Un informe revela el control que ejerc¨ªan Los Zetas en M¨¦xico

Un informe de la Universidad de Texas, que recoge los testimonios de diferentes juicios contra miembros de Los Zetas en Estados Unidos, expone c¨®mo el sanguinario cartel mexicano se hizo con el control de los Estados mexicanos de Coahuila y Veracruz. Los testimonios recabados detallan los sobornos a funcionarios p¨²blicos ¡ªdesde polic¨ªas hasta gobernadores¡ª, una red de lavado de dinero vinculada a la estatal Pemex y hasta el poder sobre el centro penitenciario de la ciudad fronteriza de Piedras Negras. El estudio denuncia que Los Zetas alcanzaron unas cotas de impunidad tan altas que lograron erigirse como el ¨²nico poder de facto en aquellas entidades.

El estudio parte de las declaraciones de 24 testigos ¡ªla mayor¨ªa exmiembros del grupo criminal¡ª en tres juicios federales contra integrantes de Los Zetas que se realizaron en San Antonio, Austin y Del Rio (Texas) entre 2013 y 2016. "Las dos conclusiones principales que surgen de los testimonios son que el cartel de Los Zetas cometi¨® numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad. La segunda es que las instituciones y funcionarios p¨²bicos de Coahuila tuvieron un papel, ya sea por acci¨®n u omisi¨®n, en la comisi¨®n de estos abusos", resumi¨® en un comunicado este lunes el centro de estudios.

Varios testigos, siempre seg¨²n el informe, describieron sobornos de millones de d¨®lares pagados a los hermanos Humberto y Rub¨¦n Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila ¡ªque han gobernado la entidad durante los ¨²ltimos 10 a?os seguidos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI)¡ª a cambio del control total del Estado.

Seg¨²n el informe, que en este otro caso se basa en la declaraci¨®n ministerial de un agente del FBI, uno de los fundadores de Los Zetas, Efra¨ªn Torres, financi¨® la campa?a del pri¨ªsta Fidel Herrera rumbo a la gubernatura de Veracruz. Herrera gobernar¨ªa esa entidad desde 2004 hasta 2010.

As¨ª es c¨®mo, seg¨²n el centro de estudios, oper¨® durante d¨¦cadas esta organizaci¨®n criminal, fundada a finales de los a?os noventa por 31 miembros de las fuerzas especiales del Ej¨¦rcito mexicano y guatemalteco y que acab¨® convirti¨¦ndose r¨¢pidamente en una de las m¨¢s sanguinarias del narco mexicano.?

Carreras de caballos y servicios petroleros

El centro de estudios explica que el lavado de dinero de Los Zetas se concentraba principalmente en dos negocios clave: las carreras fraudulentas de caballos y una compa?¨ªa de servicios petroleros. ADT Petroservicios serv¨ªa ¡ªseg¨²n el testimonio de Jos¨¦ Carlos Hinojosa (exfiscal convertido en contador de Los Zetas)¡ª "para construir carreteras, hacer proyectos de Pemex, perforar, limpiar y cosas as¨ª, cualquier cosa para que Pemex los contratara". Los testimonios no se?alan, no obstante, de manera directa a los funcionarios de la empresa petrolera nacional.?

El informe expone que esta firma "es especialmente importante por sus supuestas transacciones con el Estado, particularmente con gobernadores". Y a?ade, seg¨²n el testimonio de Hinojosa: "Gracias al financiamiento intensivo de Los Zetas y a los contratos p¨²blicos que se le asignaron, ADT Petroservicios creci¨® y se expandi¨® hasta convertirse en una de las piezas clave para las operaciones de lavado de dinero del cartel".?

Territorios controlados por el cartel

Los testigos de los tres juicios declararon sobre el "control" de Los Zetas en varios Estados. Rodrigo Humberto Uribe (asesor de inversiones y encargado de lavado de dinero de la banda en Coahuila) mencion¨® en su declaraci¨®n que los Estados de Nuevo Le¨®n, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis Potos¨ª y Puebla estaban bajo un "control total" del grupo criminal. Otros testigos a?adieron detalles sobre este control, que estaba basado en la violencia y la corrupci¨®n.?

Mordidas a polic¨ªas y el jefe de plaza

Seg¨²n la declaraci¨®n de Uribe, recogida por el informe, el control de las fuerzas de seguridad consist¨ªa en dos estrategias clave. La primera se trataba de pagarle directamente a los polic¨ªas locales, "para evitar que interfirieran con sus operaciones e involucrarlos activamente en las mismas". La segunda, m¨¢s elaborada, consist¨ªa en que el jefe de la polic¨ªa se ten¨ªa que reportar directamente con el jefe de la plaza ¡ªel l¨ªder designado por el cartel para una ciudad o zona¡ª bajo amenaza de muerte.

As¨ª resume el informe, seg¨²n el testimonio de Marlon Campos Salmer¨®n (polic¨ªa municipal y traficante de drogas y armas para el grupo): "Los Zetas mantuvieron el control sobre la polic¨ªa, garantizando su cooperaci¨®n a trav¨¦s de la intimidaci¨®n y la fuerza. Si polic¨ªa se negaba a hacer ciertas cosas, lo amenazaban a ¨¦l y a su familia".

Control de la c¨¢rcel y de los fiscales

En la declaraci¨®n de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez ¡ªconsiderado por el informe como "narcotraficante para proveedores de alto nivel de Los Zetas¡ª, se se?alaba que "la prisi¨®n de Piedras Negras estaba bajo el control total de Los Zetas". Seg¨²n a?ade, el cartel usaba la prisi¨®n para sus operaciones, que iban desde el arreglo de autom¨®viles para esconder la droga, hasta la venta y distribuci¨®n. Tambi¨¦n, Piedras Negras, seg¨²n su testimonio, se convirti¨® en un refugio de los criminales para esconderse de la Marina y la Polic¨ªa Federal.?

Otro testigo comentaba que de aquella c¨¢rcel los prisioneros "pod¨ªan entrar y salir cuando quisieran". El informe concluye que "no hab¨ªa encarcelamiento estricto". Seg¨²n el testimonio de Rodr¨ªguez, "cuando los miembros de Los Zetas eran sentenciados a servir condenas en la c¨¢rcel, ten¨ªan acceso a drogas, alcohol, armas, televisiones, celulares, refrigeradores, mujeres y fiestas, adem¨¢s de cuartos propios".?

Adem¨¢s del control de la c¨¢rcel, los testigos apuntan a que el cartel pagaba "grandes sumas de dinero a la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) y a la Procuradur¨ªa General de Justicia del Estado de Coahuila para que los cargos penales se desechasen" y "para asegurarse de que algunas denuncias no fueran investigadas".? La novia de un sicario, considerada como testigo en otro juicio, se?al¨® que su pareja pag¨® 167.000 pesos (casi 9.000 d¨®lares) para ser liberado de la prisi¨®n y para que se eliminasen los cargos en su contra.