Los ni?os que mueren a manos de la polic¨ªa en R¨ªo de Janeiro

Tan solo en R¨ªo de Janeiro, 12 ni?os fueron asesinados a tiros durante el a?o 2020. El pasado 4 de diciembre se alcanz¨® este n¨²mero con el doble asesinato de las ni?as Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, con siete a?os, y Emilly Victoria Silva dos Santos, con cuatro. Eran primas y jugaban en la puerta de su casa en Barro Vermelho, una comunidad de Duque de Caxias, un municipio de la regi¨®n metropolitana de Brasil. Todos estos ni?os son negros, viven en barrio...

Tan solo en R¨ªo de Janeiro, 12 ni?os fueron asesinados a tiros durante el a?o 2020. El pasado 4 de diciembre se alcanz¨® este n¨²mero con el doble asesinato de las ni?as Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, con siete a?os, y Emilly Victoria Silva dos Santos, con cuatro. Eran primas y jugaban en la puerta de su casa en Barro Vermelho, una comunidad de Duque de Caxias, un municipio de la regi¨®n metropolitana de Brasil. Todos estos ni?os son negros, viven en barrios perif¨¦ricos y son v¨ªctimas de una pol¨ªtica de seguridad p¨²blica que lleva a los agentes de polic¨ªa, especialmente a los de la Polic¨ªa Militar de R¨ªo, a la confrontaci¨®n directa en zonas pobres y densamente pobladas. ¡°Es una continuidad de muertes, de destrucci¨®n que no se puede llamar de otra manera que no sea de un proyecto genocida, una pol¨ªtica de muerte¡±, argumenta la educadora Monica Cunha, coordinadora de la Comisi¨®n de Derechos Humanos de la Asamblea de R¨ªo (Alerj), as¨ª como la madre de un adolescente llamado Rafael, que fue asesinado hace 14 a?os por agentes de seguridad.

A Emilly le dispararon en la cabeza y a Rebecca en el pecho. La autor¨ªa de los disparos fue atribuida a la polic¨ªa militar, seg¨²n se?ala la abuela y otros familiares. La corporaci¨®n dijo que los agentes estaban en las cercan¨ªas cuando fueron atacados por los criminales, pero que no hicieron los disparos. Luego, admiti¨® haber abierto un procedimiento interno para investigar el caso junto con la polic¨ªa civil.

Como sucede en los casos en que ni?os y adolescentes son v¨ªctimas fatales de disparos, toda una pol¨ªtica de seguridad y un ciclo de impunidad en las operaciones policiales pasaron a primer plano. Estudios e informes indican que m¨¢s del 90% de los ¡°autos de la resistencia¡± ¡ªcomo son llamadas las muertes cometidas por agentes del Estado durante una operaci¨®n¡ª terminan archiv¨¢ndose o incluso sin investigaci¨®n. De los 12 casos de ni?os muertos a tiros este a?o en R¨ªo, solo se complet¨® una investigaci¨®n, y esto fue posible porque el autor fue detenido en el acto.

Necesidad de presi¨®n

Sin embargo, hay casos que se convierten en s¨ªmbolos de la violencia policial racista y de una pol¨ªtica de seguridad fallida, seg¨²n insisten los expertos y activistas de derechos humanos. Es el caso de Jo?o Pedro Mattos Pinto, de 14 a?os, asesinado durante una operaci¨®n conjunta de la Polic¨ªa Civil y Federal en el Complexo do Salgueiro, favela localizada en el municipio de S?o Gon?alo, el pasado 18 de mayo de 2020. O el de la ni?a, ?gatha F¨¦lix, de ocho a?os, asesinada el pasado septiembre, con un disparo de fusil en la espalda, durante una acci¨®n de la polic¨ªa en la favela Complexo do Alem?o. ¡°Para que un caso siga adelante, se necesita mucha presi¨®n. Y cuanta m¨¢s presi¨®n pongamos sobre ¨¦l, sin dejar que los medios de comunicaci¨®n y los organismos p¨²blicos se olviden del caso, m¨¢s r¨¢pido ser¨¢ su tr¨¢mite¡±, explica Cunha.

Una presi¨®n que Bruna da Silva, madre de Marcos Vinicius, un adolescente de 14 a?os, asesinado en R¨ªo, el 20 de junio de 2018, durante una operaci¨®n de polic¨ªa en la favela Complexo da Mar¨¦, nunca dej¨® de ejercer. Cada vez que va a hablar de su hijo, lleva la camiseta de la escuela que ¨¦l usaba cuando le dispararon y que est¨¢ ensangrentada. Las sospechas recaen sobre la polic¨ªa del Core (Coordinaci¨®n de Recursos Especiales), un grupo de operaciones especiales de la Polic¨ªa Civil de R¨ªo, que realizaba una redada en ese momento. ¡°Para nosotros es triste, vemos a estos ni?os ser asesinados a manos de aquellos que deber¨ªan protegernos. El que mata a estos ni?os es el que debe acogerlos¡±, se lamenta Silva.

Cuenta que, en septiembre estuvo en la Fiscal¨ªa y que la investigaci¨®n indica que se ir¨¢ a presentar una denuncia. Aun as¨ª, se?ala que el a?o que viene cumplir¨¢ tres a?os desde que su hijo, que ¡°ten¨ªa prisa por crecer y ser el proveedor de la familia¡±, fue asesinado. ¡°No habr¨¢ paz para esta madre hasta que alguien sea responsable. Alguien tiene que rendir cuentas, ser el responsable. Quiero ver al Core en el lugar de los culpables¡±, afirma.

