Desplazamientos masivos, masacres y homicidios: los n¨²meros rojos de la violencia en Colombia

Hab¨ªan pasado solo 11 d¨ªas de enero y en Colombia ya se registraban dos masacres. En todo 2021 han sido 94 con m¨¢s de 300 v¨ªctimas. La ¨²ltima ocurri¨® la noche del 26 de diciembre en Casanare, en el oriente del pa¨ªs. Tres campesinos, miembros de una misma familia, fueron baleados cerca de su vivienda. Apenas unas horas antes, en una regi¨®n cercana, otra matanza dejaba un saldo de cuatro heridos y tres muertos. La tarde anterior, el 25, un grupo armado irrumpi¨® en un resguardo ind¨ªgena del Putumayo y asesin¨® a siete personas. La comunidad reporta que hay otras tantas desaparecidas y que 35 familias fueron obligadas a desplazarse. A cinco a?os del acuerdo con las FARC, en Colombia todav¨ªa no se vive en paz.

Desde la firma, en 2016, se han salvado entre 4.000 y 6.000 vidas de exguerrilleros, fuerza p¨²blica y civiles, seg¨²n Cerac, un centro de investigaci¨®n sobre el conflicto que monitorea los hechos de violencia en el pa¨ªs. Cerca de 13.000 guerrilleros se desmovilizaron y se reincorporan a la vida civil. El acuerdo ha funcionado, pero no del todo porque su implementaci¨®n ha sido incompleta. ¡°Hay un aumento en indicadores de violencia como masacres, homicidios, desplazamiento forzado, que se pueden explicar por una combinaci¨®n de factores: una mala pol¨ªtica de seguridad del Gobierno, lentitud en la implementaci¨®n del acuerdo de paz y la pandemia, que le dio una oportunidad a los grupos armados de expandirse¡±, se?ala Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch (HRW) para Am¨¦rica. ¡°2021 probablemente ser¨¢ el a?o con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia desde 2013¡å, ha alertado Pappier en los ¨²ltimos d¨ªas. Seg¨²n el Ministerio de Defensa, hasta noviembre pasado hubo 12.787 homicidios. Desde hace siete a?os no hab¨ªa una cifra parecida. En 2014, la m¨¢s cercana, fue de 12.060.

¡°El acuerdo de paz tiene un componente claro para enfrentar la violencia de los grupos que se configurar¨ªan tras la desmovilizaci¨®n de la guerrilla, pero esto ha sido olvidado por el Gobierno¡±, agrega el investigador de HRW. Se refiere a los puntos 3 y 4 que hablan de la obligaci¨®n del Estado de ofrecer garant¨ªas para la reincorporaci¨®n de los desmovilizados, generar una pol¨ªtica para enfrentar a otros grupos armados y de cambiar la pol¨ªtica de drogas para favorecer a quienes durante d¨¦cadas han sido afectados por los cultivos il¨ªcitos. Colombia no es igual a la que era antes de 2016, pero la forma en que el Gobierno afronta la criminalidad parece la misma, opina el investigador.

¡°El panorama era otro. El pa¨ªs viv¨ªa un conflicto armado dominado por las FARC, con una estructura e ideolog¨ªa clara. Eso ya no existe, hay al menos 30 disidencias, adem¨¢s de la guerrilla del ELN y otros grupos. Todos, disput¨¢ndose las econom¨ªas ilegales ante un Gobierno que no ha entendido que las din¨¢micas han cambiado¡±, dice. El presidente Iv¨¢n Duque ha intentado repetir el discurso de ¡°mano dura¡± de su mentor ?lvaro Uribe, pero golpear las cabezas de las estructuras armadas no ha sido suficiente para parar la guerra. Hace dos meses, el Gobierno celebraba la captura de Dairo Antonio ?suga, alias Otoniel, como el ¡°golpe m¨¢s importante de este siglo contra el narcotr¨¢fico¡±. Despu¨¦s el capo, que ten¨ªa bajo su mando a unos 3.000 hombres, dijo que hab¨ªa pactado su entrega, algo que el Gobierno ha negado. En las zonas en donde opera el Clan del Golfo, la estructura que lideraba Otoniel, la violencia no termina.

