Vacuna contra la precariedad

Luc¨ªa ha tenido suerte este a?o de pandemia. Ha podido negociar con Uni¨®n de Cr¨¦ditos Inmobiliarios un alquiler social de su piso por siete a?os. Lleva as¨ª desde 2015, cuando al quedarse sin empleo hizo daci¨®n en pago de su vivienda en el barcelon¨¦s barrio del Bes¨°s. No es f¨¢cil sobrevivir con los 430 euros de prestaci¨®n social como parada de larga duraci¨®n y mayor de 55 a?os. Su condici¨®n social de ¡°vulnerable severa¡± le permiti¨® tambi¨¦n acceder a un descuento del 40% en la tarifa el¨¦ctrica. Su situaci¨®n de precariedad es anterior a la crisis generada por la covid, cuando ¡ªpor id¨ªlico que aho...

Luc¨ªa ha tenido suerte este a?o de pandemia. Ha podido negociar con Uni¨®n de Cr¨¦ditos Inmobiliarios un alquiler social de su piso por siete a?os. Lleva as¨ª desde 2015, cuando al quedarse sin empleo hizo daci¨®n en pago de su vivienda en el barcelon¨¦s barrio del Bes¨°s. No es f¨¢cil sobrevivir con los 430 euros de prestaci¨®n social como parada de larga duraci¨®n y mayor de 55 a?os. Su condici¨®n social de ¡°vulnerable severa¡± le permiti¨® tambi¨¦n acceder a un descuento del 40% en la tarifa el¨¦ctrica. Su situaci¨®n de precariedad es anterior a la crisis generada por la covid, cuando ¡ªpor id¨ªlico que ahora se antoje¡ª casi 500.000 personas, seg¨²n la Generalitat, ya viv¨ªan en extrema pobreza en Catalu?a.

La renovaci¨®n del alquiler social de Luc¨ªa coincidi¨® con la campa?a ¡°salimos m¨¢s fuertes¡±, lanzada por el Gobierno central al inicio de la desescalada tras la primera oleada de la pandemia. Si el estado de alarma paraliz¨® los lanzamientos por inactividad judicial, luego vino la ejecuci¨®n de los anteriores a la covid-19. Seg¨²n el Ayuntamiento de Barcelona, entre el 14 de septiembre y 23 de octubre pasados pend¨ªan ¨®rdenes de desalojo sobre 1.211 personas, 748 adultos y 463 menores. De ellas, el 80% se hallaban por debajo del umbral de la pobreza lo que de acuerdo con la ley catalana 24/2015 les da derecho a alquiler social. Sin embargo, en este pa¨ªs la legislaci¨®n que protege a los m¨¢s vulnerables parece tan fr¨¢gil como sus protegidos. No es extra?o que para muchas personas en situaci¨®n de pobreza extrema, la legalidad y sus recovecos se antoje una extra?a jungla, pues con ingresos en negro o contratos basura solo les queda la opci¨®n de vulnerar el derecho a la propiedad los grandes tenedores de vivienda. El final de los m¨¢s atrevidos es acudir a las organizaciones sociales ¡ªalgunas veces cuando ya es muy tarde¡ª y llegar a la inevitable liturgia de las concentraciones ciudadanas ante las comitivas judiciales y las fuerzas policiales.

Toda esta situaci¨®n arranca antes de la pandemia. Si el paro siempre fue end¨¦mico, la crisis de 2008 y el boom del ladrillo se ocuparon de rematar la situaci¨®n. Ahora, el Ejecutivo de S¨¢nchez ha tomado una serie de medidas entre las que figuran prorrogar la paralizaci¨®n de los desahucios por efecto de la crisis de la covid-19. No es f¨¢cil dilucidar entre nuevos y viejos pobres. Nada los distingue a simple vista. La precariedad, como la pescadilla, se muerde la cola. Y la respuesta a los problemas es lenta. A mediados de noviembre, el Servicio Estatal P¨²blico de Empleo (SEPE) no hab¨ªa pagado a ning¨²n nuevo desocupado procedente de los Expedientes de Regulaci¨®n Temporal de Empleo (ERTE) de la provincia de Barcelona que hubiera presentado la solicitud despu¨¦s del 12 de agosto. Para hacerse una idea de la situaci¨®n, un 70% de los ERTE de la primera oleada no entraba en el sistema del SEPE por errores como el formato de los documentos.

Otro tanto puede decirse del Ingreso M¨ªnimo Vital (IMV). La idea es buena, al igual que la de los ERTE de la pandemia. La realizaci¨®n deja mucho que desear. En Barcelona, de los 78.534 expedientes de IMV, a 16 de octubre de 2020, solo hab¨ªan sido aprobadas 6.732 solicitudes, de las que 6.000 ten¨ªan acceso directo a la prestaci¨®n por tratarse de familias monoparentales con hijos. Los requisitos parecen surgidos del c¨®digo de Licurgo, pues antes de pedir el acceso a la IMV, el solicitante debe acreditar que durante el ¨²ltimo a?o no ha percibido ingresos superiores a 450 euros mensuales. Se aplica adem¨¢s el silencio administrativo negativo, un hecho un tanto ins¨®lito. Como el profeta Isa¨ªas, se trata poco menos que de caminar sobre fuego sin quemarse y atravesar r¨ªos sin ahogarse.

En lo referente a pobreza energ¨¦tica, el Gobierno central no ha prorrogado la moratoria para evitar los cortes de agua, gas y electricidad por impago de facturas a la segunda oleada de la pandemia, como s¨ª sucedi¨® durante el estado de alarma. La medida, sin necesidad de que el periodo sea de excepcionalidad, se aplica todos los inviernos en la nada bolivariana Rep¨²blica Francesa e incluso en la Catalu?a procesista, gracias a la ley 24/2015 surgida de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La Generalitat, por su parte, ha aportado la dosis de color a este escenario de precariedad. El concurso para conceder 2.000 euros a los 10.000 aut¨®nomos que primero accedieran a la imposible web del departamento de Trabajo es una idea digna del mejor Berlanga.

La pandemia ha venido a agudizar y a generalizar problemas de precariedad que se arrastran de antiguo. El Gobierno m¨¢s progresista de la historia tiene ante s¨ª el reto de buscar una vacuna eficaz.