Amnist¨ªa Internacional denuncia la pol¨ªtica de Ayuso en las residencias: ¡°Documentamos violaciones de derechos humanos¡±

Al mismo tiempo que este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, defiende su gesti¨®n de la pandemia en las residencias (¡±Est¨¢n a un paso de acusarnos de genocidio¡±, dice en un desayuno informativo), una especialista de Amnist¨ªa Internacional (AI) la critica con la m¨¢xima dureza en la Asamblea de Madrid. Es un contraste total. De blanco al negro. Del oropel del Ritz, donde habla D¨ªaz ...

Al mismo tiempo que este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso, defiende su gesti¨®n de la pandemia en las residencias (¡±Est¨¢n a un paso de acusarnos de genocidio¡±, dice en un desayuno informativo), una especialista de Amnist¨ªa Internacional (AI) la critica con la m¨¢xima dureza en la Asamblea de Madrid. Es un contraste total. De blanco al negro. Del oropel del Ritz, donde habla D¨ªaz Ayuso, a la austeridad del Parlamento, donde interviene Carmen Miquel Acosta a petici¨®n de M¨¢s Madrid. Su intervenci¨®n, basada en un estudio de la ONG sobre lo que ocurri¨® en las residencias de Madrid y Catalu?a durante lo peor de la pandemia, cuando los protocolos madrile?os vetaron el traslado de mayores enfermos a hospitales, es demoledora: ¡°Documentamos violaciones de derechos humanos [...] La supuesta medicalizaci¨®n de las residencias nunca sucedi¨®, dejando a las personas mayores en una situaci¨®n muy delicada, abandonadas a su suerte. En nuestra investigaci¨®n tambi¨¦n documentamos cuidados paliativos deficientes. Tambi¨¦n, un encierro de facto, la escasa informaci¨®n a familias, dificultades de comunicaci¨®n, y muerte en soledad¡±.

El veto al traslado de los ancianos a los hospitales fue m¨¢s intenso entre el 9 de marzo y el 5 de abril de 2020 y especialmente significativo entre el 16 y el 29 de marzo. Conforme los hospitales liberaron camas, los geriatras dejaron de actuar de filtro y los residentes enfermos volvieron a ser admitidos, aunque esa situaci¨®n vari¨® de un hospital a otro. Seg¨²n un an¨¢lisis que public¨® EL PA?S, en toda la primera ola (de marzo a junio de 2020) murieron 11.389 mayores que viv¨ªan en residencias, de los cuales 8.338 (el 73%) no fueron trasladados a un hospital.

Esas cifras espeluznantes cobran un nuevo significado cuando la especialista de Amnist¨ªa Internacional las convierte en consecuencias de decisiones pol¨ªticas: los recortes previos a la pandemia que dejaron a la sanidad p¨²blica en los huesos y tiritando; los protocolos que decidieron las derivaciones; los geriatras, dice, que actuaron como ¡°guardianes de puerta del hospital¡±.

¡°Documentamos violaciones de derechos humanos de personas mayores que viv¨ªan en residencias, especialmente en la primera ola, de marzo a mediados de abril de 2020, en Madrid y Catalu?a¡±, empieza Acosta. ¡°A saber, el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminaci¨®n (...) y a una muerte digna¡±, enumera. ¡°En la Comunidad de Madrid las medidas de refuerzo de la Atenci¨®n Primaria fueron insuficientes para garantizar el acceso a la atenci¨®n sanitaria de una poblaci¨®n con creciente necesidades de salud, conduciendo a la Atenci¨®n Primaria a una situaci¨®n cercana al colapso asistencial¡±, describe. ¡°Durante el pico de la primera ola, el personal de residencias no cont¨® con protecci¨®n adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recib¨ªan de diferentes instituciones¡±, a?ade. ¡°[Como consecuencia] durante periodos cr¨ªticos no hab¨ªa personal m¨¦dico suficiente¡±, sigue. ¡°El derecho a la salud se vio vulnerado¡±, lamenta. Y denuncia: ¡°La decisi¨®n pr¨¢ctica de no derivar [de las residencias a los hospitales] se aplic¨® de manera automatizada, en bloque, sin valoraciones individualizadas. (...) La exclusi¨®n fue generalizada¡±.

Paralelismo con la Inquisici¨®n

De la defensa de la pol¨ªtica del PP se ocupa Mar¨ªa Inmaculada P¨¦rez Bordej¨¦, una diputada debutante en la Asamblea con experiencia como concejal de Asuntos Sociales, Familia, Mujer e Infancia en el Ayuntamiento de Boadilla. ?Su argumento? Establecer un paralelismo entre lo que est¨¢ diciendo la oposici¨®n en la comisi¨®n, y la Inquisici¨®n.

¡°Estoy sorprendida¡±, empieza. ¡°En ning¨²n momento pens¨¦ que ¨ªbamos a hacer aqu¨ª un juicio paralelo a todos los que se vienen llevando en la justicia espa?ola. Hemos estado sometidos a infinidad de investigaciones que hasta ahora todas han dado la raz¨®n al Gobierno, porque no han visto indicios ni causas por los que pudieran haber actuado de otra manera¡±, sigue, tirando del argumentario oficial del partido, como si el asunto le hubiera pillado por sorpresa. ¡°Ya que estamos aqu¨ª en un tribunal, y vienen a hacer un auto poco menos que de fe...¡±, a?ade sobre los actos p¨²blicos que organizaba la Inquisici¨®n para que los condenados abjuraran de sus pecados y mostraran su arrepentimiento. ¡°No nos corresponde a nosotros hacer un juicio paralelo. Es ruin. Es la izquierda y sus terminales medi¨¢ticas, que siguen queriendo sacar r¨¦dito pol¨ªtico retorciendo el dolor de las v¨ªctimas y de sus familiares¡±, sigue. Y suelta: ¡°Me decepciona Amnist¨ªa Internacional¡±.

Acosta la escucha sin torcer el gesto. En su segundo turno de intervenci¨®n, pide investigar m¨¢s lo ocurrido, reabrir casos, ¡°verdad, justicia y reparaci¨®n¡± para las v¨ªctimas. Se expresa con asepsia. Sin emociones. Como una profesional, sin cebarse con el Gobierno de Madrid, recordando, tambi¨¦n, la cuota de responsabilidad estatal. Su ¨²ltima frase no tiene nada que ver con Torquemada, primer inquisidor general de Castilla y Arag¨®n en el siglo XV, con quien parece compararla la representante del PP: ¡°Amnist¨ªa Internacional pide que no se mire a otro lado, este es uno de los cap¨ªtulos m¨¢s tr¨¢gicos de la historia reciente de nuestro pa¨ªs, y ha habido vulneraciones de derechos humanos que deben ser reparadas¡±.

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