Tres escollos a un paso de la paz
La amnist¨ªa, la reincorporaci¨®n de las FARC a la vida civil y la verificaci¨®n e implementaci¨®n de los acuerdos est¨¢n pendientes
Tras tres procesos de paz fallidos entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejercito del Pueblo (FARC-EP) desde 1984, el m¨¢s largo y cruento conflicto armado interno del Hemisferio Occidental est¨¢ pr¨®ximo a finalizar mediante unas conversaciones de paz iniciadas en noviembre de 2012 en Oslo (Noruega) y desarrolladas en Cuba.
Los acuerdos sobre 'Cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades', 'Dejaci¨®n de armas' y 'Garant¨ªas de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo' suscritos el pasado 23 de junio en La Habana, suponen el fin de la guerra iniciada cuando en 1964 los campesinos de la regi¨®n de Marquetalia -antiguos guerrilleros liberales que desde 1948 confrontaron con los conservadores y las fuerzas militares en la en¨¦sima guerra civil colombiana- se alzaron en armas para resistir una vasta operaci¨®n militar que pretend¨ªa expulsarles de las tierras por ellos colonizadas tras el fin de la anterior guerra.
En La Habana se han alcanzado acuerdos que tanto abordan las causas estructurales del conflicto, como pretenden paliar los efectos de este: ¡°Reforma Rural Integral¡±, ¡°Participaci¨®n Pol¨ªtica¡±, ¡°Sustituci¨®n de cultivos de uso il¨ªcito¡±, ¡°Descontaminaci¨®n de Restos Explosivos de Guerra, Municiones sin explotar y minas antipersonas¡±, ¡°Victimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci¨®n y Garant¨ªas de No repetici¨®n¡± y ¡°B¨²squeda de personas desaparecidas¡±.
Estos acuerdos pretenden acabar con la desigualdad econ¨®mica y social existente entre el campo y la ciudad y garantizar el derecho de propiedad de los peque?os campesinos, poniendo fin al despojo de tierras; erradicar de la acci¨®n pol¨ªtica la pr¨¢ctica del exterminio f¨ªsico de los opositores; cerrar definitivamente la frontera agr¨ªcola del pa¨ªs, protegiendo la biodiversidad del bosque h¨²medo y garantizando la comercializaci¨®n y los precios de cultivos l¨ªcitos, ofreciendo as¨ª alternativas a los campesinos para sobrevivir sin tener que recurrir a los cultivos de uso il¨ªcito; limpiar de restos explosivos de guerra los campos tras 50 a?os de guerra que ha convertido a Colombia en uno de los pa¨ªses m¨¢s contaminado por explosivos; poner en marcha un innovador sistema de justicia restaurativa para la paz que deber¨¢ garantizar los derechos de las v¨ªctimas y exigir responsabilidades a todos los que hayan sido victimarios, no solo a los combatientes, sino por primera vez tambi¨¦n a civiles que han instigado, financiado u organizado el conflicto y la guerra sucia; y dar con el paradero de los m¨¢s de 50.000 desaparecidos por motivos relacionados con el conflicto interno contabilizados desde los a?os 80 hasta hoy.
De especial importancia es el acuerdo sobre ¡°Garant¨ªas de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo¡±, fen¨®meno estructural en Colombia donde diversos ej¨¦rcitos privados de extrema derecha en manos de latifundistas y ganaderos, con obvia permisividad del Estado, han exterminado a la oposici¨®n democr¨¢tica y despojado ocho millones de hect¨¢reas, provocando siete millones de desplazados internos que hoy malviven en inmensas bolsas de miseria urbanas.
El ¨¦xito del proceso de paz est¨¢ estrechamente relacionado con la existencia de procesos de integraci¨®n regional en Am¨¦rica Latina desde el inicio del siglo XXI. CELAC, Unasur, Alba, Mercosur, son procesos incompatibles con la existencia de conflictos armados en sus fronteras si quieren resultar exitosos. En ese contexto, el derecho internacional ha sido la legalidad utilizada por ambas partes para construir acuerdos.
Los ¨²ltimos pasos en los procesos de paz suelen ser los m¨¢s dif¨ªciles y tres son los escollos que quedan para la firma del Acuerdo Final: la amnist¨ªa e indulto para combatientes, condenados por causas pol¨ªticas y protesta social, y por delitos de exclusi¨®n social relacionados con el conflicto; el acuerdo sobre ¡°reincorporaci¨®n de las FARC-EP a la vida civil, en lo econ¨®mico, lo social y lo pol¨ªtico, de acuerdo con sus intereses¡±; y los mecanismos de implementaci¨®n y verificaci¨®n de los acuerdos.
Tras haberse alcanzado acuerdos que silencian las armas rebeldes, existe alto riesgo de que el Gobierno colombiano pretenda sustanciar la ¡°reincorporacion¡± a modo de tr¨¢mite, argumentando la debilidad de las finanzas p¨²blicas para eludir la puesta en marcha de programas que reincorporen eficazmente a quienes durante cincuenta a?os estuvieron alzados en armas. Este error ser¨ªa tr¨¢gico, debilitar¨ªa el proceso de dejaci¨®n de armas y acercar¨ªa peligrosamente la Colombia del fin de la guerra a lo ocurrido en Guatemala o en El Salvador, pa¨ªses donde los ¨ªndices de violencia y armas en manos de la poblaci¨®n civil son m¨¢s altos hoy en paz, que durante los a?os de guerra. Los ¡°fondos de misiones de paz¡± de Naciones Unidas cuentan con recursos para implementar exitosamente la ¡°reincorporacion¡± durante al menos 5 a?os, por lo que corresponde a la Comunidad Internacional ponerlos a disposici¨®n de Colombia junto a otros compromisos financieros bilaterales, hasta ahora escasos, imprescindibles para la implementaci¨®n de los acuerdos.
Tras 52 a?os de guerra, la construcci¨®n de confianza entre las partes exige verificar lo acordado, no solamente los compromisos de dejaci¨®n de armas de las FARC-EP -los ¨²nicos respecto a los que hasta ahora se acord¨® un mecanismo de verificaci¨®n, mediante la Resoluci¨®n 2261 del Consejo de Seguridad-, tambi¨¦n los del Gobierno de poner en marcha reformas pol¨ªticas y sociales estructurales, especialmente lo referido al respeto de los derechos humanos. La verificaci¨®n deber¨ªa ser efectuada por la Comunidad Internacional, ampliando el objeto de la Resoluci¨®n 2261. La Uni¨®n Europea podr¨ªa desempe?ar un importante papel, pero para ello deber¨¢ corregir el error pol¨ªtico y diplom¨¢tico que supuso la inclusi¨®n de la guerrilla colombiana en las listas de organizaciones terroristas tras el 11-S.
Enrique Santiago es asesor jur¨ªdico de la delegaci¨®n de las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana
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