Obama ante el Supremo

Visto desde una perspectiva europea podr¨ªa ser la pesadilla de un mal sue?o. En las escalinatas del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el palacio de m¨¢rmol en la colina del Capitolio, en Washington, se manifiestan las dos Am¨¦ricas. La que quiere jubilar al Gobierno federal y la que pretende que el Estado establezca unas m¨ªnimas reglas de juego. La batalla dom¨¦stica m¨¢s importante de la presidencia de Obama se da sobre su reforma sanitaria, que aspira a dar cobertura a 30 millones m¨¢s de ciudadanos y acabar con una sanidad deficiente y extremadamente cara, el gasto supone el 17% del PIB. Los nueve jueces del Supremo, vitalicios, debatieron esta semana durante tres d¨ªas, la constitucionalidad del Obamacare. La reelecci¨®n del presidente no va a depender ni de Putin ni de Ir¨¢n, sino de la econom¨ªa y de que estos magistrados que nombran los presidentes, de acuerdo con sus ideolog¨ªas, den la luz verde a la ley. El tribunal est¨¢ dividido: cinco magistrados conservadores y cuatro liberales. Dos de ellos, mujeres, han sido nombrados por Obama. En el exterior de la Corte, los autodenominados patriotas se manifestaban con pancartas pidiendo que el Gobierno salga de sus vidas, mientras los partidarios de la ley respond¨ªan que lo que no es americano es dejar que la gente muera porque no tiene cobertura. Desde que en 2008 el Supremo diera la victoria electoral a Bush frente a Gore, ninguna reuni¨®n del tribunal hab¨ªa concitado tanta atenci¨®n.

Barack Obama, a quien muchos consideran un socialista partidario del estado de bienestar europeo, convirti¨® la reforma sanitaria en el proyecto emblem¨¢tico de su presidencia. No pretend¨ªa una sanidad universal y gratuita procurada por el Estado. Solo reparar la indignidad que supone que en la primera potencia del mundo 50 millones de ciudadanos no tengan seguro sanitario. Mediante un acuerdo con los seguros privados, a los que prohibi¨® discriminar a los ancianos y negar cobertura a los ya enfermos, elevando los costes para las aseguradoras. En compensaci¨®n, la ley obliga a los sin seguro a comprar uno. De esta manera incrementaba los ingresos de los proveedores de seguros garantizando su negocio y haciendo sostenible una sanidad que ahora no lo es. Obama paga ahora el precio de una reforma que se qued¨® a medias, ininteligible para la mayor¨ªa de los norteamericanos ¡ªsolo el 26% la apoya¡ª y que vendi¨® mal. Veintis¨¦is Estados, todos con gobernador republicano, la han impugnado ante el Supremo.

El mandato individual que obliga al ciudadano a asegurarse provoca el crujir de dientes de la Am¨¦rica m¨¢s conservadora. ?Puede el legislativo obligarte a comprar un seguro m¨¦dico? S¨ª, aplicando una arcaica norma constitucional que permite al Gobierno federal regular el comercio entre los Estados. Si as¨ª fuera, argumentan los contrarios a la norma, tambi¨¦n podr¨ªa forzarte a comer pl¨¢tanos. Es el nudo gordiano que el Supremo debe desatar. Los Tea Party, el pa¨ªs profundo subido a la sacralidad de la libertad individual como medida de todas las cosas, los que critican el activismo gubernamental del que habr¨ªa hecho uso Obama, piden ahora al Supremo que ejerza, en sentido contrario, un activismo judicial. Para hundir el Obamacare y con ¨¦l, al presidente, logrando que el Supremo priorice el derecho del ciudadano a estar enfermo y sin seguro. Parecer¨ªa un mal chiste. El juez Scalia se pregunta, Si el Congreso puede hacer esto, ?qu¨¦ no puede hacer? El presidente del tribunal, el magistrado John Roberts, de la mayor¨ªa conservadora, lo apoya al cuestionarse ?Puede el Gobierno obligar a comprar un m¨®vil porque te facilitar¨¢ responder cuando necesitas servicios de emergencia?

Lo que en el fondo se debate no es una cuesti¨®n legal sino pol¨ªtica, que es competencia del Congreso y no debiera ser judicializada, en opini¨®n de los sectores liberales. La batalla contra la ley se ha convertido en la nueva prueba de patriotismo en plena campa?a electoral. Se tratar¨ªa, para los progresistas, de desarmar al Gobierno y minar su autoridad para subsanar los fallos del mercado. Hay quien opina que si el alto tribunal acaba con la ley ¡ªsu decisi¨®n final se espera para junio¡ª incapacitar¨¢ al Gobierno federal por una generaci¨®n. El Supremo determina con sus decisiones la naturaleza de la sociedad, al ejercer, adem¨¢s de la revisi¨®n judicial, como Tribunal Constitucional. Fue el Supremo quien estableci¨® con su decisi¨®n en Roe contra Wade el derecho al aborto; quien provoc¨® la dimisi¨®n de Nixon al obligar al presidente a entregar las cintas secretas en el caso Watergate; quien decidi¨® que el rezo organizado en las escuelas p¨²blicas es ilegal y viola la Primera Enmienda de la Constituci¨®n. Cabe esperar que los nueve jueces, por encima de las pasiones pol¨ªticas, cumplan con su deber atendiendo al lema de esta instituci¨®n ¨²nica, esculpido sobre el frontal del edificio que le alberga. Equal Justice under the Law.