Recuperados ocho documentos histo?ricos del Archivo General del Palacio Real de Madrid, tres de los cuales iban a ser subastados

Las cuentas de los funerales de Carlos I de Espan?a y V de Alemania y la reina inglesa e irlandesa Mari?a Tudor, celebrados en Bruselas en 1559, y un real decreto de Felipe II de 1600 iban a ser subastados en Barcelona hasta la intervencio?n de la Polici?a Nacional. La operacio?n ha impedido que se pujara por esos tres documentos histo?ricos y ha servido tambie?n para localizar otras cinco piezas, del siglo XVII, en posesio?n de una familia que regenta una libreri?a anticuaria de Madrid.

La intervencio?n comenzo? en junio despue?s de que el Archivo General del Palacio, mediante el Ministerio de Cultura, alertara de que una relevante casa de subastas barcelonesa iba a ofrecer tres elementos importantes pertenecientes originariamente a las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional. ¡°La investigacio?n policial permitio? identificar a la persona poseedora de los documentos que iban a ser subastados, manifestando que era anticuario y que no era e?l el propietario, facilitando la identidad de esta persona¡±, segu?n el comunicado de la Polici?a Nacional, y asi? averiguaron que el propietario, residente de Valladolid, teni?a esos documentos como una herencia familiar.

La operacio?n ha sido denominada Bloody Mary en alusio?n a Mari?a Tudor, apodada asi? por sus sangrientas campan?as contra los protestantes, a quienes persiguio? y acuso? de hereji?a. Esta monarca inglesa aparece en parte de estos documentos recuperados en forma de dos libretos sobre su funeral y el de Carlos I en Bruselas en 1559. El otro archivo que iba a salir a subasta se corresponde con un Real Decreto de Felipe II fechado en 1600.

Las piezas perteneci?an a las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional y en cuanto se tuvo constancia de su presencia en la casa de subastas se iniciaron los movimientos para recuperarlos, pues constaban como ¡°desaparecidos del Archivo General de Palacio¡±, segu?n informa la Polici?a Nacional.

La labor de los agentes permitio? identificar a la persona que posei?a esos documentos, que se definio? como anticuario y no como duen?o real de esos archivos centenarios. Facilito? la identidad del verdadero propietario, quedando los documentos intervenidos ¡°de forma cautelar¡±. Cuando los polici?as contactaron con el ¡°due?o real¡±, que resid¨ªa en Valladolid, este aseguro? que ¡°formaban parte de una herencia familiar de su padre¡±. En cuanto supo que su origen eran las instituciones culturales del Estado ¡°puso de manifiesto su deseo de que fueran traspasados de forma voluntaria a Patrimonio Nacional¡±.

Los investigadores averiguaron que en el mismo expediente abierto sobre esos documentos desaparecidos faltaban otros cinco por hallar y que esas piezas podri?an estar en poder de una familia que regenta una libreri?a anticuaria de Madrid. Al contactar con ellos e informarles de la operacio?n de recuperacio?n de patrimonio se acordo? que esa familia cediera voluntariamente estos cinco documentos: un decreto auto?grafo de Felipe IV de 1621, un decreto marginal de Felipe III de 1621, un decreto de Felipe IV de 1633, una carta del teniente de alcaide de la Casa de Campo de 1621 y una consulta del secretario de la Junta de Obras y Bosques de 1631. El conjunto de esos ocho documentos centenarios se han entregado apropiadamente y se han incorporado a los fondos del Archivo General del Palacio ubicado en el Palacio Real en Madrid.