Las v¨ªctimas olvidadas de la violencia peruana

En Per¨², una ley de 2005 reconoce que las v¨ªctimas de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000 tienen derecho a recibir reparaciones del Estado, pero las v¨ªctimas de hechos posteriores se encuentran en una especie de limbo. Viven adem¨¢s en zonas permanentemente declaradas en emergencia, con restricciones de tr¨¢nsito y reuni¨®n. Son los olvidados entre los olvidados del conflicto terrorista.?

En los dos ¨²ltimos a?os, diez civiles han muerto a causa de acciones de fuerzas del orden en el Valle de los r¨ªos Apur¨ªmac y Ene (VRAE), en los l¨ªmites de la sierra y selva sur del pa¨ªs. El ¨²ltimo de ellos el pasado mi¨¦rcoles. Otros diez muertos civiles o desaparecidos se deben a acciones de Sendero Luminoso, de acuerdo a lo informado por la prensa en su momento. Si se suman los heridos (20) y las personas desplazadas (170), son m¨¢s de 200 v¨ªctimas de la violencia desde marzo de 2011, y m¨¢s de 300 si se consideran las bajas de polic¨ªas y militares en combate o emboscados. Ninguno tiene derecho a una indemnizaci¨®n del Estado.

Sendero Luminoso se repleg¨® en el 2000 a un reducto en Vizcat¨¢n, zona de dif¨ªcil acceso en Ayacucho, cuando la c¨²pula de la organizaci¨®n terrorista fue detenida en Lima. En 2006 el Gobierno decidi¨® enfrentarlo militarmente y en 2007 nuevamente se produjeron acciones armadas de ambos lados. Desde entonces hay v¨ªctimas en la poblaci¨®n civil contigua a las bases contrasubversivas o cercana al paso de miembros de Sendero Luminoso.

Un civil que supuestamente realizaba obras en la base contrasubversiva Uni¨®n Mantaro (Huanta, Ayacucho) fue muerto por disparos el s¨¢bado pasado. La prensa local inform¨® que se debi¨® a un ataque de Sendero Luminoso. Hasta la fecha se desconoce la identidad del ciudadano fallecido y ninguna entidad p¨²blica se pronuncia sobre el caso. En la misma semana, a las 20:30 del mi¨¦rcoles 16, un helic¨®ptero militar lanz¨® cohetes a una zona urbana del centro poblado de Nueva Esperanza. Un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indic¨® que se trat¨® de una ¡°operaci¨®n a¨¦rea disuasiva¡± contra terroristas que preparar¨ªan trampas explosivas en los caminos hacia la base contrasubversiva de Maz¨¢ngaro.

Sin embargo, horas despu¨¦s los residentes desmintieron la versi¨®n, pues los militares les hab¨ªan dicho que no salieran en esos d¨ªas a sus chacras (tierras de cultivo) porque iban a ¡°limpiar¡± la zona. Parad¨®jicamente, el hombre que muri¨® a causa de los impactos de piedras causadas por uno de los misiles?es Paulino Huam¨¢n, miembro del comit¨¦ de autodefensa, es decir, una organizaci¨®n comunal que enfrenta a Sendero Luminoso, o tambi¨¦n la delincuencia.

¡°Antes han hecho operativos en el campo ?por qu¨¦ ahora en el pueblo?¡±, coment¨® al diario La Rep¨²blica Alberto Toscano, uno de los ciudadanos que firm¨® un acta a las 6.00 del d¨ªa siguiente relatando lo ocurrido. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, reconoci¨® la noche del domingo en un programa de TV que se trat¨® de un error, que el hecho est¨¢ en investigaci¨®n y que indemnizar¨¢n a los afectados. Sin embargo, la promesa del ministro Cateriano no se inscribe en alguna formalidad institucional y los afectados no tendr¨ªan c¨®mo exigir su cumplimiento.

La ni?a de ocho a?os Zoraida Caso muri¨® durante una operaci¨®n militar que pretend¨ªa desmontar un campamento de Sendero Luminoso en Ranrapata (Jun¨ªn, sierra central). Los agentes escondieron el cuerpo en unos matorrales, entregaron a la madre y a dos hermanos a las autoridades como si hubieran sido rescatados del terrorismo. En junio de este a?o la Fiscal¨ªa indic¨® que no ten¨ªa elementos para determinar a qui¨¦n pertenec¨ªa el proyectil que le caus¨® la muerte y la investigaci¨®n qued¨® archivada. Si Zoraida Caso fuera considerada una v¨ªctima de la violencia en el marco de la ley 28592, a sus padres les corresponder¨ªa dividirse una reparaci¨®n econ¨®mica de diez mil soles, unos 3.500 d¨®lares, pero como su muerte ocurri¨® despu¨¦s del 2000, el Estado no la considera v¨ªctima de la violencia.

