Problemas y oportunidades

En estas ¨²ltimas horas se han conocido noticias importantes: el Gobierno de coalici¨®n en Espa?a anunci¨® que recurrir¨¢ la ley de regulaci¨®n de alquileres catalana, pero sin pedir su suspensi¨®n y, a la vez y la parte socialista del Gobierno ha hecho saber que acepta finalmente ¡ªa¨²n sin concretar de qu¨¦ manera¡ª que el principio de regulaci¨®n est¨¦ en la normativa estatal sobre la vivienda, despu¨¦s de meses en que hab¨ªa apostado por los incentivos fiscales.

Hagamos memoria: el pasado septiembre el Parlament de Catalu?a aprob¨® una ley pionera para regular los alquileres en Catalu?a con el apoyo de Junts, ERC, En Com¨² Podem y la CUP. Sin embargo, el texto llegaba de la mano sobre todo de los movimientos sociales, concretamente del Sindicato de Inquilinos.

En su momento, el PP ya present¨® un recurso al Tribunal Constitucional, mientras que el Gobierno se abstuvo de hacerlo. Y es que, a todas luces, y seg¨²n manifest¨® en el momento de su tramitaci¨®n el Consell de Garant¨ªas Estatutarias por unanimidad, el precepto legal vulnera en algunas de sus partes las competencias estatales.

Al no producirse su suspensi¨®n autom¨¢tica por parte del Constitucional se pueden comprobar sus efectos

Al no producirse su suspensi¨®n autom¨¢tica por parte del Constitucional se pueden comprobar sus efectos

No hay ninguna duda de que para una parte del independentismo ¡ªconcretamente el de centroderecha¡ª esta fue la ¨²nica raz¨®n por la cual se avinieron ¡ªno sin profundo malestar¡ª, a aprobar una norma que va en contra de sus propios postulados pol¨ªticos, ¨²nicamente para tener la baza dial¨¦ctica de reivindicar que el Estado impide hacer pol¨ªtica.

Y, sin embargo, hay que tener en cuenta tres cuestiones importantes.

La primera es que, como no se ha producido ¡ªde momento¡ª la suspensi¨®n autom¨¢tica de la ley (solo se suspender¨ªa por petici¨®n expresa del Gobierno central, el recurso del PP no puede producir legalmente ning¨²n efecto hasta la sentencia), ¨¦sta entr¨® en vigor y se est¨¢n pudiendo comprobar sus efectos. Si bien todos los analistas coinciden en que pueda ser un poco pronto para analizarlos todos a causa del impacto de la pandemia (y, especialmente los que est¨¢n relacionados con la contracci¨®n o la expansi¨®n de la oferta), la certeza es que en los 61 municipios en que se aplica la ley (que representan el 70% de la poblaci¨®n del pa¨ªs) los inquilinos est¨¢n pagando menos, se ha frenado el aliciente especulativo y se ha paliado el proceso de expulsi¨®n de los vecinos de los barrios m¨¢s tensionados.

En los 61 municipios en que se aplica los inquilinos est¨¢n pagando menos y se ha frenado el aliciente especulativo

En los 61 municipios en que se aplica los inquilinos est¨¢n pagando menos y se ha frenado el aliciente especulativo

La segunda tiene que ver con que la regulaci¨®n de los alquileres figuraba con todas las letras en el pacto de Gobierno de coalici¨®n suscrito por el PSOE y Podemos y las confluencias. En este sentido, y m¨¢s all¨¢ de lo que el enconado debate que se est¨¢ teniendo dentro de la coalici¨®n progresista en torno a la cuesti¨®n de la vivienda demuestre en torno a fortalezas o debilidades de unos u de otros, el hecho es que se trata de un compromiso conjunto, adquirido p¨²blicamente delante de la ciudadan¨ªa.

Y la tercera tiene que ver con que la ley catalana ¡ªy descontadas todas las triqui?uelas partidistas del procesismo¡ª, procede de un impulso ciudadano articulado en la ¨²ltima d¨¦cada por los movimientos sociales que han puesto la cuesti¨®n de la vivienda como bien esencial sobre la mesa del debate pol¨ªtico, en un pa¨ªs en d¨®nde la especulaci¨®n en el mercado habitacional ha condicionado a la vez el modelo de crecimiento y ¡ªmuchas veces de manera dram¨¢tica¡ª, la vida de sectores muy cuantiosos de la ciudadan¨ªa.

Por otra parte, se argumenta, desde los sectores socialistas del Gobierno, que no es posible no presentar un recurso con las opiniones jur¨ªdicas tan un¨¢nimes y fundamentadas de los juristas en torno a la invasi¨®n de las competencias que representa la ley. Es un argumento de peso, que no puede ser obviado si se quiere ordenar la producci¨®n legislativa y plantear un horizonte de colaboraci¨®n entre las diferentes instituciones del Estado. Pero que no resuelve la cuesti¨®n pol¨ªtica subyacente, que existir¨ªa incluso si la ley catalana no se hubiera aprobado: no existe una legislaci¨®n estatal que regule los precios de los alquileres, tal y como el conjunto del Gobierno se hab¨ªa comprometido a poner en marcha.

Ahora, y despu¨¦s de los ¨²ltimos acontecimientos, se abre un tiempo convulso ¡ªse podr¨¢ trabajar como m¨¢ximo hasta la sentencia del TC¡ª pero precioso para abordar la normativa estatal de regulaci¨®n de alquileres, se haga exactamente con los mismos criterios de la ley catalana o no. Y los socios del Gobierno har¨ªan bien en no desaprovecharlo si es que quieren realmente mejorar el acceso al derecho a la vivienda. Porque en la percepci¨®n de las mayor¨ªas sociales del conjunto de Espa?a eso es mucho m¨¢s importante que cualquier cuesti¨®n competencial.

Que un posible problema, por una vez, se transforme en una oportunidad.