El juez asesinado en M¨¦xico por sicarios renunci¨® hace un a?o a la protecci¨®n porque se sent¨ªa fuera de riesgo

El juez Uriel Villegas Ortiz, asesinado este martes junto a su esposa, Ver¨®nica Barajas, en la ciudad de Colima con m¨¢s de 20 tiros, se sent¨ªa fuera de riesgo. El juez federal, quien hab¨ªa llevado importantes casos penales relacionados con la delincuencia organizada y narcotr¨¢fico, hab¨ªa renunciado en febrero de 2019 a la protecci¨®n que el Estado mexicano le brindaba a pesar de haber sido amenazado indirectamente en abril de 2018, seg¨²n muestran varios documentos obteni...

El juez Uriel Villegas Ortiz, asesinado este martes junto a su esposa, Ver¨®nica Barajas, en la ciudad de Colima con m¨¢s de 20 tiros, se sent¨ªa fuera de riesgo. El juez federal, quien hab¨ªa llevado importantes casos penales relacionados con la delincuencia organizada y narcotr¨¢fico, hab¨ªa renunciado en febrero de 2019 a la protecci¨®n que el Estado mexicano le brindaba a pesar de haber sido amenazado indirectamente en abril de 2018, seg¨²n muestran varios documentos obtenidos por EL PA?S. El doble homicidio ha tocado las fibras m¨¢s sensibles dentro de la judicatura, donde se califica a Villegas Ortiz como un hombre ¨ªntegro y recto. Arturo Zald¨ªvar, el presidente del Poder Judicial, ha calificado su asesinato como un crimen de Estado. El suceso ha cimbrado a las instituciones y recordado a M¨¦xico que los problemas eclipsados de momento por la epidemia de coronavirus siguen all¨ª.

Uriel Villegas, originario del Estado de Chihuahua, fue nombrado juez sexto de distrito (de primera instancia) de procesos federales en el Estado de Jalisco en marzo de 2017 despu¨¦s de 16 a?os de subir pelda?o a pelda?o la escalera judicial. Ser juzgador en ese Estado, la cuna del poderoso cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG), era una prueba de fuego. Villegas fue adscrito al penal de m¨¢xima seguridad de Puente Grande donde conoc¨ªa asuntos de imputados que aseguraban pertenecer a los c¨¢rteles de Los Zetas, Gente Nueva, La Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y de Sinaloa.

El juez llev¨® en ese juzgado uno de los cuatro procesos relacionados con Rub¨¦n Oseguera Gonz¨¢lez, El Menchito, hijo del l¨ªder del CJNG. Uriel Villegas aprob¨® el traslado entre penales federales del hijo de uno de los capos m¨¢s poderosos del pa¨ªs. Tambi¨¦n rechaz¨® frenar la extradici¨®n a Estados Unidos de Ismael Zambada Imperial El Mayito Gordo, hijo de El Mayo Zambada, el hist¨®rico l¨ªder del cartel de Sinaloa.

En noviembre de 2018, el juzgado presidido por Villegas se convirti¨® en uno de materia de amparo, donde sinti¨® que su exposici¨®n disminu¨ªa considerablemente. Tres meses despu¨¦s, el juez bajar¨ªa la guardia solicitando el retiro de las medidas de seguridad. ¡°Estimo que en la actualidad, dada mi readscripci¨®n desde hace casi tres meses al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, no existe dato alguno que ponga de manifiesto que me encuentro en un entorno de riesgo¡±, se?ala el oficio dirigido al Consejo de la Judicatura y fechado el 1 de febrero.

Con ese documento, el juez Villegas pretend¨ªa renunciar a una camioneta Suburban blindada, una escolta compuesta por seis elementos y ¡°una prenda de protecci¨®n personal¡±, un chaleco antibalas. Esta decisi¨®n pidi¨® ser reconsiderada desde la Comisi¨®n de vigilancia de la judicatura. Un documento fechado el 13 de febrero intentaba hacer cambiar de opini¨®n al juez. ¡°Se tiene el antecedente que en abril de 2018, el juez de m¨¦rito hizo del conocimiento que el abogado particular de El Menchito, de manera indirecta lanz¨® una amenaza en su contra¡±, indica un an¨¢lisis de riesgo. Este oficio inclu¨ªa tambi¨¦n un estudio de la ruta que recorr¨ªa diariamente el juez entre su casa y oficina ¡°por una carretera que no cuenta con medidas de seguridad, situaci¨®n que constituye un escenario ideal en caso de que se quisiera perpetrar alg¨²n hecho delictivo¡±.

El documento concluye con una opini¨®n t¨¦cnica que recomienda ¡°la permanencia de las medidas de seguridad que le fueron asignadas¡±. Esto no convenci¨® al juez Villegas, quien el 21 de febrero confirm¨® su decisi¨®n y declin¨® todo el despliegue de seguridad. Un a?o despu¨¦s, el 1 de febrero de 2020, el juez fue enviado al Estado de Colima, donde ocup¨® una plaza vacante despu¨¦s de que una jueza de primera instancia ganara un concurso de oposici¨®n. Su vida y la de su esposa se esfumaron frente a las puertas de su casa 481 d¨ªas despu¨¦s de haber firmado un oficio que, sin saberlo, lo conden¨® a muerte.

El doble homicidio fue perpetrado por sicarios que, seg¨²n varias informaciones, fingieron inter¨¦s por una camioneta que hab¨ªa puesto en venta la familia Villegas Barajas. El sonido de los disparos quebr¨® la paz de la calle Le¨®n Felipe, en una elegante zona residencial de la ciudad de Colima, un Estado del Pac¨ªfico que se encuentra dentro de la zona de influencia del CJNG.

La Fiscal¨ªa general atrajo la investigaci¨®n de los homicidios. La c¨²pula de la judicatura conf¨ªa en que las pesquisas puedan aclarar un caso que apunta al narcotr¨¢fico. El trabajo de la fiscal¨ªa de Alejandro Gertz logr¨® despejar la bruma que cubr¨ªa al asesinato del tambi¨¦n juez federal Vicente Berm¨²dez Zacar¨ªas, ocurrido en octubre de 2016 en el Estado de M¨¦xico. En ese caso, las primeras versiones se?alaron a la delincuencia organizada. Tres a?os despu¨¦s, las autoridades retomaron la investigaci¨®n y presentaron cargos contra la esposa del togado, quien supuestamente habr¨ªa ordenado el crimen para cobrar el seguro de vida.

La renuncia a la seguridad de Villegas Ortiz y su esposa, quienes dejan hu¨¦rfanas a dos hijas menores de edad, abre un debate al interior del Poder Judicial. Las medidas de seguridad solo son irrenunciables, de momento, para los magistrados del Supremo y para los integrantes del Tribunal Electoral. Algunas versiones al interior de la judicatura especulan con que la renuncia pudo haber respondido a los gastos que enfrentan muchos togados, quienes deben cubrir de sus bolsillos la gasolina de las blindadas y las comidas y vi¨¢ticos de sus cuerpos de seguridad. ?Debe forzarse a los jueces a aceptar estas medidas? ?Deben ellos cubrir el gasto de su protecci¨®n? ?D¨®nde est¨¢ el l¨ªmite entre la responsabilidad del Estado y el derecho a la privacidad? Estas son algunas preguntas que la judicatura deber¨¢ debatir ante la tragedia del juez Villegas.