La guerra contra la droga en Filipinas avanza a un ritmo de mil muertos por mes
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos piden a la comunidad internacional m¨¢s firmeza contra la campa?a del presidente Duterte
M¨¢s de 7.000 muertos en siete meses. Este es el balance oficial de la pol¨¦mica guerra contra las drogas que puso en marcha Rodrigo Duterte en cuanto asumi¨® la presidencia de Filipinas. Acabar con los criminales fue uno de los pilares de su candidatura, que recibi¨® el apoyo en las urnas de la mayor¨ªa de los votantes. Y, una vez en el poder, no ha dudado en hacer cumplir lo que prometi¨®: desde el 1 de julio, 7.042 presuntos narcotraficantes y consumidores han perdido la vida.
Seg¨²n datos oficiales publicados esta semana, 2.517 personas fueron abatidas por las fuerzas de seguridad, mientras que la muerte de las 4.525 restantes es responsabilidad de "hombres armados no identificados". Se trata de patrullas o grupos de vigilancia informales que, seg¨²n denuncian varias organizaciones de defensa de derechos humanos y pol¨ªticos de la oposici¨®n, act¨²an con el benepl¨¢cito del Gobierno para llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. La polic¨ªa justifica las m¨¢s de 2.500 muertes atribuidas a uniformados alegando que las v¨ªctimas "se resist¨ªan al arresto y dispararon contra los agentes". El n¨²mero de polic¨ªas muertos durante las operaciones antidroga asciende a 35; los arrestos superan los 52.000.
"Las fuerzas de seguridad no han proporcionado pruebas de que los agentes hayan actuado en leg¨ªtima defensa. Hay tambi¨¦n acusaciones de que detr¨¢s de los asesinatos por 'hombres armados no identificados' est¨¢n los llamados escuadrones de la muerte, formados por polic¨ªas de paisano", asegura un comunicado de?Human Rights Watch (HRW). A pesar de las sospechas y denuncias de abuso de poder, la agencia policial tiene el pleno apoyo del presidente Duterte, que hasta ha otorgado recompensas a los agentes heridos durante estas operaciones.
La polic¨ªa del pa¨ªs asi¨¢tico ha estado en los ¨²ltimos d¨ªas en el centro de la pol¨¦mica por la escabrosa muerte del empresario surcoreano Jee Ick-Joo, afincado en el pa¨ªs asi¨¢tico. Un grupo de hombres armados accedi¨® a su casa el pasado octubre y lo secuestr¨®. Tras pedir un rescate a su mujer, acabaron con su vida. La investigaci¨®n posterior ha concluido que, entre los asaltantes, hab¨ªa miembros del cuerpo de seguridad nacional, que recurrieron a la campa?a antidrogas de la administraci¨®n y a una falsa orden de arresto para cometer el crimen.
La senadora Leila de Lima, que se ha erigido como una de las voces m¨¢s cr¨ªticas del pa¨ªs con Duterte, defendi¨® en un discurso que la campa?a antidroga del nuevo presidente ha creado "una cultura de la impunidad". "Si se le da licencia a la polic¨ªa para que realice esas ejecuciones sumarias, tambi¨¦n se le est¨¢ dando licencia para cometer m¨¢s abusos", dijo, calificando esta particular cruzada del presidente como "un acto desvergonzado, deshonroso y cobarde de asesinatos en serie".
Desde HRW denuncian que varios Gobiernos cercanos a Filipinas est¨¢n "haciendo la vista gorda" ante la situaci¨®n en la que se encuentra el pa¨ªs. "Hasta que no haya una oposici¨®n nacional e internacional coordinada a esta carnicer¨ªa, el n¨²mero de muertos de la guerra contra las drogas de Duterte continuar¨¢ aumentando", ha sentenciado la organizaci¨®n.
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