¡°El asesino se equivoc¨® de hijo y de madre¡±: j¨®venes de barrios pobres de Venezuela en el blanco de la polic¨ªa

Omar estaba con otros cuatro amigos jugando cartas en una vivienda del barrio Jos¨¦ F¨¦lix Ribas, en la caraque?a ¨¢rea de Petare, cuando un grupo de funcionarios policiales irrumpi¨® en la casa, acorral¨® a los j¨®venes y los asesin¨®. Era el 31 de julio de 2022 y no fue hasta hace poco, ocho meses despu¨¦s de lo ocurrido, que su madre, Urselis Valdez, ha podido ver el expediente del caso. Empieza a recordar los detalles de ese d¨ªa en que lo busc¨® en una comisar¨ªa, porque le dijeron que se lo hab¨ªan llevado vivo, y luego lo encontr¨® en un hospital con las costillas rotas y un n¨²mero de disparos en su...

Omar estaba con otros cuatro amigos jugando cartas en una vivienda del barrio Jos¨¦ F¨¦lix Ribas, en la caraque?a ¨¢rea de Petare, cuando un grupo de funcionarios policiales irrumpi¨® en la casa, acorral¨® a los j¨®venes y los asesin¨®. Era el 31 de julio de 2022 y no fue hasta hace poco, ocho meses despu¨¦s de lo ocurrido, que su madre, Urselis Valdez, ha podido ver el expediente del caso. Empieza a recordar los detalles de ese d¨ªa en que lo busc¨® en una comisar¨ªa, porque le dijeron que se lo hab¨ªan llevado vivo, y luego lo encontr¨® en un hospital con las costillas rotas y un n¨²mero de disparos en su cuerpo que no ha querido saber. ¡°Me siento bastante mal, todos los d¨ªas lloro a mi hijo, pero su muerte no se va a quedar as¨ª¡±, dice la mujer de 42 a?os, acompa?ada de Lina Rivera y Carmen Arroyo. Las tres se conocieron porque comparten duelos similares por familiares asesinados por la polic¨ªa y se acompa?an en el empedrado y solitario camino hacia la justicia.

Las historias de estas mujeres est¨¢n entre los m¨¢s de 2.000 testimonios que recibi¨® el Tribunal Penal Internacional (TPI) en los primeros meses de este a?o, cuando abri¨® la posibilidad de escuchar a las v¨ªctimas como parte del proceso que se sigue para reanudar las investigaciones sobre la presunta comisi¨®n de cr¨ªmenes de lesa humanidad en Venezuela. El volumen de formularios y videos recibidos oblig¨® a extender el plazo a la Fiscal¨ªa a cargo de Karim Khan para su procesamiento y respuesta. La decisi¨®n del TPI se espera para finales de este mes.

Persecuci¨®n a opositores, detenciones arbitrarias, violencia sexual y torturas registrados a partir del 2014 ¡ªel primer a?o pico de conflictividad pol¨ªtica en el pa¨ªs durante el Gobierno de Nicol¨¢s Maduro¡ª est¨¢n recogidas en la demanda del TPI. Las organizaciones de derechos humanos y las v¨ªctimas est¨¢n impulsando que el tribunal tambi¨¦n considere los asesinatos en protestas y durante operativos de seguridad, sobre los que se denuncia la existencia de un patr¨®n y una pol¨ªtica de Estado, como han recogido ya varios informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ¡ªque pidi¨® la disoluci¨®n de las FAES (las fuerzas especiales de la Polic¨ªa Nacional Bolivariana)¡ª y la Misi¨®n Independiente de Determinaci¨®n de Hechos de las Naciones Unidas.

Las ejecuciones extrajudiciales se recrudecieron durante las llamadas Operaciones de Liberaci¨®n del Pueblo (OLP), las cuestionadas incursiones militares y policiales que el Gobierno venezolano llev¨® a cabo entre 2015 y 2017 para combatir la delincuencia en el que, durante esos a?os, se convirti¨® en uno de los pa¨ªses m¨¢s violentos de la regi¨®n y el mundo. Luego siguieron con las FAES, hasta el punto de que las llamadas muertes por resistencia a la autoridad o enfrentamientos con la polic¨ªa llegaron a ser la principal causa nacional de homicidios. Con los a?os, Venezuela se ha vaciado por la intensa migraci¨®n que ha tra¨ªdo la crisis humana a la par que han ido disminuyendo los delitos y tambi¨¦n los casos de muertes a manos de la polic¨ªa. Sin embargo, el activista del proyecto Lupa por la Vida Marino Alvarado dice que se est¨¢ lejos de tener argumentos para asegurar que la violencia de los cuerpos de seguridad se haya reducido. ¡°Hubo un reciclaje de funcionarios en distintos cuerpos y las FAES dejaron de existir de facto como un nombre¡±, explica.

