Caracas, la vida entre rev¨®lveres

Una pistola se asoma en medio en las primeras filas de un concierto. Un grupo pelea por quedarse con las baquetas del baterista de su banda favorita, mientras una mujer saca su arma para terminar por la fuerza con el forcejeo. La pistola era suficiente amenaza para acabar cualquier discusi¨®n, pero la mujer ¡ªque luego se supo que era escolta de una alta funcionaria¡ª apunt¨® a la cabeza a uno de los presentes y lo golpe¨® con la cacha.

El incidente ocurri¨® el 26 de marzo en la presentaci¨®n de la banda colombiana Morat en ...

Una pistola se asoma en medio en las primeras filas de un concierto. Un grupo pelea por quedarse con las baquetas del baterista de su banda favorita, mientras una mujer saca su arma para terminar por la fuerza con el forcejeo. La pistola era suficiente amenaza para acabar cualquier discusi¨®n, pero la mujer ¡ªque luego se supo que era escolta de una alta funcionaria¡ª apunt¨® a la cabeza a uno de los presentes y lo golpe¨® con la cacha.

El incidente ocurri¨® el 26 de marzo en la presentaci¨®n de la banda colombiana Morat en un centro comercial en Caracas. Una de las v¨ªctimas cont¨® lo vivido en un hilo de Twitter y en medio del esc¨¢ndalo que ha generado el hecho que ha salpicado a miembros del Gobierno ha borrado su cuenta. Una semana despu¨¦s la Fiscal¨ªa ha anunciado que abrir¨¢ una investigaci¨®n.

La noche antes de este incidente, en un bar caraque?o un polic¨ªa fuera de servicio ech¨® un disparo al aire para zanjar una ri?a de tragos despu¨¦s de gritarle a su oponente ¡°?Te quieres morir?¡±. El violento altercado oblig¨® al negocio a cerrar sus puertas para mejorar sus sistemas de seguridad.

En Caracas se vive entre pistolas. Est¨¢n en un concierto, en un bar, en los cada vez m¨¢s numerosos escoltas que entran a hacer una compra cotidiana al supermercado, esperan en la puerta de un restaurante o van a buscar a los hijos de su cliente al colegio. Est¨¢n en el cinto de cualquier motorista que ya ni siquiera se preocupa por cubrir su arma con una chamarra. Tambi¨¦n est¨¢n dibujadas en los letreros que por ley debe haber en cada centro comercial, bar, tienda, hospital o sitio p¨²blico indicando la prohibici¨®n del ingreso con armas, una disposici¨®n de la Ley del Desarme que cumple ya 10 a?os, se implement¨® a medias y en algunos de sus aspectos est¨¢ en notable desuso.

¡°Hay un problema con el exceso de la presencia de armas de fuego en la vida cotidiana en Venezuela¡±, se?ala la soci¨®loga Ver¨®nica Zubillaga, quien ha investigado el tema y ubica en uno de los puntos de mayor conflictividad pol¨ªtica del chavismo el origen de esta tendencia. Este mes se cumplen 20 a?os del golpe de Estado contra Hugo Ch¨¢vez, el 11 de abril de 2002 en el que se vieron pistoleros civiles disparando en pleno centro de la ciudad, el momento en que la revoluci¨®n bolivariana mostr¨® los dientes por primera vez.

¡°Al a?o siguiente, cuando conmemor¨® su regreso al poder, Ch¨¢vez comienza a hablar de que har¨ªa una revoluci¨®n pac¨ªfica, pero armada, y lo repiti¨® al menos 14 veces durante su Gobierno. Esto marca en el discurso el retorno de las armas a la vida pol¨ªtica, cuando comienzas a ver tu adversario como un enemigo y las relaciones se dan en t¨¦rminos de antagonismo¡±.

Desde el terreno de la confrontaci¨®n pol¨ªtica la violencia armada se traslada a la calle. As¨ª Venezuela se convirti¨® en los pa¨ªses m¨¢s inseguros del mundo. La soci¨®loga tambi¨¦n destaca la militarizaci¨®n de la seguridad ciudadana como un factor decisivo en ese aumento de la presencia de pistolas en la vida p¨²blica en un pa¨ªs que no es fabricante de armas.

Pese a que en los ¨²ltimos dos a?os se ha registrado una reducci¨®n coyuntural de los homicidios, Venezuela todav¨ªa registra una alta tasa de muertes por arma de fuego. Entre 2018 y 2021, la plataforma period¨ªstica Monitor de V¨ªctimas contabiliz¨® 162 muertes por balas perdidas en Caracas. A esto se suman las cifras de la letalidad policial, responsable de 33% de los homicidios y una de m¨¢s extremas de la regi¨®n, seg¨²n el ¨²ltimo informe del Monitor del Uso de la Fuerza Letal que eval¨²a ocho pa¨ªses latinoamericanos. ¡°Aqu¨ª las fuerzas vienen actuando con impunidad en esta maquinaria de la atrocidad, y as¨ª es c¨®mo vemos un agente p¨²blico haciendo uso privado de su arma como ocurri¨® en ese bar¡±.

Las armas legales, las adquiridas por el Estado, circulan en el mercado il¨ªcito e incluso se alquilan, apunta Zubillaga, integrante de la Red de Activismo e Investigaci¨®n por la Convivencia. ¡°Las armas se empiezan a colar en la vida cotidiana de la gente y son objeto que tiene un proyecto muy preciso que es acabar con el otro. Las armas enturbian las relaciones sociales porque el que tiene un arma asume que tiene que anticiparse y sacarla porque el otro tambi¨¦n puede estar armado¡±.