En esa ocasi¨®n, la polic¨ªa civil trat¨® como sospechoso a Marcos Vin¨ªcius y a otras seis personas muertas en la operaci¨®n, que incluy¨® vuelos bajos de helic¨®pteros. Tambi¨¦n explic¨® de la incautaci¨®n de armas, fusiles y sustancias il¨ªcitas. Un informe interno que sali¨® a la luz p¨²blica mostr¨® que la corporaci¨®n hab¨ªa considerado la acci¨®n como un ¨¦xito. Sin embargo, desde entonces, la de comisar¨ªa de homicidios en R¨ªo ha estado investigando la muerte de Vin¨ªcius junto con la Fiscal¨ªa.

Lentitud de las investigaciones

Como coordinadora de la Comisi¨®n de Derechos Humanos, es Monica Cunha quien recibe a los familiares de las v¨ªctimas de los operativos policiales y los encamina tanto para atenci¨®n psicol¨®gica como para la Fiscal¨ªa, adem¨¢s de contactar con la Comisi¨®n de Derechos Humanos de la OAB (Colegio de Abogados de Brasil). Seg¨²n el fiscal F¨¢bio Amado, coordinador del N¨²cleo de Derechos Humanos de la Fiscal¨ªa de R¨ªo, esto son los primeros pasos para que los casos sean llevados a la justicia, el organismo act¨²a en m¨¢s de 400 casos de v¨ªctimas de violencia institucional, es decir, cuando hay un polic¨ªa o cualquier otro funcionario p¨²blico involucrado en la muerte.

Amado recalca que hay tres posibles esferas de responsabilidad: la esfera administrativa, en la que un agente de polic¨ªa puede ser considerado responsable de manera disciplinaria e institucional, y puede ser expulsado de la corporaci¨®n; la esfera civil, en la que se intenta hacer responsable al Estado por lo ocurrido y, en consecuencia, la garant¨ªa de indemnizaci¨®n, pensi¨®n vitalicia, atenci¨®n psicol¨®gica, reembolso de gastos funerarios, entre otros derechos; y la esfera penal, de mayor visibilidad, en la que un agente puede ser juzgado por el Jurado Popular por asesinato y ser condenado a prisi¨®n.

¡°Llama la atenci¨®n que nunca hubo responsabilidad de la cadena de mando o del superior del oficial de seguridad. La responsabilidad penal se limita a la punta, al oficial que realiz¨® la acci¨®n. Pero la pol¨ªtica de seguridad est¨¢ completamente distorsionada y es profundamente ineficaz, lo que conduce a un alto ¨ªndice de letalidad de las personas y a la muerte de muchos agentes de polic¨ªa¡±, argumenta el fiscal.

En R¨ªo, el ¨®rgano encargado de investigar y presentar denuncias en los casos en que est¨¢n implicados agentes de polic¨ªa es el Grupo de Acci¨®n Especializado en Seguridad P¨²blica (Gaesp) del Ministerio P¨²blico. La creaci¨®n de esta rama se considera un logro de los familiares de las v¨ªctimas en el Estado y su actuaci¨®n se considera positiva. Seg¨²n Amado, la rendici¨®n de cuentas de la cadena de mando y de las autoridades superiores ¡ªque tambi¨¦n podr¨ªa producirse en los casos de improbidad administrativa¡ª debe partir precisamente de una denuncia del Ministerio P¨²blico. Algo que nunca ha ocurrido hasta ahora, seg¨²n ¨¦l. EL PA?S se puso en contacto con el organismo, pero no recibi¨® respuesta. ¡°Es sorprendente que tengamos m¨¢s de 1.800 muertes el a?o pasado cometidas por agentes de seguridad. Hay casi cinco muertes por d¨ªa [y m¨¢s de un tercio de todas las muertes violentas cometidas en el Estado]. Es inaceptable, es pornogr¨¢fico, y la propia sociedad termina perturbada por tantas muertes¡±.

Tambi¨¦n se?ala que una investigaci¨®n de asesinato es lenta por naturaleza. El sistema de justicia es lento, las herramientas de investigaci¨®n de la Polic¨ªa Civil son precarias. Una investigaci¨®n que dura dos a?os y medio puede considerarse ¡°r¨¢pida¡±. Como ejemplo, menciona la masacre de Costa Barros, barrio de la zona norte de R¨ªo, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2015. Cinco j¨®venes dentro de un coche fueron asesinados con m¨¢s de cien tiros por polic¨ªas militares, que fueron arrestados al a?o siguiente. Los juicios tuvieron lugar en 2019 y en septiembre de este a?o y los polic¨ªas fueron finalmente condenados. Todav¨ªa hay posibilidad de apelaci¨®n.

El Supremo Tribunal Federal (STF) restringi¨® las operaciones en las favelas de R¨ªo durante la pandemia del coronavirus, lo que hizo que las cifras de letalidad de la polic¨ªa, as¨ª como otros indicadores delictivos, se desplomaran en junio, julio y agosto. Los ¨ªndices subieron de nuevo en septiembre y, especialmente, en octubre. ¡°Estamos en un a?o de pandemia y aun as¨ª no se ha dejado de matar. Y todav¨ªa est¨¢ esa restricci¨®n del Supremo Tribunal que no se respeta. Rebeca y Emilly fueron asesinadas en un Estado que tiene una determinaci¨®n del STF que proh¨ªbe este tipo de operaciones¡±, lamenta Cunha, para quien las sucesivas muertes de ni?os y adolescentes en las periferias denuncian el racismo en el pa¨ªs. ¡°Brasil siempre ha sido racista, pero hoy, con todos estos gestores en el poder, hacen todo esto sin ning¨²n problema. No dejamos de reclamar, pero se las arreglan para superar mucho m¨¢s nuestra resistencia. Hemos llegado a un punto que es el racismo en ¨²ltimo grado¡±.