M¨¢s Madrid ha registrado este lunes en la consejer¨ªa de Hacienda una carta denuncia por el gasto de 1.270 millones adjudicados por el gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso sin publicidad ni concurrencia durante 2020, 2021 y el primer semestre de 2022. Esos desembolsos, se argumenta en el documento, al que accedi¨® EL PA?S, se hicieron a trav¨¦s de convalidaciones de gasto, una figura legal, pero de uso excepcional, prevista para regularizar pagos por servicios encomendados en situaci¨®n de urgencia y ¡°prescindiendo del procedimiento adecuado¡±, seg¨²n definici¨®n de la intervenci¨®n municipal en la capital. M¨¢s Madrid acude a Hacienda para que abra expediente de responsabilidad contable en cuatro de esos casos (lo que afectar¨ªa a los cargos que aprobaron los gastos); como paso previo obligatorio a una potencial denuncia ante el Tribunal de Cuentas; y para reclamar que se aclare si este sistema de pagos est¨¢ vinculado al ¡°extra?o cese [en julio] de la anterior Interventora General de la Comunidad de Madrid¡±, Marta Garc¨ªa Miranda.

¡°Llevamos m¨¢s de un a?o investigando, revisando documentaci¨®n y hemos detectado que el gobierno de Ayuso abusa de un mecanismo a¨²n m¨¢s opaco que la contrataci¨®n de emergencia¡±, argumenta M¨®nica Garc¨ªa, la l¨ªder del partido. ¡°En menos de dos a?os el gobierno de la Comunidad ha entregado a dedo, sin contrato ni controles, m¨¢s de 1.200 millones a trav¨¦s de las convalidaciones de gasto¡±, sigue. ¡°La sanidad madrile?a es la gran damnificada. Mientras Ayuso atrapa a Madrid en su chapuza sanitaria y a los profesionales en sus insultos, m¨¢s del 75% de los fondos sin supervisi¨®n provienen de la Consejer¨ªa de Sanidad¡±, a?ade sobre unos acuerdos mayoritariamente adoptados durante la crisis de la pandemia. Y remata: ¡°Desde M¨¢s Madrid vamos a tomar las medidas necesarias y llegar hasta donde haga falta para que los responsables de estas irregularidades asuman las consecuencias de manosear el dinero p¨²blico¡±.

¡°M¨®nica Garc¨ªa es especialista en hacer denuncias en falso¡±, ha replicado el consejero de Hacienda, Javier Fern¨¢ndez-Lasquetty. ¡°Lo hizo con las residencias de ancianos, y archivado; con las mascarillas, y archivado; con el Zendal, y archivado; con el hospital de Ifema, y archivado; con las camas de Puerta de Hierro, y archivado; con el gasto sanitario, y archivado¡±, ha seguido. ¡°Nunca le dan la raz¨®n. Y en este caso tampoco se la van a dar¡±.

?A qu¨¦ se debe que la denuncia se ci?a a cuatro expedientes, si el partido cree que hay que investigar el conjunto de convalidaciones, que asciende a 1.270 millones? ¡°Porque no es posible concluir, sin analizar uno a uno, que en todos los expedientes de los 1.270 millones de convalidaci¨®n de gasto se ha incurrido en responsabilidades contables¡±, responden en el partido. ¡°Y esa es una tarea tit¨¢nica inabarcable para un grupo parlamentario¡±, a?aden. ¡°Sobre esa cifra apuntamos ¡®abuso¡¯ de legalidad de contratos p¨²blicos¡±.

La denuncia pone el foco sobre la destituci¨®n de la ¨²ltima interventora general. En ese cargo, que es clave para la fiscalizaci¨®n de los pagos de la Administraci¨®n, se han sucedido cuatro personas en los ¨²ltimos cinco a?os. Coincidiendo con la salida de Miranda, en julio de 2022, y su sustituci¨®n por Francisco Javier Carmena, hasta entonces secretario general t¨¦cnico de la Consejer¨ªa de Sanidad, se pagaron al menos 1.390 millones de euros en seis meses a los gestores privados de cuatro hospitales p¨²blicos de la regi¨®n. En al menos una decena de casos, que suman 67 millones, la Administraci¨®n opt¨® por la v¨ªa de convalidar gastos.

¡°La concurrencia del volumen desproporcionado de la convalidaci¨®n de gastos, la aparente par¨¢lisis de la Administraci¨®n auton¨®mica para licitar los principales contratos de servicios que solo benefician a los contratistas que ya estaban prestando los servicios, el incremento injustificado del precio del contrato, unido todo ello a la opacidad en la tramitaci¨®n de los expedientes y en el traslado del contenido ¨ªntegro de los mismos, siembran una sospecha cierta sobre la existencia de conductas dolosas o imprudentes que han causado da?o a la Hacienda auton¨®mica¡±, se argumenta en la denuncia. ¡°Si a todo ello se a?ade el extra?o cese de la anterior Interventora General de la Comunidad de Madrid, existen elementos suficientes para que la Consejer¨ªa de Hacienda inicie sin demora un expediente para instruir los hechos denunciados y determinar las posibles responsabilidades¡±.

Cuatro ejemplos

La denuncia cita cuatro expedientes en los que ve indicios de responsabilidad contable. En el primero recoge c¨®mo una empresa de seguridad comunic¨® a la Comunidad que renunciaba a seguir d¨¢ndole servicio, una vez vencido el contrato, por los incrementos de costes laborales vinculados al convenio correspondiente y la marcha del IPC. La administraci¨®n respondi¨® incrementando el gasto por el mismo servicio en un 9,76% ¡°con total y absoluta omisi¨®n del procedimiento reglado de contrataci¨®n p¨²blica¡±, seg¨²n la denuncia.

Lo mismo ocurri¨® con otra empresa, con el a?adido de que esta hab¨ªa presentado un recurso para evitar que su contrato se licitara con publicidad y concurrencia, siempre seg¨²n la denuncia.

El tercer ejemplo se centra en otra contrata de seguridad que logr¨® renovar su encargo por la v¨ªa de presentar presupuestos, pues el gobierno, sostiene la denuncia, ¡°decidi¨® de forma caprichosa adjudicar reiteradas veces el contrato a la misma empresa incluyendo el incremento exigido y el beneficio industrial¡±.

En el ¨²ltimo expediente denunciado, la contratista manifest¨® que continuar¨ªa prestando el servicio si se garantizaba un incremento del 21,60%, detalla la denuncia. ¡°La Consejer¨ªa de Educaci¨®n, pese a pedir tres presupuestos como si con tal actuaci¨®n se subsanase la falta de licitaci¨®n del contrato o el resto de causas de nulidad del mismo, como la omisi¨®n de la fiscalizaci¨®n previa, decidi¨® adjudicar el contrato a la empresa incluyendo el incremento exigido y el beneficio industrial¡±, se lee en el documento.

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