El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la queja de una condenada por el asedio al Parlament en 2011
La decisi¨®n concluye que la demandante ¡°no agot¨® las v¨ªas de recursos internos¡± antes de presentar su queja en Estrasburgo
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decidido este jueves no admitir la demanda contra Espa?a de una condenada por las protestas de ¡°indignados¡± en el parque de la Ciutadella, ante el Parlament de Catalu?a, el 14 y 15 de junio de 2011, que impidi¨® la entrada a varios diputados.
La decisi¨®n concluye que la demandante, Olga ?lvarez Juan, residente en Barcelona, ¡°no agot¨® las v¨ªas de recursos internos¡± antes de presentar su queja en Estrasburgo. As¨ª, entiende que la demandante acudi¨® a Est...
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha decidido este jueves no admitir la demanda contra Espa?a de una condenada por las protestas de ¡°indignados¡± en el parque de la Ciutadella, ante el Parlament de Catalu?a, el 14 y 15 de junio de 2011, que impidi¨® la entrada a varios diputados.
La decisi¨®n concluye que la demandante, Olga ?lvarez Juan, residente en Barcelona, ¡°no agot¨® las v¨ªas de recursos internos¡± antes de presentar su queja en Estrasburgo. As¨ª, entiende que la demandante acudi¨® a Estrasburgo ¡°per saltum y no proporcion¨® al Tribunal Constitucional¡± (TC) la ¡°justificaci¨®n de la trascendencia constitucional especial que su recurso de amparo deb¨ªa tener¡±, como exige el art¨ªculo 49.1 de la Ley Org¨¢nica del TC.
?lvarez Juan particip¨® en la protesta de ¡°indignados¡± contra los recortes presupuestarios que supuso un asedio al Parlament en 2011. Unos 50 parlamentarios auton¨®micos tuvieron que entrar en furgones de los Mossos d¡¯Esquadra, otros lo hicieron en helic¨®ptero y algunos de los que entraron a pie fueron zarandeados o agredidos.
La Generalitat y el Parlament pidieron, como acusaci¨®n particular, penas de tres a?os de c¨¢rcel para cada uno de los acusados. La Audiencia Nacional absolvi¨® a la demandante y al resto de acusados, pero el Tribunal Supremo los conden¨® a una pena de tres a?os de c¨¢rcel por un delito contra las instituciones del Estado.