Volkswagen firma un acuerdo millonario por haber colaborado con la dictadura en Brasil

La filial de Volkswagen en Brasil firm¨® el mi¨¦rcoles un acuerdo extrajudicial que sienta un precedente hist¨®rico con relaci¨®n a la reparaci¨®n de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura brasile?a (1964-1985). La automotriz alemana, cuya complicidad con la represi¨®n durante los ¡°a?os de plomo¡±...

La filial de Volkswagen en Brasil firm¨® el mi¨¦rcoles un acuerdo extrajudicial que sienta un precedente hist¨®rico con relaci¨®n a la reparaci¨®n de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura brasile?a (1964-1985). La automotriz alemana, cuya complicidad con la represi¨®n durante los ¡°a?os de plomo¡± ya se hab¨ªa se?alado en el informe de la Comisi¨®n Nacional de la Verdad de 2014, se comprometi¨® a destinar 6,4 millones de d¨®lares tanto para indemnizar a antiguos empleados que fueron detenidos, perseguidos o torturados como para financiar iniciativas que promuevan los derechos humanos. A cambio, se cerrar¨¢n tres investigaciones civiles que acusan a la empresa de aliarse con los militares y se vetar¨¢ cualquier nueva demanda.

Es la primera vez que una empresa ¡ªuna persona jur¨ªdica, no f¨ªsica¡ª admite su complicidad con cr¨ªmenes cometidos durante la dictadura, lo cual sienta un precedente legal para que se investigue a otras empresas implicadas en la represi¨®n. En 2014, el informe final de la Comisi¨®n Nacional de la Verdad ¡ªque investig¨® las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre los a?os 1946 y 1988¡ª enumeraba 53 empresas, tanto extranjeras como nacionales y de diverso tama?o, que contribuyeron de alguna manera a que se llevara a cabo el golpe de Estado de 1964. Entre ellas est¨¢n Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz.

T¨¦cnicamente, la automotriz alemana firm¨® un T¨¦rmino de Ajuste de Conducta, que se negoci¨® con representantes de la Fiscal¨ªa federal y estatal y del Ministerio de Trabajo y que a¨²n tiene que ratificar la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica. ¡°El ajuste de conducta que se ha establecido en esta fecha es in¨¦dito en la historia de Brasil¡±, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa, destacando que, en el mundo, no abundan las empresas que aceptan analizar su colaboraci¨®n con reg¨ªmenes autoritarios.

Seg¨²n el acuerdo, Volkswagen tambi¨¦n debe publicar una declaraci¨®n p¨²blica sobre su complicidad con los ¨®rganos de represi¨®n en los peri¨®dicos de gran circulaci¨®n. Todo ello supone un rev¨¦s para el Gobierno de Jair Bolsonaro, que niega que se cometieran violaciones durante ese per¨ªodo y continuamente intenta desmantelar las estructuras oficiales vinculadas a la memoria y la reparaci¨®n.

El acuerdo de Volkswagen es paradigm¨¢tico, porque a la Justicia brasile?a todav¨ªa le cuesta castigar a los represores y compensar a las v¨ªctimas. Brasil sigue ignorando ala Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace una d¨¦cada decidi¨® que la Ley de Amnist¨ªa ¡ªque impide que se investiguen y castiguen las violaciones graves de los derechos humanos¡ª debe invalidarse. El lunes, la 5? Sala de la a Corte Superior de Justicia volvi¨® a evocar la ley y decidi¨® detener la tramitaci¨®n de la acci¨®n penal contra cinco militares por la muerte del exdiputado Rubens Paiva en 1971. De momento, el crimen contra el congresista, cuyo cuerpo todav¨ªa no ha sido localizado, continuar¨¢ sin juicio.

De la Comisi¨®n de la Verdad a la reparaci¨®n

Desde que se divulg¨® el informe final de la Comisi¨®n Nacional, en 2014, se intentaba elucidar el papel que hab¨ªa tenido Volkswagen durante la dictadura militar. La empresa encarg¨® un dictamen sobre el asunto, elaborado por el historiador Christopher Kopper, profesor de la Universidad de Bielefeld (Alemania). El documento, divulgado por la propia empresa en 2017, reconoc¨ªa que agentes de seguridad de la f¨¢brica brasile?a colaboraron con la polic¨ªa pol¨ªtica del Gobierno militar desde 1969 hasta 1979.

Varios exempleados afirman que, durante la dictadura militar, la empresa proporcion¨® a la polic¨ªa informaci¨®n sobre la plantilla y permiti¨® que se realizaran detenciones sin orden judicial y se torturara dentro de la propia f¨¢brica. L¨²cio Bellentani fue una de las v¨ªctimas de esta cooperaci¨®n que se mantuvo en secreto durante d¨¦cadas. En una entrevista concedida a EL PA?S en 2017, el fabricante de herramientas, que trabaj¨® en la automotriz entre 1964 y 1972, dijo que fue detenido sin ninguna orden judicial mientras trabajaba: ¡°Ah¨ª mismo comenz¨® la tortura. Me empezaron a golpear dentro de la empresa, dentro del departamento de personal de Volkswagen. Los polic¨ªas del DOPS [Departamento de Orden Pol¨ªtico y Social] y delante del jefe de seguridad y otros guardias de seguridad de la f¨¢brica¡±, dijo. Afiliado al Partido Comunista brasile?o, Bellentani fue arrestado porque la polic¨ªa quer¨ªa que les indicara qui¨¦nes de sus compa?eros realizaban actividades sindicales o pol¨ªticas. Como ¨¦l, otros empleados pasaron por situaciones similares, todos con el conocimiento y el respaldo de la automotriz.

Durante el curso de la investigaci¨®n se determin¨® que el personal de seguridad de Volkswagen cooperaba con los militares y que la empresa se beneficiaba econ¨®micamente de las medidas del periodo, como la reducci¨®n de las prestaciones laborales. Que Volkswagen haya reconocido su responsabilidad y su connivencia con las violaciones de los derechos humanos es un primer paso hacia el derecho a la reparaci¨®n hist¨®rica que tienen las v¨ªctimas.

De la cantidad total fijada en el acuerdo firmado el mi¨¦rcoles, tres millones de d¨®lares se donar¨¢n a la Asociaci¨®n Henrich Plagge, que re¨²ne a los trabajadores de Volkswagen, y se repartir¨¢n entre los exempleados perseguidos por sus ideas pol¨ªticas. Otros dos millones de d¨®lares se destinar¨¢n a reforzar las pol¨ªticas de Justicia Transicional, con proyectos para preservar la memoria de las v¨ªctimas de violaciones de los derechos humanos durante esa ¨¦poca. Volkswagen tambi¨¦n pagar¨¢ 1,6 millones de d¨®lares al Fondo Federal y Estatal para la Defensa y Reparaci¨®n de Derechos Difusos.

En el comunicado de prensa que han difundido, los fiscales exigen que la Justicia prosiga con los juicios a los represores y lamentan que Brasil siga siendo ¡°un caso notable de resistencia a la amplia promoci¨®n de esta agenda¡± de reparaciones. ¡°No es casualidad que reverberen manifestaciones de decepci¨®n con sus instituciones democr¨¢ticas¡±.