Las olvidadas de la paz

En las calles de Florencia, la capital del departamento colombiano de Caquet¨¢ (sur del pa¨ªs), los veh¨ªculos se detienen cuando el sem¨¢foro est¨¢ en rojo y los motoristas llevan casco. Las aceras est¨¢n limpias y las tiendas y bares llenan unas calles por las que se pasea con tranquilidad. Cuesta percibir que, en este lugar, como en tantos otros de Colombia, levantar la voz, protestar, denunciar o quejarse se paga hasta con la vida. Caquet¨¢ bien podr¨ªa ser una radiograf¨ªa de la Colombia actual: el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC transmite la imagen de un pa¨ªs en v¨ªas de reconciliaci¨®n en donde, al levantar la alfombra, se descubre una guerra sucia y silenciosa por la que se est¨¢ asesinado a l¨ªderes sociales con impunidad. Una guerra especialmente cruenta contra las mujeres.

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Las olvidadas de la paz en Colombia

Mar¨ªa (nombre ficticio para proteger su identidad) es una de estas l¨ªderes sociales. Vive y trabaja en un municipio caquete?o. Hace unos d¨ªas, esperaba para cruzar la calle en Florencia cuando un motorista se detuvo a su lado. Acerc¨® la cabeza y, con la voz retumbando desde dentro del casco, le dijo: ¡°No deber¨ªa usted ir con ese bolso tan bonito. Si no, cuando la matemos, van a pensar que lo hicimos para robarle. Y su muerte no habr¨¢ valido de nada¡±. Despu¨¦s el motorista arranc¨® y dej¨® a Mar¨ªa paralizada, aferrada a su bolso como si aquella amenaza tuviera algo que ver con ¨¦l.

En Colombia, el acuerdo de paz alivi¨® los indicadores de violencia: la tasa de homicidios de 2017 fue la m¨¢s baja de los ¨²ltimos 50 a?os, seg¨²n el Ministerio del Interior. Hay, sin embargo, un reverso. Desde que se firm¨® la paz, la violencia contra defensores de los derechos humanos, l¨ªderes sociales y sindicales se ha disparado. Seg¨²n los datos del informe de Oxfam Interm¨®n Defensoras de la tierra. El territorio y el ambiente: guardianas de la vida, basados en el Programa Somos Defensores y que la organizaci¨®n tiene previsto publicar estos d¨ªas, el asesinato de activistas pas¨® de 35 en 2016 a 126 en 2018. En total, desde la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados 212 personas. Otras organizaciones doblan y hasta triplican esa cifra. La muerte m¨¢s reciente se registr¨® el pasado viernes en Tierralta (departamento de C¨®rdoba), donde Mar¨ªa del Pilar Hurtado Monta?o, de 34 a?os y dirigente social amenazada por paramilitares, fue asesinada a tiros delante de su hijo.

¡°Nos est¨¢n exterminando¡±, resume con contundencia Mar¨ªa. Cada d¨ªa, sola o con alguna compa?era, recorre kil¨®metros de municipio en municipio en su lucha contra este escenario de impunidad. Asesoran y ayudan a otras mujeres, se re¨²nen con instituciones, imparten talleres, llevan a cabo protestas, denuncian la violencia¡­ ¡°Muchas veces agarramos la moto a las cuatro de la ma?ana y nos vamos a un municipio a muchos kil¨®metros¡±, cuenta Mar¨ªa. ¡°Yo me veo ah¨ª, con mi casco incrustado, peque?ita en la moto en mitad de la oscuridad y pienso: ¡®?Pero qu¨¦ hacemos aqu¨ª? Nos van a matar¡±.

