Querellas para intimidar a los pol¨ªticos

Una de las derivas indeseables de la llamada judicializaci¨®n de la pol¨ªtica es la proliferaci¨®n de querellas contra pol¨ªticos con fines intimidatorios. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acumula m¨¢s de una docena de demandas y el hecho de que se hayan archivado ya diez indica que la verdadera motivaci¨®n de muchas de ellas no es la persecuci¨®n de eventuales delitos o la reparaci¨®n de una injusticia, sino erosionar la imagen p¨²blica de la alcaldesa y presionarla para que abandone las pol¨ªticas que incordian a ciertos intereses particulares.

Los ¨²ltimos episodios son paradigm¨¢ticos de l...

Una de las derivas indeseables de la llamada judicializaci¨®n de la pol¨ªtica es la proliferaci¨®n de querellas contra pol¨ªticos con fines intimidatorios. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acumula m¨¢s de una docena de demandas y el hecho de que se hayan archivado ya diez indica que la verdadera motivaci¨®n de muchas de ellas no es la persecuci¨®n de eventuales delitos o la reparaci¨®n de una injusticia, sino erosionar la imagen p¨²blica de la alcaldesa y presionarla para que abandone las pol¨ªticas que incordian a ciertos intereses particulares.

Los ¨²ltimos episodios son paradigm¨¢ticos de las campa?as que instrumentalizan la justicia con fines pol¨ªticos. La alcaldesa fue demandada a finales de 2020 por Vauras Investment, un fondo buitre inmobiliario al que el Ayuntamiento hab¨ªa multado con 417.000 euros por negarse a ofrecer un alquiler social, como establec¨ªa la entonces vigente ley catalana de emergencia habitacional, a familias vulnerables que ocupaban los pisos del Bloc Llavors. Ni el fiscal ni la juez que atendieron la demanda observaron indicios de delito, pero el fondo recurri¨® y ahora la Audiencia de Barcelona obliga a reabrir la causa por posibles ¡°coacciones y prevaricaci¨®n administrativa¡±. Por supuesto los fondos buitre no est¨¢n de acuerdo con las pol¨ªticas que obligan a ofrecer un alquiler social como alternativa al desahucio. Pero esas pol¨ªticas atienden a una realidad lacerante: en 2021 se ejecutaron en Barcelona 5.000 desahucios y en marzo pasado hab¨ªa 743 familias registradas en la mesa de emergencia, pendientes de que se les asigne una vivienda social.

A principios de marzo Ada Colau declar¨® tambi¨¦n como imputada a ra¨ªz de una demanda de la Asociaci¨®n para la Transparencia y la Calidad Democr¨¢tica, que la acusa de dar ¡°una lluvia de dinero p¨²blico a entidades afines¡±, en concreto, de dar trato de favor a entidades como la Alianza contra la Pobreza Energ¨¦tica, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ingenieros sin Fronteras o el Observatorio Desc, algunas de las cuales ya recib¨ªan subvenciones de su antecesor Xavier Trias. La demandante es una misteriosa asociaci¨®n sin otra actividad conocida que interferir judicialmente en los procesos de remunicipalizaci¨®n del agua en Barcelona y Valladolid, y cuya web est¨¢ curiosamente alojada en el mismo servidor que la Fundaci¨®n Agbar. Los hechos relatados coinciden con una demanda anterior presentada por una no menos misteriosa Asociaci¨®n de Abogados por la Constituci¨®n, que la Fiscal¨ªa hab¨ªa desestimado en 2021 al no observar indicios de delito.

?Por qu¨¦ tanta insistencia? ?A la b¨²squeda, quiz¨¢s, de jueces y tribunales m¨¢s colaboradores? Aunque las posibilidades de prosperar jur¨ªdicamente sean escasas o nulas, estas demandas cumplen otros prop¨®sitos. En primer lugar, obligar a los pol¨ªticos a dedicar una parte de su esfuerzo y su atenci¨®n a defenderse. En segundo lugar, son demandas preventivas, que buscan un efecto intimidatorio: hacer ver al pol¨ªtico que se lo ha de pensar dos veces antes de multar a un fondo buitre o tocar los intereses de un gran operador, porque disponen de muchos recursos para hacerles la vida imposible. Y, por ¨²ltimo, el desgaste de la imagen p¨²blica: hacer aumentar el rumor de la corriente para que alguien piense que cuando el rio suena, agua lleva.

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