Doble moral institucional y fondos europeos

Bertrand Russell manten¨ªa que la humanidad ten¨ªa una moral doble: la que se predica, pero no se practica y viceversa, la que se practica, pero no se predica. Una reflexi¨®n sugerente a la vista de la aprobaci¨®n del llamado Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia (PRTR). Se trata del instrumento, promovido por la Uni¨®n Europea, para mitigar el impacto de la pandemia de la Covid-19 y aprovechar la ocasi¨®n para el desarrollo social. Todo ello para garantizar que nuestras sociedades est¨¢n en condiciones de superar problemas repentinos, que a menudo hay que asumir sin simulacros previos. ...

Bertrand Russell manten¨ªa que la humanidad ten¨ªa una moral doble: la que se predica, pero no se practica y viceversa, la que se practica, pero no se predica. Una reflexi¨®n sugerente a la vista de la aprobaci¨®n del llamado Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia (PRTR). Se trata del instrumento, promovido por la Uni¨®n Europea, para mitigar el impacto de la pandemia de la Covid-19 y aprovechar la ocasi¨®n para el desarrollo social. Todo ello para garantizar que nuestras sociedades est¨¢n en condiciones de superar problemas repentinos, que a menudo hay que asumir sin simulacros previos. Hacer, como suele decirse, de la necesidad, virtud.

Estas iniciativas propiciadas por el PRTR supondr¨¢n una inyecci¨®n millonaria para nuestras administraciones y, naturalmente, quien las financia quiere que se haga una gesti¨®n eficaz, de acuerdo con una serie de est¨¢ndares formales y operativos. Aspectos de equidad, la cohesi¨®n territorial, el respeto al medio ambiente o la lucha contra el fraude y la corrupci¨®n son sus principios rectores. Se deben alcanzar las metas y objetivos, pero no a cualquier precio.

Los Planes de Medidas Antifraude son la herramienta establecida por la normativa espa?ola para garantizar la gesti¨®n escrupulosa de los fondos recibidos. En la pr¨¢ctica supone la obligaci¨®n que las entidades gestoras de los fondos Next Generation aprueben su propio plan antifraude. Deben hacerlo en el plazo de 90 d¨ªas desde que tengan conocimiento que participar¨¢n en la ejecuci¨®n. Esto implicar¨¢ poner en marcha una serie de medidas m¨ªnimas, entre ellas: evaluar el riesgo de fraude, definir medidas de prevenci¨®n y establecer medidas de detecci¨®n y correcci¨®n ante las sospechas en ¨¢reas sensibles, como los conflictos de inter¨¦s.

A los que nos dedicamos al control de la corrupci¨®n, como es el caso de la Oficina Antifraude, ninguna de estas iniciativas nos viene de nuevo. Persuadir a las instituciones del sector p¨²blico de Catalu?a que es necesario adelantarse y trabajar desde la prevenci¨®n, para asegurar la administraci¨®n honesta y transparente de los recursos p¨²blicos, es nuestra obsesi¨®n. Partimos de la premisa de que perseguir y castigar la corrupci¨®n y acabar con la impunidad es indispensable, pero es insuficiente. Prevenirla eficazmente es la gran asignatura pendiente y, perm¨ªtanme el lamento, una gran parte de nuestras administraciones todav¨ªa no tiene estos temas en sus agendas. Son creyentes, pero no practicantes, un paradigma que Europa nos obliga a revisar.

Sin poner en duda la necesidad de impulsar estos planes antifraude, es inevitable preguntarse si ser¨ªa razonable limitar la buena gesti¨®n a los fondos europeos mientras dejamos de lado la mejora de la gesti¨®n de los fondos presupuestarios ordinarios. Una situaci¨®n como la descrita resulta inconcebible desde la mentalidad que inspir¨® el funcionamiento de la Uni¨®n Europea, que impone a los Estados miembros que adopten para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Uni¨®n las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros.

Estar¨ªamos aplicando una doble moral, una doble vara para medir el compromiso con la integridad seg¨²n quien ejerce su control. En Europa, pulcritud; dentro de casa, laxitud. El viejo dilema entre la obligaci¨®n y la devoci¨®n.