Testimonio de activista colombiana

A machetazos

EL PA?S y Oxfam Interm¨®n, en un viaje organizado por la ONG, acompa?an a Mar¨ªa en una de sus salidas en la primera semana de junio. En una de las m¨¢s duras posible. Hoy toca visitar a Dilcia. Vive en Obrero, el barrio m¨¢s humilde e imprevisible de Florencia. El pasado noviembre, Dilcia (prefiere no dar el apellido) conoci¨® a un hombre despu¨¦s de haber enviudado a?os antes. Aquel tipo se fue a vivir con ella y sus dos hijos, una ni?a de 13 a?os y un ni?o de ocho. La noche que a Dilcia y a los peque?os les cambi¨® la vida fue en la que el hombre se despert¨® en plena madrugada e intent¨® meterse en la cama de la ni?a. La madre se levant¨®, intent¨® echarlo de casa y, como respuesta, recibi¨® 18 machetazos. Desafiando a la l¨®gica, lleg¨® viva al hospital, con la cara desfigurada, las manos colgando tras intentar parar los golpes del machete y la espalda y la cadera abiertas por los profund¨ªsimos cortes. Laura, otra de las activistas, y Mar¨ªa se presentaron aquel d¨ªa en el sanatorio, exigieron el traslado a otro centro mejor equipado y ayudaron a la familia en su odisea con la polic¨ªa y la fiscal¨ªa. ¡°En comisar¨ªa me preguntaron si hab¨ªan podido grabar la agresi¨®n. Para tener pruebas¡±, cuenta la hija mayor de Dilcia, con una mueca contenida de indignaci¨®n. ¡°Si hab¨ªa podido grabar c¨®mo le daban machetazos a mi madre¡­¡±. Mar¨ªa completa: ¡°Cuando decimos que aqu¨ª no llega el Estado nos referimos a esto: los polic¨ªas, los fiscales, no conocen las leyes ni los protocolos. Estamos indefensas¡±.

Dilcia vive hoy con sus dos hijos. Salv¨® sus manos, que cuelgan sin fuerza de los brazos. Ha empezado a caminar y se esfuerza por hablar mientras tres cicatrices cruzan su cara, desfigurada para siempre. El agresor nunca fue detenido. Y ella no se atreve a salir de casa. Tras la visita, Mar¨ªa tiene decenas de compromisos. Es su d¨ªa a d¨ªa. Y lo hace sin ning¨²n tipo de protecci¨®n. ¡°A veces las amenazas llegan a trav¨¦s de un polic¨ªa. Un agente que se acerca y nos advierte de que dejemos de alborotar. Para ellos somos guerrilleras, feministas, subversivas. Para ellos somos una molestia¡±, dice.

Y en ese ¡°ellos¡± se contiene, probablemente, lo m¨¢s terror¨ªfico: ¡°El enemigo, quien nos amenaza, no tiene forma clara. No sabemos qui¨¦n lo manda, si son paramilitares, si son guerrilleros, si son sicarios¡­ No sabemos si lo env¨ªa alg¨²n pol¨ªtico. Hay un enemigo intangible que est¨¢ por todos lados y al que molestamos¡±.

Ana, otra activista que necesita ocultar su nombre real y que trabaja en ¨¢reas rurales de Caquet¨¢, explica: ¡°En las zonas que estaban controladas por las FARC se hab¨ªa creado una especie de contrapoder, de contra-Estado. Hab¨ªa excesos, ten¨ªamos miedo de la guerrilla, pero hab¨ªa un orden. Desde que se han ido todo est¨¢ fuera de control. Los grupos armados se han repartido los territorios, act¨²an impunemente y defienden sus intereses que, casi siempre, tienen que ver con la coca o con la explotaci¨®n de recursos [naturales]. Y el Estado no hace nada. No ha aparecido por aqu¨ª¡±. Estos grupos armados, aglutinados por el Gobierno bajo el acr¨®nimo de Bacrim (bandas criminales) incluyen a grupos paramilitares no desmovilizados, narcos, guerrilleros del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN, que sigue activo) y disidentes de las FARC.

Sus intereses est¨¢n en el suelo, que es la ra¨ªz de este laberinto. El conflicto colombiano naci¨® por ¨¦l, por su reparto y pertenencia, y se perpetu¨® entre guerrilleros autodenominados defensores del campesinado y terratenientes aliados con fuerzas paramilitares e intereses estatales. Y por el suelo sigue corriendo la sangre. Pese a los acuerdos de paz, todav¨ªa miles de hect¨¢reas est¨¢n fuera de control. El 81% de la tierra en Colombia est¨¢ en manos del 1% de la poblaci¨®n, seg¨²n Oxfam Interm¨®n. El segundo reparto m¨¢s desigual de Am¨¦rica Latina. En muchas de estas hect¨¢reas se cultiva coca, se extraen minerales (legal e ilegalmente), se deforesta para ganader¨ªa o se despueblan narcocorredores con presencia de carteles mexicanos. Aida Pesquera, directora de Oxfam Interm¨®n Colombia, va m¨¢s all¨¢: ¡°No es solo incomparecencia del Estado, que tambi¨¦n. Es un silencio deliberado. Hay grupos armados que est¨¢n actuando al servicio de intereses de empresas y pol¨ªticos. Y el Gobierno no est¨¢ haciendo nada¡±.

