La jueza de la dana resalta la ¡°palmaria ausencia¡± de alertas a la poblaci¨®n y dice que las muertes se pudieron evitar
La magistrada pone el foco en el retraso de los mensajes masivos de advertencia y deja fuera de las pesquisas la ayuda tard¨ªa a la zona cero y la falta de coordinaci¨®n de las administraciones
Los da?os no se pudieron evitar, las muertes, s¨ª. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana que el pasado 29 de octubre dej¨® un reguero de 227 fallecidos defiende con insistencia esta tesis en sus ¨²ltimas resoluciones. A su juicio, la ¡°palmaria ausencia de avisos a la poblaci¨®n¡± pudo causar ¡°el abrumador n¨²mero de muertos¡± que origin¨® la tragedia...
Los da?os no se pudieron evitar, las muertes, s¨ª. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana que el pasado 29 de octubre dej¨® un reguero de 227 fallecidos defiende con insistencia esta tesis en sus ¨²ltimas resoluciones. A su juicio, la ¡°palmaria ausencia de avisos a la poblaci¨®n¡± pudo causar ¡°el abrumador n¨²mero de muertos¡± que origin¨® la tragedia, seg¨²n un reciente auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.
La clave ahora, seg¨²n la instructora, pasa por averiguar a qu¨¦ respondi¨® el retraso en alertar a los ciudadanos sobre la magnitud de la mayor cat¨¢strofe natural que ha asolado la Comunidad Valenciana. La magistrada se refiere al mensaje SMS masivo que lleg¨® a los m¨®viles a las 20.11 de la jornada de la riada, cuando ya se hab¨ªa desbordado el barranco del Poyo, epicentro de la tragedia; decenas de municipios de Valencia estaban inundados; y el 112 se encontraba colapsado. La controvertida comunicaci¨®n se remiti¨® a trav¨¦s de Es-alert, un sistema del que la entonces consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salom¨¦ Pradas, reconoci¨® que no sab¨ªa ni que exist¨ªa para justificar la demora. El presidente Carlos Maz¨®n destituy¨® a Pradas cuatro semanas despu¨¦s de las inundaciones.
Las pesquisas se centran en averiguar a qu¨¦ obedeci¨® el retraso de las alertas a la poblaci¨®n. La jueza dejar¨¢ fuera de la investigaci¨®n la ayuda tard¨ªa a la zona cero y la falta de coordinaci¨®n de las administraciones. Se trata de unos aspectos que forman parte ¡°de la jurisdicci¨®n contenciosa¡± o del debate pol¨ªtico, seg¨²n la instructora.
¡°Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constataci¨®n del aviso notablemente tard¨ªo, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las v¨ªctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la v¨ªa p¨²blica. En definitiva, los da?os materiales no se pod¨ªan evitar, las muertes s¨ª¡±, responde la magistrada a Podemos, que ejerce la acusaci¨®n popular.
En sus movimientos para averiguar qui¨¦n estuvo detr¨¢s del SMS masivo de alerta, la instructora pidi¨® por segunda vez al Consell la identidad del funcionario o t¨¦cnico que activ¨® el bot¨®n rojo para notificar el riesgo a los tel¨¦fonos. El pasado viernes, la Generalitat inform¨® al juzgado in extremis, apremiada por el requerimiento judicial, que fue el Cecopi el organismo encargado de activar los mensajes masivos a m¨®viles el 29 de octubre. Seg¨²n el Ejecutivo auton¨®mico, este ¨®rgano convocado para la tragedia estaba dirigido durante la riada por la entonces consejera Pradas ¡ªque fue destituida tras la dana¡ª y en ¨¦l figuraba tambi¨¦n como miembro del comit¨¦ la delegada del Gobierno, Pilar Bernab¨¦.
La magistrada sostiene en su ¨²ltimo auto que, a consecuencia del retraso en recibir el mensaje, la poblaci¨®n ¡°no pudo adoptar ninguna medida para protegerse¡±, tal y como han declarado en el juzgado decenas de v¨ªctimas. Y pide un informe a la Agencia Estatal de Meteorolog¨ªa (Aemet) sobre las alertas ¡ªc¨®mo se enviaron y a quienes se dirigieron¡ª y datos al 112 para aclarar en qu¨¦ momento de la jornada de la riada se recibieron m¨¢s llamadas y qu¨¦ municipios, de los 78 afectados, solicitaron ayuda. Aemet defendi¨® que avis¨® de la dana ocho d¨ªas antes y activ¨® la alerta m¨¢xima.
La magistrada rechaza la petici¨®n de Podemos de solicitar informaci¨®n a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia sobre el despliegue de bomberos el d¨ªa de la riada. Y solicita a la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat que aclare si particip¨® en el Centro de Coordinaci¨®n Operativa Integrado (Cecopi) -organismo que gestion¨® la respuesta de emergencia en la dana de Valencia- ¡°alguna otra autoridad¡± distinta a las 29 personas y organismos que formaban parte de esta instituci¨®n, entre 17.00 y las 20.11 horas, cuando se envi¨® el mensaje masivo de Es-Alert. La jueza toma esta decisi¨®n despu¨¦s de recibir un escrito de la Subdirecci¨®n General de emergencias auton¨®mica.
En su bater¨ªa de pesquisas, la magistrada requiere a la Asociaci¨®n de Damnificados Dana Horta Sud (380 miembros), la primera de v¨ªctimas en constituirse, que identifique a sus miembros lesionados antes de decidir si admite a tr¨¢mite la querella de esta entidad suscrita por 100 familias contra cinco altos cargos de Maz¨®n y el presidente de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ), Miguel Polo.
Refuerzo del juzgado de la dana
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado luz verde este mi¨¦rcoles a elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el m¨¢ximo ¨®rgano de gobierno de los jueces, una propuesta para reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n 3 de Catarroja, que investiga la dana. La iniciativa consiste en el nombramiento de un juez en comisi¨®n de servicios por seis meses prorrogables, que llevar¨¢ el funcionamiento ordinario del juzgado, con el fin de que la magistrada instructora, Nuria Ruiz Tobarra, se dedique a indagar la tragedia en exclusiva. El ¨®rgano de gobierno tambi¨¦n ve necesario la designaci¨®n de dos funcionarios de apoyo para esta magistrada.