En Nueva Esperanza hay toque de queda a partir de las 21.00 y los que no viven en la zona tienen que pedir permiso a las autoridades militares para circular. ¡°Es otro mundo¡±, comenta a EL PA?S una fuente que estuvo en el lugar antes del ataque a¨¦reo. ¡°Es un pueblo de una sola calle, todo est¨¢ cerca, la escuela, las casas pegadas una al lado de la otra, son unas 80 familias. La base militar, a unos 50 metros¡±.

En abril del a?o pasado, la agricultora Asunci¨®n Gavil¨¢n result¨® con graves heridas producto de una operaci¨®n militar a¨¦rea con misiles en Sanabamba, Huanta, departamento de Ayacucho. Las fuerzas armadas suelen utilizar cohetes para ¡®despejar¡¯ la zona de posibles francotiradores de Sendero Luminoso. La mujer se encontraba en una zona de cultivo y fue evacuada a pie por lugare?os que la socorrieron. Tardaron dos d¨ªas en llegar a un centro de salud.

En mayo ¨²ltimo, soldados del Ej¨¦rcito dispararon contra nueve civiles que se trasladaban de madrugada en una camioneta rural en el distrito de Kepashiato (La Convenci¨®n, Cusco). Pese a que la versi¨®n militar indic¨® que desde el techo de la camioneta un hombre les dispar¨® y que ten¨ªan informaci¨®n de inteligencia de que pasar¨ªa un veh¨ªculo con narcotraficantes, los heridos se identificaron posteriormente como comerciantes conocidos en su zona de origen. Las investigaciones a¨²n no dilucidan responsabilidades: varios meses despu¨¦s el due?o de la camioneta rural reclamaba que no le devolv¨ªan su veh¨ªculo, que ten¨ªa las marcas de los disparos, y que era su herramienta de trabajo.

La Defensor¨ªa del Pueblo envi¨® el a?o pasado al Congreso una carta en la que solicita que modifique la ley 28592 para extender el per¨ªodo en el que el Estado reconoce a las v¨ªctimas de la violencia. ¡°Hemos hecho la recomendaci¨®n tambi¨¦n en dos informes defensoriales en los que evaluamos el cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones¡±, refiri¨® a EL PA?S Gisela Vignolo, la Adjunta de Derechos Humanos y Discapacidad de la Defensor¨ªa del Pueblo. El Plan Integral de Reparaciones es el conjunto de indemnizaciones econ¨®micas, y reparaciones en salud, educaci¨®n, vivienda y documentaci¨®n que el Estado debe entregar a las v¨ªctimas de la violencia.

¡°Uno de los casos emblem¨¢ticos que figura en nuestros informes es el de la se?ora Lucy Pichardo¡±, agrega Vignolo, en alusi¨®n a la muerte de cuatro familiares y la desaparici¨®n de dos ni?os en Vizcat¨¢n, durante una operaci¨®n militar en 2008. Hasta la fecha, no ha habido respuesta del Estado en torno a estos casos. El entonces ministro de Defensa, Antero Flores Ar¨¢oz, dijo que las operaciones se hicieron respetando los derechos humanos.

El padr¨®n de v¨ªctimas reconocidas por el Estado y con derecho a alguna reparaci¨®n incluye a 186.350 personas, m¨¢s de 5.600 comunidades y 46 organizaciones de desplazados por causa de la violencia. Seg¨²n la Comisi¨®n Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que coordina la entrega de reparaciones, hasta julio, 1.877 comunidades hab¨ªan recibido la compensaci¨®n colectiva que les corresponde, es decir, el 32% de los afectados.

De las m¨¢s de 70.000 personas que tienen derecho a una reparaci¨®n econ¨®mica, ¡°se ha beneficiado a 17.652, el 23% del universo¡±, report¨® CMAN en su informe anual difundido en julio. En Per¨² tienen derecho a los diez mil soles las personas o sus familiares directos que hayan sufrido asesinato, ejecuci¨®n arbitraria o extrajudicial, desaparici¨®n forzada, violaci¨®n sexual, o que como consecuencia de atentados o agresiones tengan una discapacidad f¨ªsica o mental permanente, parcial o total. A estas reparaciones no tienen acceso las v¨ªctimas de la violencia que sigue sufriendo el pa¨ªs andino.