos de la derecha reiteraron su oposici¨®n a un cambio legislativo que ambos atribuyen a un intento de frenar investigaciones como la de la esposa del presidente del Gobierno. Tambi¨¦n el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, mostr¨® enormes reticencias, aunque por motivos diferentes.
¡°No se puede legislar a golpe de titular o de campanadas de Fin de A?o¡±, reproch¨® el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, vinculando la iniciativa de los socialistas con la querella contra la humorista Lalach¨²s por mostrar una imagen que parodiaba una estampa religiosa en el programa de Nochevieja de TVE. ¡°La investigaci¨®n sobre los casos de corrupci¨®n del PP no podr¨ªa haberse llevado a cabo sin la acusaci¨®n popular¡±, alert¨® Santiago, quien defendi¨® que ese tipo de acciones han contribuido a alcanzar ¡°las m¨¢s altas cotas de la justicia espa?ola¡±.
Pag¨¨s, sin especificar la postura definitiva de su grupo sobre la cuesti¨®n, puso en evidencia la contradicci¨®n de los socialistas, que, a la vez que abogan por impedir que los partidos ejerzan la acusaci¨®n popular, se han personado en la causa abierta por la dana de Valencia. ¡°Mientras est¨¦ contemplado en la ley, ejercemos nuestro derecho¡±, justific¨® Bola?os, quien apel¨® a las doctrinas del Tribunal Supremo y del Constitucional que aconsejan prohibir esas actuaciones de los partidos ante la justicia. El ministro reiter¨® que su prop¨®sito es frenar lo que defini¨® como una ¡°feria de ultras¡± que utilizan ese mecanismo para ¡°perseguir y hostigar a personas progresistas: humoristas, periodistas, funcionarios, familiares¡¡±.
Bola?os tuvo que afrontar una pregunta directa, primero formulada por los periodistas a la entrada de la comisi¨®n y luego por el portavoz de Junts: ?deber¨ªa dimitir el fiscal general del Estado si se abre juicio contra ¨¦l? En ambos casos el ministro evit¨® anticipar nada, aunque defendi¨® a ?lvaro Garc¨ªa Ortiz como un ¡°servidor p¨²blico honesto, ¨ªntegro y ejemplar¡±, que ¡°se dedica a perseguir el delito¡± y que ¡°dijo la verdad¡± cuando desminti¨® el bulo difundido por Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, jefe de gabinete de Isabel D¨ªaz Ayuso, sobre los tratos entre el novio de esta y la Fiscal¨ªa para eludir la c¨¢rcel por sus reconocidos delitos a Hacienda. Sobre ese aspecto, Enrique Santiago atiz¨® al Tribunal Supremo por abrir un procedimiento contra el fiscal general que ¡°ha traspasado todo lo aceptable¡±, con el objetivo de ¡°intimidar y llenar de porquer¨ªa a la instituci¨®n¡± y ¡°ocultar los trapicheos¡± de la pareja de la presidenta madrile?a.
Ante la insistencia del PP, y sobre todo de Vox, en el discurso ¡ª¡°grotesco¡±, en palabras del ministro¡ª de que el Gobierno est¨¢ acabando con la democracia, Bola?os inquiri¨® a la diputada Moro: ¡°?Usted cree de verdad que estamos en un Estado autocr¨¢tico?¡±. ¡°De momento, no¡±, admiti¨® ella, aunque a continuaci¨®n puntualiz¨® que algunas leyes del Gobierno llevan ese camino. Bola?os remat¨® con una iron¨ªa: ¡°?Qu¨¦ tiempos aquellos cuando ¨¦ramos j¨®venes y discut¨ªamos de la amnist¨ªa!¡±. Transcurridos los meses, la derecha pasa ahora de puntillas por el asunto que tanto esc¨¢ndalo suscit¨®.
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