No hay n¨²mero preciso de la cantidad de armas que hay en el pa¨ªs. La Comisi¨®n Nacional para el Desarme ¡ªuno de los ¨²ltimos grandes acuerdos sociales que hubo en Venezuela, destaca Zubillaga¡ª concluy¨® hace una d¨¦cada que al pa¨ªs no hab¨ªan entrado m¨¢s de 630.000 armas en 30 a?os. La base de datos global sobre armas ligeras Small Arm Survey estimaba para 2018 que en Venezuela hab¨ªa 5,8 millones en manos de civiles y unas 385 mil entre las fuerzas militares.

El mercado de la desconfianza

El monopolio de las armas en Venezuela es del Estado, espec¨ªficamente del Ministerio de la Defensa, que regula los portes de armas y vende las municiones. Quienes pueden tener armas de forma legal son los polic¨ªas municipales, estadales y nacionales y militares para los que se admite que hagan labores de escoltas de funcionarios y el cuerpo diplom¨¢tico, empleados de empresas de custodia de valores y atletas de tiro. Los portes de arma de civiles est¨¢n suspendidos desde hace m¨¢s de una d¨¦cada. Ning¨²n civil puede tener un arma. Ni siquiera un vigilante privado.

Los escoltas de particulares, entonces, est¨¢n fuera de ley en el pa¨ªs pese a que se han multiplicado en los ¨²ltimos a?os, al punto de que desde las filas del chavismo surgi¨® la Asociaci¨®n Bolivariana de Escoltas. Armando Rodr¨ªguez es un expolic¨ªa y preside esta organizaci¨®n que vio luz, asegura, con el impulso de Lina Ron, una combativa militante que comandaba algunas de las fuerzas de choque del chavismo. El ex sargento mantiene una lucha porque se regularice la situaci¨®n de su gremio ¡ªcasi 11.000 hombres y mujeres afiliados a su asociaci¨®n¡ª, una situaci¨®n que esconde otros problemas m¨¢s all¨¢ de la inseguridad.

¡°En el 100% de las dependencias militares y policiales se dedican a la labor de escoltas, por eso es que no reconocen el porte de armas para protecci¨®n de terceros, porque se quedar¨ªan sin polic¨ªas y militares¡±, advierte Rodr¨ªguez, quien se?ala que en su asociaci¨®n hay funcionarios activos que buscan mejorar sus bajos ingresos como agentes de seguridad cuidando de forma privada a empresarios o personalidades. Y reconoce: ¡°Aqu¨ª hubo un plan de desarme, pero todo el mundo est¨¢ armado¡±. El polic¨ªa jubilado de 57 a?os se?ala que el limbo jur¨ªdico los expone a recurrentes detenciones por porte il¨ªcito de armas cuando deben actuar como parte de su trabajo de defensa de quien los contrata.

La informalidad, agrega Rodr¨ªguez, tambi¨¦n ha hecho que personas que no tienen entrenamiento ni formaci¨®n policial trabajen como escoltas por una paga inferior a la que ¨¦l considera se deber¨ªa recibir por este trabajo. ¡°En muchos casos, los VIP (los clientes que contratan escoltas) les pagan 100 d¨®lares, les dan una pistola y un tel¨¦fono y si pasa algo que llamen y ellos lo salvan (lo sacan de la c¨¢rcel)¡±. Sobre el incidente del concierto, se?ala que la escolta que estaba en el lugar no debi¨® entrar armada para ejercer su trabajo de custodia.

Venezuela vive bajo una especie de la ley de la selva en la que se ha normalizado la presencia de armas. Adem¨¢s de los escoltas, el negocio del blindaje de veh¨ªculos ha crecido en el pa¨ªs en la ¨²ltima d¨¦cada como una se?al de que las balas son un riesgo m¨¢s al salir a la calle. Es parte de lo que Zubillaga llama ¡°el mercado de la desconfianza¡±.

Rodr¨ªguez levanta como una bandera que Hugo Ch¨¢vez legaliz¨® la profesi¨®n de escolta al incluirla dentro de la Ley del Trabajo sancionada en 2012. Pero en la regularizaci¨®n de los portes de armas para el oficio de guardaespaldas no se ha avanzado. Tambi¨¦n faltar¨ªa, reconoce, un registro actualizado de todas las armas y de quienes las portan. Recientemente ha iniciado conversaciones con el nuevo ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, para encontrar una soluci¨®n a lo que considera es una traba para su oficio.

Desde 2019 se han emitido anualmente resoluciones que reiteran la prohibici¨®n del porte de armas entre civiles. El a?o pasado la FAN debi¨® advertir en una comunicaci¨®n interna que sus miembros no pod¨ªan prestar servicios de seguridad particulares o para empresas, un llamado de atenci¨®n que muestra la dimensi¨®n del problema. El abogado y crimin¨®logo Ferm¨ªn M¨¢rmol Garc¨ªa se?ala que el funcionario recibe un sueldo de la Rep¨²blica y adem¨¢s usa su arma de reglamento de forma privada est¨¢ cometiendo un delito de corrupci¨®n. En Venezuela, la profesi¨®n de escolta siempre ha estado en la informalidad y ¡°requiere regularizaci¨®n, porque los escoltas deben existir¡±, apunta M¨¢rmol Garc¨ªa. ¡°?ramos un pa¨ªs donde no exist¨ªa la necesidad de tener un escolta armado o un veh¨ªculo blindado. Antes solo se hablaba de chopos, rev¨®lveres y chuzos. Ahora estamos expuestos a fusiles y granadas¡±.

Sigue toda la informaci¨®n internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.