Uso y abuso de la investigaci¨®n parlamentaria
El balance de estos 40 a?os refleja la necesidad imperante de revisar y mejorar este instrumento para garantizar su utilidad
La pol¨¦mica generada acerca del alumbramiento de nuevas comisiones parlamentarias de inspecci¨®n, en el ¨¢mbito estatal, a costa de supuestos casos de lawfare (guerra jur¨ªdica) puede ser una ocasi¨®n propicia para ofrecer una reflexi¨®n en torno a la actividad inspectora desplegada por Les Corts valencianes. Un an¨¢lisis que resultaba pendiente pese a haber ocupado, muchas de las principales investigaciones, cientos de portadas y cr¨®nicas period¨ªsticas en peri¨®dicos como este.
El n¨²mero de comisiones parlamentarias creadas por el Parlamento auton¨®mico ha sido, num¨¦ricamente, muy simil...
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La pol¨¦mica generada acerca del alumbramiento de nuevas comisiones parlamentarias de inspecci¨®n, en el ¨¢mbito estatal, a costa de supuestos casos de lawfare (guerra jur¨ªdica) puede ser una ocasi¨®n propicia para ofrecer una reflexi¨®n en torno a la actividad inspectora desplegada por Les Corts valencianes. Un an¨¢lisis que resultaba pendiente pese a haber ocupado, muchas de las principales investigaciones, cientos de portadas y cr¨®nicas period¨ªsticas en peri¨®dicos como este.
El n¨²mero de comisiones parlamentarias creadas por el Parlamento auton¨®mico ha sido, num¨¦ricamente, muy similar a las creadas en el seno de las Cortes Generales, pese a la no coincidencia de los mandatos parlamentarios. Sin embargo, sus tem¨¢ticas han sido radicalmente distintas con ¨²nicamente dos excepciones: la crisis financiera, que se llev¨® por delante el sistema financiero valenciano, y la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos, ¨¢mbito donde el liderazgo de la investigaci¨®n termin¨® por trasladarse al parlamento nacional.
Resulta indiciario, tambi¨¦n, el escaso ¨ªndice de ¨¦xito del total de iniciativas planteadas en este sentido que s¨®lo ha alcanzado el 8% del total. Y que suscribe la necesidad de reformular dicha pr¨¢ctica empoderando a la minor¨ªa frente a la mayor¨ªa que apoya el gobierno, siguiendo el ejemplo del Bundestag alem¨¢n.
Desde la corrupci¨®n pol¨ªtica hasta graves crisis sanitarias (hepatitis C o legionelosis), las tem¨¢ticas abordadas han sido muy diversas, afectando a casi todos los ¨¢mbitos de gesti¨®n; mostrando muchas veces la delgada l¨ªnea roja que separa la investigaci¨®n parlamentaria y los deseos de judicializar la pol¨ªtica, como tuvimos ocasi¨®n de ver con la investigaci¨®n de uno de los programas ¡°sociales¡± auton¨®micos m¨¢s exitosos. Creada, inmediatamente, tras el archivo de una denuncia penal sobre su gesti¨®n.
Otro asunto de inter¨¦s ha sido el incumplimiento de los compromisos asumidos en sede parlamentaria, como atestigua la Comisi¨®n del accidente del Metro. Reabierta dos legislaturas despu¨¦s pese a, finalmente, no lograr hacer coincidir la verdad parlamentaria expresada con la judicial.
Igualmente, cabe se?alar que s¨®lo una cuarta parte de estas ha llegado a someter al plenario sus dict¨¢menes de conclusiones. Otra cosa ser¨¢ la versi¨®n parlamentaria que refleje lo sucedido y que, en los ¨²ltimos tiempos, ha tenido dos verdades irreconciliables, gracias a los votos particulares expresados por la minor¨ªa. Baste decir que muy pocas, tambi¨¦n, han podido atribuir directamente una responsabilidad pol¨ªtica digna de merecer un reproche con consecuencias pol¨ªticas que no hubiesen sido ya exigidas.
Sin duda, lo m¨¢s lamentable ha sido la mala praxis parlamentaria que se ha seguido y que ha malbaratado uno de los principios democr¨¢ticos de base: el control de la mayor¨ªa por la minor¨ªa. Cuando, frecuentemente, y especialmente en las dos legislaturas del Bot¨¤nic, hemos asistido at¨®nitos a un f¨¦rreo control de la minor¨ªa por los grupos que daban soporte al Consell exigi¨¦ndoles unas responsabilidades pol¨ªticas (para eso est¨¢n las Comisiones Parlamentarias de Investigaci¨®n) cuando ya se las hab¨ªan exigido todos los valencianos en las urnas. Imposibilitando, al tiempo, que se abriese una investigaci¨®n parlamentaria sobre la gesti¨®n pand¨¦mica o, incluso, acerca de las responsabilidades que se suscitaron frente a los m¨¢ximos responsables del Gobierno auton¨®mico, como Puig y Oltra.
El balance de estos 40 a?os refleja la necesidad imperante de revisar y mejorar este instrumento para garantizar su utilidad y evitar su uso -ya limitado en cuanto a su n¨²mero por el alto coste que entra?a- y abuso en el futuro inmediato.