Una investigaci¨®n sobre un piloto acusado de colaborar con la dictadura argentina salpica a la Casa Real holandesa
Una comisi¨®n promovida por el Gobierno de los Pa¨ªses Bajos concluye que se intent¨® parar el proceso contra el exmilitar Julio Alberto Poch
Una mujer sin identificar llam¨® en 2007 al fiscal Roelof-Jan Manschot, entonces vicepresidente de Eurojust, la agencia de la Uni¨®n Europea para la cooperaci¨®n judicial. ¡°?Es necesario abrir un proceso judicial contra el piloto argentino? Porque es un asunto doloroso para M¨¢xima¡±, le dijo al tel¨¦fono. Nacida en Argentina, M¨¢xima, hoy reina consorte de los Pa¨ªses Bajos, era princesa de Orange, y a Manschot le pareci¨® inadecuada la pregunta. Sin ocultar su malestar, respondi¨® que mucho m¨¢s penoso debi¨® ser ¡°para las v¨ªctimas que fueron lanzadas al vac¨ªo desde aviones, y para sus familias¡±, y algo...
Una mujer sin identificar llam¨® en 2007 al fiscal Roelof-Jan Manschot, entonces vicepresidente de Eurojust, la agencia de la Uni¨®n Europea para la cooperaci¨®n judicial. ¡°?Es necesario abrir un proceso judicial contra el piloto argentino? Porque es un asunto doloroso para M¨¢xima¡±, le dijo al tel¨¦fono. Nacida en Argentina, M¨¢xima, hoy reina consorte de los Pa¨ªses Bajos, era princesa de Orange, y a Manschot le pareci¨® inadecuada la pregunta. Sin ocultar su malestar, respondi¨® que mucho m¨¢s penoso debi¨® ser ¡°para las v¨ªctimas que fueron lanzadas al vac¨ªo desde aviones, y para sus familias¡±, y algo as¨ª deb¨ªa ser analizado a fondo. El piloto al que se refer¨ªa la desconocida interlocutora es Julio Alberto Poch, de 68 a?os, originario de Buenos Aires y tambi¨¦n con nacionalidad holandesa, teniente de la Armada de su pa¨ªs durante la dictadura militar (1976-1983). En su empleo posterior como aviador de Transavia, la compa?¨ªa a¨¦rea holandesa, supuestamente alarde¨® de haber tripulado varios de los vuelos de la muerte, utilizados para asesinar a los disidentes arroj¨¢ndolos al mar, y los Pa¨ªses Bajos indagaba si era cierto.
Poch fue detenido en Espa?a en 2009, pas¨® ocho a?os en prisi¨®n preventiva en Argentina hasta su absoluci¨®n en 2017 por falta de pruebas, y pide una indemnizaci¨®n de cinco millones de euros al Estado holand¨¦s porque afirma que facilit¨® su detenci¨®n. La comisi¨®n encargada por el Ministerio de Justicia en 2019 de analizar el papel de las autoridades en su caso ha concluido esta semana que hubo un intento de influir en la investigaci¨®n, ¡°posiblemente¡± desde el entorno de la Casa Real. Fuentes de la instituci¨®n lo niegan.
La mujer an¨®nima le dijo a Manschot que formaba parte del Gabinete de la Reina, y cuando ¨¦l demand¨® si detr¨¢s de la llamada estaba ¡°Su Majestad¡± ¨CBeatriz, la madre del hoy rey Guillermo¨C la respuesta fue que no. A continuaci¨®n, le explic¨® que hab¨ªan hablado del piloto ¡°en nuestro c¨ªrculo¡±, donde se dudaba de si val¨ªa la pena ocuparse del tema. El fiscal no le pidi¨® su nombre a la desconocida y tampoco tom¨® notas de la conversaci¨®n porque pens¨® que se trataba de una broma pesada. La comisi¨®n de investigaci¨®n recoge con detalle el incidente e indica que no ha podido confirmarlo con el actual Gabinete del Rey. Por su parte, el Servicio de Informaci¨®n de la Casa Real ha asegurado que los reyes y la ahora princesa Beatriz ¡°no han intervenido en modo alguno en este asunto¡±.
Pocos meses despu¨¦s de la mencionada conversaci¨®n, un fiscal holand¨¦s indic¨® en una nota interna que no entend¨ªa la cancelaci¨®n de un viaje a Argentina para indagar la veracidad de las declaraciones de Poch sobre los vuelos. Luego fueron retirados varios detectives adscritos al caso. La comisi¨®n no sabe si ello pudo deberse a intereses de la Casa Real, pero prefieren no especular. ¡°No tenemos indicaci¨®n alguna de que se frustrara la investigaci¨®n¡±, aseguran sus portavoces.
En 2007, M¨¢xima llevaba cinco a?os casada con Guillermo y hab¨ªa superado el rechazo que su padre, Jorge Zorreguieta, subsecretario de Agricultura durante la Junta del general Jorge Videla, suscitaba en el Parlamento holand¨¦s. El progenitor siempre neg¨® saber algo de los desaparecidos, y el informe encargado por el Gobierno holand¨¦s antes de la boda real concluy¨® que si bien ¡°era inconcebible¡± que ignorara la represi¨®n de la dictadura militar, se mantuvo al margen de las violaciones de los derechos humanos.
Como ya ocurri¨® con el esc¨¢ndalo de la retirada de las ayudas familiares que tumb¨® en enero al Gobierno de centroderecha, el caso de Julio Poch muestra la mala comunicaci¨®n entre el Gabinete y el Congreso. En 2020, el Ministerio de Justicia reconoci¨® que no hab¨ªa remitido un documento a la C¨¢mara porque era ¡°un escrito interno relativo a las relaciones diplom¨¢ticas entre Argentina y los Pa¨ªses Bajos que no suele enviarse¡±. Seg¨²n el programa Nieuwsuur, de la televisi¨®n p¨²blica, este documento revela las deliberaciones entre ambos pa¨ªses tres semanas antes del arresto del piloto. No hay tratado de extradici¨®n entre Argentina y los Pa¨ªses Bajos, y como Julio Poch posee tambi¨¦n un pasaporte holand¨¦s, detenerlo era un problema. Al final, se ide¨® una f¨®rmula que consist¨ªa en proporcionar a las autoridades argentinas los datos del ¨²ltimo vuelo antes de su jubilaci¨®n, en 2009, con destino a Valencia. Buenos Aires hab¨ªa emitido una orden internacional de arresto, y una vez en Espa?a, que s¨ª tiene acuerdo de extradici¨®n, pidi¨® su entrega.
Cuatro meses despu¨¦s, Poch dijo que aceptaba regresar a su tierra natal para poder defenderse, y sigue afirmando que no hizo en primera persona unos comentarios sobre los vuelos de la muerte durante una cena en Bali con otros colegas. Tres de ellos, sin embargo, declararon ¡°por responsabilidad¡± ante los jueces lo que hab¨ªan o¨ªdo. Luego dijeron que se hab¨ªan sentido utilizados por los fiscales de ambos pa¨ªses. Poch tambi¨¦n calific¨® de vergonzoso que la Fiscal¨ªa argentina le hubiera acusado ¡°sin investigar los hechos y sin pruebas en su contra¡±. Este lunes, la comisi¨®n investigadora certific¨® que proporcionar los datos de su vuelo a Valencia no equivale a una extradici¨®n encubierta, y todos los pasos dados por los Pa¨ªses Bajos son legales. Asimismo, dice que el ministro de Justicia en 2009, Ernst Hirsch Ballin, no ejerci¨® influencia pol¨ªtica.