Testimonio de activistas colombianas

La consecuencia de todo esto es que mujeres como Mar¨ªa, defensora de derechos humanos de Caquet¨¢ ¡ªal igual que mujeres de tantos otros departamentos¡ª, no pueden pasar un solo d¨ªa tranquilas. Compartir con ellas solo unas horas supone hablar a susurros, entrar en tensi¨®n cuando un todoterreno de lunas tintadas pasa dos veces por nuestro lado o no responder si alguien pregunta qu¨¦ hacemos o d¨®nde estamos alojados. No se puede confiar en nadie. Ellos est¨¢n en todas partes.

Es la cara oculta de Colombia. El 9 de octubre de 2018, en Riohacha, la capital del departamento de La Guajira, al norte de Colombia frontera con Venezuela, aparecieron unos panfletos. En ellos se pod¨ªa leer el nombre de algunas activistas de la asociaci¨®n Fuerza de Mujeres Way¨²u, un grupo de ind¨ªgenas que protesta contra la explotaci¨®n irregular que, afirman, se est¨¢ produciendo en su territorio por parte de multinacionales mineras. El firmante de las octavillas era un grupo paramilitar autodenominado ?guilas Negras. Un mes despu¨¦s, un nuevo panfleto. Esta vez en Facebook y con nuevos nombres de mujeres.

El tercero apareci¨® hace solo unas semanas. ¡°Todos salieron despu¨¦s de haber conseguido alg¨²n logro en el tribunal contra las empresas mineras de la zona¡±, dice Janet Pareja, de la organizaci¨®n ind¨ªgena.

Miedo y vigilancia

¡°Cuando lees tu nombre en un panfleto¡­ Bueno, te lo niegas. Si lo pienso despacio, si me paro a pensar que me quieren matar¡­ Pues no podr¨ªa seguir. S¨¦ que debo tener precauci¨®n. Pero debo seguir¡±, comenta Evelin, una de las portavoces. M¨®nica, compa?era de la asociaci¨®n, a?ade: ¡°Yo no duermo. No soy capaz. Dos primos m¨ªos se quedan vigilando toda la noche¡±. M¨®nica perdi¨® hace meses al beb¨¦ que llevaba dentro y lo achaca al estr¨¦s y la tensi¨®n. Las dos, junto a Janet, Norka y el resto de sus compa?eras, llevan a?os levantando la voz contra lo que consideran un trato injusto por parte de una empresa minera que extrae carb¨®n en esta zona de La Guajira (noreste del pa¨ªs).

Dicen las mujeres que esta empresa est¨¢ contaminando, secando r¨ªos, vaciando pueblos, desplazando vecinos y, todo ello, sin que la riqueza que produce repercuta en la comunidad. ¡°Y el Estado no hace nada. Estamos solas en esta lucha¡±, sostiene Evelin. Otra vez solas. Otra vez olvidadas.

Cerrej¨®n, la multinacional minera que actualmente explota los recursos de la zona, no comparte la denuncia. Una portavoz oficial niega que haya habido abusos o un trato injusto. ¡°Cerrej¨®n, desde el inicio de sus operaciones, ha realizado sus actividades con respeto a la legislaci¨®n colombiana y alineaci¨®n con reconocidos est¨¢ndares sociales y ambientales¡±, afirma la empresa. ¡°En el pasado, todos aquellos requerimientos relativos a la compra de predios se enmarcaron en el principio de la buena fe y cumplimiento de las normas nacionales vigentes en cada momento y pagando siempre precios justos¡±, a?ade.

En un despacho de Bogot¨¢, donde el clima fresco y las avenidas con tr¨¢fico contrastan con las olvidadas Caquet¨¢ y Guajira, la directora de Oxfam Interm¨®n Colombia, resume en forma de llamamiento: ¡°Le decimos a los empresarios y Gobiernos del mundo que Colombia no se gradu¨®. Que no es verdad que haya resuelto sus problemas y que necesitamos de sus principios ¨¦ticos para que se informen de qu¨¦ est¨¢ ocurriendo realmente en los terrenos en los que van a intervenir. Porque hay gente sufriendo much¨ªsimo. Por favor, dejen que terminemos el proceso¡±.