Duque objeta la ley que reglamenta la justicia de paz en Colombia

El presidente de Colombia, Iv¨¢n Duque, ha anunciado que se propone modificar la justicia transicional surgida de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC. Lo hizo durante su esperada alocuci¨®n de este domingo por la noche para explicar sus reparos a la ley que reglamenta la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del pacto. El sistema encargado de juzgar los cr¨ªmenes m¨¢s graves cometidos durante el conflicto armado establece penas alternativas a la c¨¢rcel para los antiguos combatientes a cambio de confesar sus cr¨ªmenes y reparar a las v¨ªctimas.

¡°He decidido realizar objeciones a seis de los 159 art¨ªculos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la Rep¨²blica las debata constructivamente¡±, manifest¨® Duque. Dos de esos art¨ªculos se refieren a la extradici¨®n de excombatientes por conductas posteriores a la firma del acuerdo, un punto particularmente controvertido por el caso del exjefe guerrillero Jes¨²s Santrich, solicitado por la justicia de Estados Unidos. Los anuncios del mandatario lo alinean con su partido, el Centro Democr¨¢tico, y su mentor pol¨ªtico, el expresidente ?lvaro Uribe, los m¨¢s f¨¦rreos opositores al pacto sellado con la que fuera la guerrilla m¨¢s antigua de Am¨¦rica, hoy desarmada y convertida en un partido pol¨ªtico con 10 esca?os en el Legislativo.

¡°Existen al menos tres aspectos del actual ordenamiento constitucional sobre la justicia transicional que debemos avanzar para ser modificados¡±, agreg¨® Duque, cr¨ªtico de los acuerdos que firm¨® a finales de 2016 su predecesor,?Juan Manuel Santos. El Ejecutivo se propone presentar ante el Congreso una reforma constitucional que excluya de esa jurisdicci¨®n los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perder¨¢ todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecut¨¢ndose despu¨¦s ser¨¢ competencia de la justicia ordinaria.

Las objeciones del mandatario agitan el debate pol¨ªtico y jur¨ªdico, tienen un importante peso simb¨®lico y eventualmente podr¨ªan obstaculizar el funcionamiento de la JEP al retrasar algunas normas clave. Sin embargo, la jurisdicci¨®n, que ya est¨¢ en marcha desde comienzos de 2018, puede seguir funcionando incluso sin ese reglamento. El proyecto de ley ¡ªque ya hab¨ªa superado el filtro de la Corte Constitucional¡ª deber¨¢ regresar al Congreso, donde hab¨ªa tenido un paso tortuoso. All¨ª, para agravar la incertidumbre, el Gobierno carece de las mayor¨ªas que le aseguren que el Legislativo acoger¨¢ sus reparos. ¡°Respetar¨¦ las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso¡±, enfatiz¨® Duque.

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Hasta el momento, la JEP ha abierto siete grandes procesos, que incluyen un caso por secuestros contra la c¨²pula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y otro sobre el esc¨¢ndalo de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate por el Ej¨¦rcito. En la actualidad, 11.700 personas se han sometido a la JEP, de las cuales poco menos de 10.000 son exguerrilleros de las FARC y casi 2.000 son militares.

¡°A las v¨ªctimas, a los comparecientes, a la sociedad y a la comunidad internacional, queremos reiterarles que la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz seguir¨¢ funcionando plenamente¡±, manifest¨® Patricia Linares, su presidenta, despu¨¦s de la alocuci¨®n. La "tradici¨®n democr¨¢tica" de Colombia, a?adi¨®, ¡°garantizar¨¢ el funcionamiento de la JEP en el marco del proceso que sigue para contar con una decisi¨®n definitiva sobre la Ley Estatutaria, una importante herramienta, que servir¨¢ para afianzar principios democr¨¢ticos esenciales, como el de debido proceso y el de seguridad jur¨ªdica¡±. Su declaraci¨®n no mencion¨® las otras modificaciones que se propone el mandatario.

M¨¢s de cien personalidades ¡ªincluyendo a los equipos negociadores del Gobierno y las FARC y 33 congresistas de distintos partidos¡ª enviaron este lunes una carta al secretario general de la ONU, Ant¨®nio Guterres, expresando su ¡°profunda preocupaci¨®n por los intentos de lesionar gravemente la implementaci¨®n del Acuerdo¡±. Para los firmantes, Duque ¡°persiste en formular nuevos obst¨¢culos, o en intentar revivir debates ya superados en el tr¨¢mite legislativo¡±, y la reforma constitucional ¡°supondr¨ªa una variaci¨®n unilateral del acuerdo de paz¡±.

Diversas voces, que incluyeron a la magistrada Linares, los pa¨ªses garantes ¡ªCuba y Noruega¡ª e incluso a la fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional, le hab¨ªan pedido a Duque sancionar la ley estatutaria. Objetarla podr¨ªa generar inseguridad jur¨ªdica y desconfianza entre los excombatientes, advert¨ªan. Otros sectores, encabezados por el expresidente Uribe ¡ªun cr¨ªtico incansable del sistema de justicia restaurativa que ha llegado a pedir derogar la JEP¡ª y el fiscal general, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, hab¨ªan ventilado sus reparos a la entrada en vigencia de la norma.

Con un amplio respaldo de la comunidad internacional, la JEP ¡ªen conjunto con la Comisi¨®n de la Verdad y la Unidad de B¨²squeda de Personas Dadas por Desaparecidas¡ª hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparaci¨®n contemplado en el pacto. La jurisdicci¨®n ha estado bajo fuego constante, y las cr¨ªticas han arreciado tras la reciente captura de Juli¨¢n Bermeo, un fiscal del sistema, mientras recib¨ªa fajos de billetes, en un episodio que no ha sido plenamente esclarecido. La fiscal¨ªa general ¡ªconstantemente enfrentada a la JEP¡ª alega que ped¨ªa sobornos para ¡°incidir¡± en el proceso de extradici¨®n de Santrich, pero desde su posici¨®n no ten¨ªa injerencia en esa decisi¨®n.

Duque, que tom¨® posesi¨®n el pasado 7 de agosto, prometi¨® en campa?a que no llegar¨ªa a ¡°hacer trizas¡± los acuerdos de paz, como exig¨ªan los sectores m¨¢s intransigentes de su partido, solo a ¡°corregir¡± aspectos puntuales. La negociaci¨®n con las FARC dividi¨® por mitades a la sociedad. Ya en el poder, el mandatario, que afirma querer superar esa polarizaci¨®n, se ha ausentado en las grandes citas relacionadas con los acuerdos: no asisti¨® al inicio de las labores de la Comisi¨®n de la Verdad, ni a la apertura de Fragmentos, el contramonumento de Doris Salcedo construido con el metal fundido de las armas de las FARC. Su Gobierno, entre otros gestos llamativos, ha desterrado la palabra ¡°posconflicto¡± del lenguaje oficial.