El Govern aprueba el incremento de un 0,9% en el salario de los funcionarios
El Ejecutivo de Pere Aragon¨¨s tambi¨¦n destina 70 millones m¨¢s para la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa por el aumento de solicitudes a causa de la pandemia
El Govern ha aprobado este martes el decreto ley que hace efectiva la subida salarial del 0,9% para los trabajadores p¨²blicos. Este incremento estaba pendiente desde el pasado mes de enero y se implementar¨¢ a partir de la n¨®mina de septiembre, momento en el que tambi¨¦n se abonar¨¢n las cuant¨ªas atrasadas todos estos meses. Esta ha sido una de las medidas aprobadas en el consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo de Pere Aragon¨¨s tambi¨¦n ha acordado destinar 70 millones extraordinarios a la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC), prestaci¨®n que ha recibido un 60% m¨¢s de solicitudes a causa de la...
El Govern ha aprobado este martes el decreto ley que hace efectiva la subida salarial del 0,9% para los trabajadores p¨²blicos. Este incremento estaba pendiente desde el pasado mes de enero y se implementar¨¢ a partir de la n¨®mina de septiembre, momento en el que tambi¨¦n se abonar¨¢n las cuant¨ªas atrasadas todos estos meses. Esta ha sido una de las medidas aprobadas en el consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo de Pere Aragon¨¨s tambi¨¦n ha acordado destinar 70 millones extraordinarios a la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC), prestaci¨®n que ha recibido un 60% m¨¢s de solicitudes a causa de la pandemia.
El incremento de la masa salarial de los funcionarios de la Generalitat en un 0,9% ha sido una de las reivindicaciones del sector p¨²blico en los ¨²ltimos meses. Tras varios desencuentros con el anterior consejero del ramo, el actual vicepresidente del Govern, Jordi Puigner¨®, los sindicatos han encontrado un interlocutor m¨¢s accesible en Laura Vilagr¨¤, consejera de Presidencia y actual responsable de los asuntos que ata?en a la administraci¨®n p¨²blica. En la ¨²ltima mesa general de negociaci¨®n de los empleados p¨²blicos, sindicatos y Govern acordaron trasladar a las retribuciones b¨¢sicas y complementarias este incremento previsto en la ley de presupuestos generales del Estado para el a?o 2021. Este incremento tambi¨¦n repercutir¨¢ en los sectores donde existen conciertos con la administraci¨®n, como son la sanidad y la educaci¨®n, pero no se aplicar¨¢ en la remuneraci¨®n del presidente, el vicepresidente y los consejeros del Govern, ni en las pensiones de los expresidentes.
El acuerdo del Govern para aprobar este decreto tambi¨¦n incluye otra de las reivindicaciones del sector p¨²blico: el retorno del 55% de la paga extra recortada en 2014. Este retorno ¡ªque estaba pendiente de hacerse efectivo despu¨¦s de ser acordado en diciembre de 2018¡ª se har¨¢ en la n¨®mina del pr¨®ximo mes de noviembre. El resto de la paga extra recortada, el 45% que falta, llegar¨¢ ¡°durante 2022¡å.
Aumento de solicitudes en la RGC
El Govern tambi¨¦n ha acordado destinar una partida extraordinaria de 70,3 millones de euros para la RGC, la prestaci¨®n cuyo objetivo es dotar de unos ingresos m¨ªnimos para las familias m¨¢s vulnerables. Esta realidad ha aumentado con la pandemia y la crisis econ¨®mica y social que ha derivado de la misma. Desde marzo de 2020, seg¨²n ha explicado el Govern, han aumentado un 60% las solicitudes para percibir esta prestaci¨®n. Esta partida extraordinaria se usar¨¢ para sufragar los costes de las n¨®minas de septiembre y octubre, y para los meses siguientes, la consejer¨ªa de Derechos Sociales ha solicitado ya otra partida tambi¨¦n de 70,3 millones de euros.
Pese al aumento presupuestario, las entidades sociales recuerdan que la cobertura de esta prestaci¨®n est¨¢ todav¨ªa muy por debajo de la realidad de la pobreza en Catalu?a. Seg¨²n los datos del departamento, a lo largo del a?o 2020 la RGC tuvo a 135.416 beneficiarios de media, mientras que la tasa de riesgo de pobreza y exclusi¨®n social afecta al 26,3% de los catalanes, seg¨²n la ¨²ltima encuesta del Idescat. La ley de la RGC fue aprobada en septiembre de 2017 y arrastra desde entonces problemas para su implementaci¨®n, con un desarrollo lento del reglamento, aprobado finalmente en abril de 2020, y unos requisitos para el acceso a la prestaci¨®n que las entidades consideran demasiado f¨¦rreos.