Los abogados del Govern rechazan pagar por los dos agentes rurales asesinados
El suceso ocurri¨® en 2017 y el informe destaca que ¡°se estar¨ªa convirtiendo la Administraci¨®n es una aseguradora universal¡±
La Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de la Generalitat ha emitido un informe desfavorable a la petici¨®n hecha por las familias de los dos agentes rurales asesinados en Aspa (Lleida) en enero de 2017, que reclamaron en concepto de responsabilidad patrimonial 777.321,46 euros. Una vez emitido el dictamen se espera que en breve el Departamento de Agricultura resuelva si estima o no indemnizar a los familiares de Xavier Ribes y David Iglesias, ...
La Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de la Generalitat ha emitido un informe desfavorable a la petici¨®n hecha por las familias de los dos agentes rurales asesinados en Aspa (Lleida) en enero de 2017, que reclamaron en concepto de responsabilidad patrimonial 777.321,46 euros. Una vez emitido el dictamen se espera que en breve el Departamento de Agricultura resuelva si estima o no indemnizar a los familiares de Xavier Ribes y David Iglesias, quienes fueron abatidos por dos tiros mientras llevaban a cabo un control de caza.
Los 777.321 euros que las familias reclaman a Agricultura, departamento del que dependen los Agentes Rurales, es la diferencia entre lo que la Audiencia de Lleida fall¨® que se les deb¨ªa pagar en concepto de Responsabilidad Civil 1,07 millones de euros y lo que en realidad les abon¨® Mussap la aseguradora del cazador, 300.000 euros. ?l se declar¨® insolvente.
Las familias consideran que su muerte ¡°fue consecuencia de la falta de medidas de seguridad y protecci¨®n facilitados por el Departamento en el ejercicio de sus funciones¡± y, por tanto, alegan una ¡°omisi¨®n en materia de riesgos laborales¡±. Argumentan que ¡°si se hubieran adoptado medidas como la de facilitar chalecos antibalas a los agentes y patrullar con un agente armado extra, no se habr¨ªa producido el fatal desenlace de muerte¡±. Destacan adem¨¢s que dos d¨ªas despu¨¦s de los hechos se cambi¨® el protocolo de protecci¨®n de los agentes, cambio que redund¨® en una bajada de los incidentes con cazadores, ¡°lo que prueba la necesidad que exist¨ªa de dotarles de mayor protecci¨®n¡±. Tambi¨¦n alegan ¡°inactividad por parte de los altos cargos del Departamento¡±, dado que, ¡°a pesar de tener el deber de velar por la seguridad de los agentes y ser conscientes de su cr¨ªtica situaci¨®n de seguridad, no adoptaron cambios en los protocolos de actuaci¨®n¡±.
En el dictamen se incluye tambi¨¦n el posicionamiento de la aseguradora de la Administraci¨®n, que considera que no concurren los elementos que determinan la responsabilidad patrimonial. La aseguradora entiende que a ¡°pesar de llevar los elementos de seguridad y haberse comprobado que funcionaban, no los usaron¡±.
As¨ª, la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora afirma que ¡°la Administraci¨®n solamente es responsable cuando se pueda acreditar, en una relaci¨®n de causa a efecto, que el da?o se puede imputar a un funcionamiento normal o anormal de los servicios p¨²blicos¡± y en este caso ¡°no se puede considerar que haya relaci¨®n de causalidad entre los hechos sucedidos, que produjeron la muerte de los agentes rurales¡±. A?ade que el relato de los hechos probados evidencia que la producci¨®n del da?o ¡°se debe a la intervenci¨®n determinante de un tercero ¡ªel cazador¡ª ajeno al funcionamiento del servicio p¨²blico¡± y que de la manera que se produjo ¡°debe considerarse un evento lesivo muy dif¨ªcil de prevenir¡±. Seg¨²n la Comisi¨®n, igual que los agentes no tuvieron tiempo de haber avisado con sus equipos, se puede tener por casi cierto que ¡°tampoco hubieran podido utilizar sus armas¡±, y en cuanto a la presencia hipot¨¦tica de un tercer agente, ¡°se debe tener presente que el cazador dispar¨® tres veces antes de recargar el arma a fin de rematar uno de los agentes¡±.
El informe concluye que ¡°la comisi¨®n de un hecho delictivo tan grave e inesperado, sin precedentes en el Cuerpo de Agentes Rurales, por una persona sobre la que la Administraci¨®n no tiene deberes intuitivos o de vigilancia, es la causa adecuada y pr¨®xima del da?o, e implica la rotura del posible nexo causal con una eventual omisi¨®n de la Administraci¨®n¡±. De lo contrario, destaca ¡°se estar¨ªa convirtiendo la Administraci¨®n es una aseguradora universal de cualquier da?o¡±, algo rechazado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En cuanto a la alegada ¡°inactividad de los altos cargos del Departamento¡±, recuerda que la querella criminal presentada contra varios cargos del DARP, por el delito contra la seguridad de los trabajadores y de homicidio imprudente, ¡°no fue admitida a tr¨¢mite¡±.
El abogado de las familias, Pau Simarro, ya ha avanzado que si la resoluci¨®n de Agricultura es denegatoria presentar¨¢ ante el TSJC un recurso contra la Generalitat reclamando la cantidad solicitada.