Un informe presentado recientemente por la ONGA Provea y la fundaci¨®n Centro Gumilla, que llevan adelante la iniciativa Lupa por la Vida, registr¨® 824 casos de lo que considera ¡°ejecuciones extrajudiciales¡± en 2022, lo que representa un descenso con respecto a las m¨¢s de 3.000 v¨ªctimas contabilizadas en 2020. La mayor parte de las v¨ªctimas ten¨ªa entre 18 y 30 a?os y las pr¨¢cticas m¨¢s abusivas de las OLP parecen haber vuelto, advierten. ¡°Allanamientos masivos sin ¨®rdenes judiciales, tomas, detenciones arbitrarias se est¨¢n viendo de nuevo. Desde la masacre de La Vega, hace dos a?os, ya no se est¨¢ informando sobre la cantidad de personas asesinadas en los operativos ni sobre las que se detienen. Hay una pol¨ªtica de silencio con una alt¨ªsima complicidad de la Defensor¨ªa del Pueblo que no exige al Gobierno que se investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se est¨¢n dando en el contexto de ejecuciones extrajudiciales¡±, agrega Alvarado.

Justamente en esa masacre de La Vega cay¨® R¨ªchard, de 23 a?os, que trabajaba reparando neum¨¢ticos y no ten¨ªa antecedentes penales. Era el hijo de Miyanllela Fern¨¢ndez que vio c¨®mo lo mataron desde una peque?a ventana de la que cuelga una jaula para p¨¢jaros. Ese d¨ªa de enero de 2021 fueron asesinadas 24 personas en ese operativo que mantuvo este barrio del oeste de Caracas en zozobra. ¡°Se ensa?aron contra los j¨®venes¡±, dice la madre cuando recuerda ese d¨ªa en el que, asegura, no detuvieron ni asesinaron a ninguno de los miembros de las bandas criminales que controlan la zona.

Alvarado dice que hay un patr¨®n de v¨ªctima. ¡°Los j¨®venes varones de sectores populares son las principales v¨ªctimas de la violencia institucional¡±. Carmen Arroyo perdi¨® a Christian, su ¨²nico hijo, el 24 de septiembre de 2018, cuando regresaba de madrugada de celebrar su cumplea?os y se encontr¨® con m¨¢s de 20 funcionarios. Desde su experiencia, insiste en completar el perfil que los hace m¨¢s vulnerable. ¡°Vivir en un barrio, ser joven y pobre, de piel morena, tener tatuajes y el pelo crespo nos convierte en delincuentes para la polic¨ªa¡±, dice con rabia la mujer de 55 a?os, que lidera Madres Poderosas, una organizaci¨®n que integra a familiares de v¨ªctimas de ejecuciones extrajudiciales. La mayor¨ªa son mujeres que llevan el peso de la tristeza y la impunidad en los ojos y los nombres de sus hijos asesinados en tatuajes.

¡°A ¨¦l le dispararon cuando iba a subiendo la escalera y levant¨® las manos para que no lo mataran. Y esto es algo que ocurre a diario, son muchos¡±, contin¨²a Carmen sobre su hijo, que se ganaba la vida como barbero y jugaba baloncesto en una cancha cercana a su casa en el barrio La Dolorita donde ahora hay un mural en su memoria. ¡°Hay un mismo patr¨®n: la muerte f¨ªsica y la muerte moral, porque les siembran expedientes para convertirlos en malandros¡±, asegura. ¡°Pero el asesino se equivoc¨® de hijo y de madre. Yo no me voy a detener, porque ahora yo soy la voz de mi hijo¡±. El ¨²nico funcionario que est¨¢ se?alado en el caso de Christian est¨¢ siendo juzgado en libertad y sigue siendo un funcionario activo, denuncia la mujer. En otros casos, como el del hijo de Miyanllela o el de los familiares las investigaciones apenas est¨¢n comenzado. ¡°Nosotras luchamos solas en esto. Cada semana o cada 15 d¨ªas nos ponemos de acuerdo para ir a la Fiscal¨ªa juntas a preguntar¡±.

