Siete mexicanas son asesinadas cada d¨ªa, solo un 25% de los casos son investigados como feminicidios, seg¨²n el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
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"Por qu¨¦ sali¨® tan tarde, por qu¨¦ andaba sola"
"El ministerio p¨²blico no hizo nada"
"No le gust¨® lo que prepar¨® de desayunar"
"Fue en Tlalpan donde encontraron a mi hija"
"Se muere uno en vida"
"Me habl¨® para decirme que iba a matar a Mariana"
"Quiero que caiga todo el peso de la ley"
Testimonios de madres de v¨ªctimas
Los demonios de Ciudad Ju¨¢rez se extienden por todo M¨¦xico
El asesinato de mujeres en M¨¦xico cobr¨® notoriedad internacional en 1993, cuando comenzaron a denunciarse p¨²blicamente los casos de mujeres asesinadas en la fronteriza Ciudad Ju¨¢rez, al norte de M¨¦xico. Tuvieron que pasar casi 20 a?os
para que el pa¨ªs incluyera en su C¨®digo Penal el delito de feminicidio.
Hoy, todo M¨¦xico se ha convertido en un gigantesco Ciudad Ju¨¢rez.
Araceli Mondrag¨®n, madre de Abigail Guerrero Mondrag¨®n, violada y asesinada a pedradas en diciembre de 2016 en Tlalpan, Ciudad de M¨¦xico. Ten¨ªa 20 a?os. Los tres sospechosos siguen en libertad. La polic¨ªa de investigaci¨®n ? perdi¨® pruebas fundamentales ?, indica el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio.
Al igual que la madre de Abigail Guerrero Mondrag¨®n, miles de familias reclaman justicia para sus parientes o para todas aquellas mujeres que no fue posible identificar.
2012 y 2013
Guadalupe Reyes, madre de Mariana Elizabeth Ya?ez Reyes, desaparecida el 17 de septiembre de 2014 en Tec¨¢mac, Estado de M¨¦xico. En dos a?os, Guadalupe dice que no ha habido investigaci¨®n de las autoridades. ? Dijeron que se fue con el novio, que seguro ten¨ªa problemas. ?
Toda muerte violenta debe ser investigada con perspectiva de g¨¦nero
Quienes critican su uso han se?alado que la gran mayor¨ªa de v¨ªctimas de homicidio en M¨¦xico son hombres. No obstante, los expertos se?alan que el feminicidio deriva del odio relacionado al g¨¦nero de la v¨ªctima, el cual se evidencia con la mutilaci¨®n de los cuerpos, con signos de violaci¨®n sexual o tortura en ellos y con el hecho de c¨®mo intentan esconderlos en terrenos bald¨ªos o canales.
2014
Irinea Buend¨ªa luch¨® seis a?os para obtener justicia para su hija, Mariana Lima, asesinada a los 29 a?os por su pareja, el polic¨ªa de investigaci¨®n Julio C¨¦sar Hernandez Ballinas, en Chimalhuac¨¢n, Estado de M¨¦xico. En 2010, el asesinato de Lima fue investigado como un suicidio por la Procuradur¨ªa General. El caso pas¨® por 20 agencias del Ministerio P¨²blico hasta llegar a la Suprema Corte, que, notando las irregularidades de investigaci¨®n, otorg¨® un amparo a Buend¨ªa para que las autoridades del Estado de M¨¦xico investiguen la muerte de su hija como un feminicidio. Se estableci¨® entonces que la muerte violenta de una mujer en M¨¦xico se debe investigar con perspectiva de g¨¦nero, para determinar si fue o no un feminicidio.
Sin ayuda especializada
La mayor¨ªa de los familiares aseguran que la investigaci¨®n sobre el paradero de sus familiares es pr¨¢cticamente nula. Desde 2011 existen organismos especializados en feminicidios, pero hasta ahora las instancias no han sido garantizas y no tienen los expertos necesarios.
2015 - 2016
Silvia Vargas Velasco, madre de Mar¨ªa Fernanda Rico Vargas, asesinada el 18 de abril 2014. Cuando la familia fue a recuperar su cuerpo, les dijeron que hab¨ªa sido un suicidio. Ellos sab¨ªan que no hab¨ªa sido as¨ª. Sospechan de su pareja. La investigaci¨®n contin¨²a.
la justicia tiene precio
En algunos casos, las autoridades han pedido a las familias que paguen para que su caso permanezca abierto. Seg¨²n el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, lo m¨¢s frecuente es que las familias investiguen solas. Los culpan por lo que ha pasado, y les dicen : ? Traiganme pruebas ?. Las familias se ponen en riesgo para encontrar indicios.
El estatus subordinado de las mujeres en la sociedad, la pobreza, la privaci¨®n y el temor de represalias hacen que sea dif¨ªcil para ellas resistirse o quejarse. Al mismo tiempo, el ¨¢mbito de las lealtades entre servidores educativos, policiales y fiscales suelen trasladar las responsabilidades a ellas, dejando a los perpetradores impunes. Por ello, las relaciones de poder entre g¨¦neros es el pivote permanente de la agresi¨®n.
