Filipinas abandona la Corte Penal Internacional
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, no quiere que la justicia internacional investigue su lucha contra la droga, que ha causado 7.000 muertos
Filipinas ha abandonado la Corte Penal Internacional (CPI) un a?o despu¨¦s de que Rodrigo Duterte, el presidente filipino, anunciara la decisi¨®n de darse de baja de la ¨²nica instancia permanente con capacidad para juzgar el genocidio los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad. La fiscal¨ªa analiza de forma preliminar los supuestos delitos cometidos en el pa¨ªs desde julio de 2016 ¡°en el marco de la guerra contra las drogas¡±, pero Duterte considera que intentan violar la soberan¨ªa nacional de su pa¨ªs y su presunci¨®n de inocencia. Las propias autoridades filipinas cifran en 7.000 los muertos durante las redadas policiales. En 2017, Burundi tambi¨¦n se retir¨® de la CPI, que en su caso, investiga ya oficialmente la comisi¨®n de supuestos cr¨ªmenes contra la humanidad dentro y fuera del pa¨ªs -entre 2015 y 2017- por parte de varios de sus nacionales contra opositores del presidente, Pierre Nkurunziza.
Duterte anunci¨® en 2018 la salida de Filipinas de la CPI, pero ha tenido que esperar un a?o para hacerla efectiva. Es el plazo impuesto por el Estatuto de Roma, texto fundacional de la instituci¨®n. De todos modos, los fiscales continuar¨¢n con sus investigaciones exploratorias puesto que ¡°la jurisdicci¨®n de la Corte se mantiene respecto a los hechos ocurridos antes de la retirada de un pa¨ªs miembro¡±, seg¨²n explican sus portavoces. El Gobierno filipino asegura que su sistema judicial funciona ¡°perfectamente¡±, y el propio presidente ha amenazado ¡°con detener a Fatou Bensouda¡±, la fiscal jefe de la CPI, ¡°si entra en el pa¨ªs¡±.
Aunque los ex¨¢menes preliminares no garantizan la apertura de un caso, son obligatorios para poder hacerlo. En esta ocasi¨®n, se derivan, respectivamente, de sendas denuncias presentadas por familiares de 8 v¨ªctimas, que acusan a Duterte de asesinato, y por el abogado de dos presuntos sicarios que cumpl¨ªan supuestas ¨®rdenes oficiales. El presidente filipino lleg¨® al poder en 2016 con la promesa de acabar con el problema de las drogas. Sus m¨¦todos han sido condenados por la violencia de las redadas policiales, saldadas con muertos entre presuntos traficantes y consumidores. Human Rights Watch ha indicado que la situaci¨®n solo cambiar¨¢ ¡°si se logra un acuerdo nacional o internacional para impedir este tipo de m¨¦todos indiscriminados¡±.
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