Ese mismo grupo armado fue el responsable de uno de los desplazamientos masivos m¨¢s grandes durante este a?o. En Ituango, en el norte de Antioquia, al menos 4.000 ind¨ªgenas y campesinos fueron obligados a huir. ¡°Esto responde a unas din¨¢micas de viejos actores con nuevos nombres, pero con los mismos objetivos que persegu¨ªan los grupos en las d¨¦cadas del 50, 80 y 90: el control y la apropiaci¨®n del territorio¡±, explicaba cuando se produjo la noticia la soci¨®loga Nubia Ciro, en una entrevista a la Universidad de Antioquia.

Carlos Medina Gallego, profesor y miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Di¨¢logo de Paz de la Universidad Nacional, dice que existe una simulaci¨®n por parte del Gobierno frente a la implementaci¨®n del acuerdo. ¡°No hay una verdadera pol¨ªtica de paz. El discurso sigue siendo el de la pol¨ªtica de seguridad que solo apunta a la guerra¡±, se?ala el acad¨¦mico. ¡°El Gobierno no est¨¢ interesado en cumplir el acuerdo y se ha preocupado m¨¢s por mostrar una pol¨ªtica represiva y hablar de una guerra contra el narcotr¨¢fico, que parece solo estar simulando¡±, apunta Medina Gallego.

Seg¨²n la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) hasta el pasado octubre se registraron 136 desplazamientos masivos en Colombia. Familias enteras fueron acosadas por la violencia y tuvieron que dejar sus casas. Las v¨ªctimas siguen siendo las mismas: ind¨ªgenas y afrocolombianos. ¡°La mayor amenaza ha sido la estigmatizaci¨®n, la negaci¨®n de la importancia de la paz y de la implementaci¨®n de los acuerdos como prioridad. No solamente los l¨ªderes sociales se enfrentan a la muerte porque hay grupos armados en sus territorios, tambi¨¦n porque hay alianzas que no quieren aceptar el tr¨¢nsito de la guerra a la paz, la transici¨®n al posconflicto¡±, explicaba Camilo Gonz¨¢lez, presidente de Indepaz, en un v¨ªdeo sobre la violencia en Colombia. Solo este a?o fueron asesinados 168 l¨ªderes sociales y 48 firmantes del acuerdo. Van m¨¢s de 1.200 desde la firma en 2016. Aunque por lo menos el 95% de los exguerrilleros de las FARC est¨¢n cumpliendo con el proceso de paz, la lenta implementaci¨®n del acuerdo los ha dejado en medio de un escenario de disputa entre grupos armados que amenazan sus vidas.

Las ciudades, otro frente por atender

Si en las regiones la paz no termina de llegar, en las ciudades la vida tampoco es tranquila. En las grandes capitales sacar un tel¨¦fono celular en la calle significa poner en riesgo la vida. La semana pasada, la realidad volvi¨® a demostrar que no se trata solo de un asunto de percepci¨®n como los mandatarios locales intentan demostrar.

Natalia Castillo, una periodista de 32 a?os vinculada a la oficina de la ONU en Bogot¨¢, fue la ¨²ltima v¨ªctima de la inseguridad que la alcaldesa, Claudia L¨®pez, no ha podido atajar. La mujer fue asesinada la noche del 23 de diciembre en la calle en un intento por robarle su m¨®vil. El crimen ocurri¨® unas semanas despu¨¦s del anuncio del Gobierno nacional de un refuerzo de m¨¢s de 1.000 polic¨ªas con el que el Ejecutivo esperaba disminuir los ¨ªndices de violencia en las zonas urbanas. Pero la delincuencia, que termina cobrando vidas, no solo necesita uniformados para afrontarla. El analista y profesor Carlos Medina Gallego se?ala varios factores que deben ser atendidos como prioridad: la pobreza, el desempleo, la migraci¨®n. Colombia ha sido un pa¨ªs de puertas abiertas a los migrantes venezolanos, pero de pocas posibilidades para que lleven una vida digna con un empleo formal y las prestaciones sociales que esto supone. Seg¨²n la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®micos (OCDE), Colombia cierra el a?o con m¨¢s de tres millones de personas buscando trabajo.

La soluci¨®n a la violencia no solo pasa por la presencia policial, cuya imagen este a?o termina deteriorada. La ONU confirm¨® hace apenas unos d¨ªas la responsabilidad de la polic¨ªa en el asesinato de, al menos, 28 personas durante las protestas contra el Gobierno de Iv¨¢n Duque. La misma entidad hab¨ªa confirmado d¨ªas antes el asesinato de 11 j¨®venes, tambi¨¦n a manos de la polic¨ªa.

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