El secreto que rodea al millonario patrimonio financiero de Isabel II

A lo largo de los a?os, el patrimonio inmobiliario de Isabel II ha sido sometido a un mayor control y escrutinio p¨²bico. Su gesti¨®n est¨¢ en manos del Crown Estate, una entidad independiente que entrega cada a?o los beneficios al Ministerio de Econom¨ªa brit¨¢nico. Un porcentaje se revierte a la Casa de Windsor. Otra cosa es el patrimonio financiero de la reina. Nunca se ha hecho p¨²blico, y las distintas especulaciones lo cifran entre 350 y 400 millones de euros. Buckingham se ha opuesto siempre a que se desvelara en qu¨¦ empresas o empe?os decide invertir la Casa Real brit¨¢nica. Seg¨²n ha publicado en exclusiva el diario The Guardian, ese empe?o lleg¨® en los a?os setenta hasta el punto de forzar que el Gobierno modificara expresamente una ley que pon¨ªa en peligro el secreto.

Era 1973 y habitaba entonces Downing Street el conservador Edward Heath. El Gobierno preparaba una nueva ley para dotar de mayor transparencia a la propiedad de las empresas, para evitar la toma de una mayor¨ªa de capital a trav¨¦s de compa?¨ªas interpuestas. Una serie de documentos y notas intercambiadas entre ministros y abogados de la ¨¦poca, procedentes de los archivos nacionales, ponen en evidencia c¨®mo el Ejecutivo se dobl¨® a la presi¨®n ejercida por los abogados de Isabel II. El equipo de la reina utiliz¨® un mecanismo arcano de los usos y costumbres del derecho brit¨¢nico: el llamado Royal Assent (Consentimiento Real). Del mismo modo que cada ley aprobada por la C¨¢mara de los Comunes necesita del refrendo de la monarca (Royal Consent) para su entrada en vigor, es costumbre notificar el inicio de su tramitaci¨®n al Palacio de Buckingham, por si sus disposiciones pueden chocar de alg¨²n modo con los intereses de la Corona. En una monarqu¨ªa democr¨¢tica como la brit¨¢nica, estos procedimientos tienen m¨¢s de rito y simbolismo que de prerrogativa efectiva. La decisi¨®n corresponde al Gobierno, ¨²nico responsable de sacar adelante su programa. Cuando entra en juego el dinero de Isabel II, seg¨²n los documentos revelados, la capacidad de intervenir comienza a tomarse en serio.

En representaci¨®n de Isabel II, el abogado Mattew Farrer se puso manos a la obra y contact¨® con los altos funcionarios del ministerio brit¨¢nico de Comercio e Industria. ¡°He hablado con el se?or Farrer¡±, explica en uno de esos documentos revelados un funcionario llamado C. M. Drukker el 9 de noviembre, ¡°Est¨¢ bastante preocupado -no ¨¦l, sino m¨¢s bien sus clientes- ante el riesgo de que se pueda hacer p¨²blica la propiedad de acciones (...) B¨¢sicamente porque podr¨ªa ser muy embarazoso para algunas personas¡±.

El entonces ministro de Comercio, Geoffrey Howe, dedic¨® varios meses a buscar la soluci¨®n al aparente problema. ¡°Con la ayuda del Banco de Inglaterra, hemos dado con las siguientes propuestas, que ser¨¢n incluidas en la ley¡±, escrib¨ªa a un colega del Gobierno. El esquema desarrollado consisti¨® en permitir que algunas compa?¨ªas concretas, a criterio del Ejecutivo, quedaran exentas del nuevo r¨¦gimen de transparencia. La excusa oficial, proteger a ¡°jefes de estado, gobiernos, autoridades monetarias centrales, fondos de inversi¨®n y organismos internacionales¡±. El prop¨®sito evidente, salvar del tr¨¢mite a Isabel II. El Gobierno conservador de Heath nunca lleg¨® a aprobar la ley, que decay¨® al concluir esa legislatura. Sin embargo, su sucesor, el laborista Harold Wilson, hizo suyo -con los arreglos acordados- el proyecto y lo puso en marcha. Una nueva instituci¨®n, denominada Bank of England Nominees Limited (algo as¨ª como Testaferros Accionariales Banco de Inglaterra Limitada), dirigida por altos funcionarios de la autoridad monetaria, se encarg¨® de cobijar las inversiones que deb¨ªan permanecer ocultas. Estuvo viva hasta hace apenas cuatro a?os, en que se disolvi¨®. La ley no exige en este caso exponer un rendimiento p¨²blico de cuentas.

El palacio de Buckingham se ha apresurado a negar que se hubiera abusado de la prerrogativa real del Royal Assent. ¡°La monarca otorga siempre el consentimiento real cuando lo solicita el Gobierno. Cualquier afirmaci¨®n de que la soberana haya podido bloquear legislaci¨®n es simplemente falsa. Es funci¨®n del Parlamento decidir cu¨¢ndo se solicita ese consentimiento, en la medida en que el texto legal pueda afectar a los intereses de la Corona¡±. Una negativa que no niega el contenido de la historia, con la que el palacio de Buckingham conf¨ªa en dar por zanjado el asunto.

Isabel II, que el pasado s¨¢bado celebr¨® el 69? aniversario de su ascenso al Trono y es la monarca m¨¢s longeva de la historia del Reino Unido, retiene una asombrosa popularidad entre los ciudadanos, acrecentada durante la pandemia por sus intervenciones puntuales estos meses por v¨ªdeo y recluida en el Castillo de Windsor, para dar ¨¢nimo a los brit¨¢nicos.