Entre 2018 y 2019, casi cada seis meses, Lina Rivera enterr¨® a cinco familiares asesinados en operativos policiales. Primero su sobrino Jordan, luego su hijo Jes¨²s, boxeador, junto con su yerno Kevin. Despu¨¦s vino Josu¨¦, otro sobrino, y su hermano Dani. La noche antes que asesinaran a su hijo escuch¨® que algo golpe¨® el techo de su casa en Barrio Uni¨®n, en Petare, y el ruido que le semejaba a una chicharra. Era uno de los drones de la polic¨ªa que utilizaron en un despliegue masivo en varios barrios que dej¨® m¨¢s de una decena de muertos. A los ni?os y mujeres los sacaban de las casas. Los funcionarios buscaban a los hombres, sin ninguna orden judicial. Como en la mayor¨ªa de los casos, alegaron un enfrentamiento, aunque Jes¨²s se estaba ba?ando cuando llegaron los polic¨ªas. Lina asegura que unos testigos vieron cuando le pusieron un bolso con drogas, una escopeta y un rev¨®lver de calibre 38 al lado del cuerpo. ¡°Lanzaron muchos tiros, hab¨ªa hasta francotiradores en los techos. Ese d¨ªa mataron a mucha gente en todo Petare, cuando fuimos a retirar el cuerpo de mi hijo la morgue estaba colapsada¡±.

Avances y retrocesos

Venezuela ha negado reiteradamente la ocurrencia de cr¨ªmenes que puedan ser juzgados con base en el Estatuto de Roma. Desde que el proceso comenz¨® a avanzar con el cierre del examen preliminar y el inicio de la investigaci¨®n, el Gobierno de Maduro mantiene un pulso para evitar que avance el proceso. La semana pasada, el fiscal Khan desestim¨® los argumentos esgrimidos por Venezuela en un escrito presentado en febrero en el que califica de ¡°falacias de la agresi¨®n medi¨¢tica y geopol¨ªtica¡± los se?alamientos sobre la comisi¨®n de presuntos cr¨ªmenes de lesa humanidad.

El Gobierno ha pedido desestimar la investigaci¨®n que se reabri¨® en noviembre pasado, tras otros intentos de frenarla. Pero el organismo internacional insiste en su nueva respuesta que no se han producido enjuiciamientos contra los responsables en las cadenas de mando y que el Estado venezolano no ha presentado pruebas de que en efecto se hayan producido sentencias y reparaciones a v¨ªctimas. Esto ocurre un a?o despu¨¦s de que el TPI abriera una oficina t¨¦cnica en Caracas para asesorar sobre las reformas judiciales necesarias en Venezuela.

¡°Los operativos de seguridad pasaron a ser uno de los dramas m¨¢s relevantes de ataques sistem¨¢ticos y generalizados contra la poblaci¨®n civil¡±, advierte el abogado Ezequiel Monsalve, de la ONG Defiende Venezuela, que forma parte del Observatorio de Cr¨ªmenes de Lesa Humanidad que est¨¢ documentando casos para el expediente de Venezuela. ¡°Lejos de ser una pol¨ªtica de seguridad ciudadana, son una pol¨ªtica de control social. Y aunque han disminuido la mortalidad tras la disoluci¨®n de las FAES, no es menos cierto que han aumentado en n¨²mero y lugares donde se han desarrollado, ocasionando otro tipo de delitos como tortura, tratos crueles, ataques a la propiedad, violencia sexual, detenciones arbitrarias a partir de un desplazamiento de las fuerzas para conseguir lo que llaman botines de guerra¡±.

Ante la dura respuesta de la Fiscal¨ªa de hace una semana, Venezuela ha pedido un nuevo derecho a r¨¦plica que podr¨¢ presentar hasta este 20 de abril. Un nuevo movimiento en el juego pol¨ªtico de Maduro para defender su imagen a escala internacional.

Sigue toda la informaci¨®n internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.