Juicios masivos en El Salvador de Bukele: una ley permitir¨¢ audiencias de hasta 900 presos

El r¨¦gimen de excepci¨®n que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impulsa, y que le ha permitido neutralizar a las maras en ese pa¨ªs centroamericano, acumula ya m¨¢s de 71.000 personas detenidas. No solo las c¨¢rceles est¨¢n desbordadas, sino tambi¨¦n los juzgados. En ese contexto, el Parlamento salvadore?o ¡ªdominado por el partido de Gobierno¡ª ha aprobado disposiciones transitorias y reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, que aumentan las penas para los cabecillas de pandillas y permiten la realizaci¨®n de juicios colectivos. En estas audiencias masivas de hasta 900 detenidos se procesar¨¢ a estructuras criminales completas, en vez de someter a los acusados a procedimientos individuales. La decisi¨®n ha generado alarma en una situaci¨®n en la que, seg¨²n calculan organismos de derechos humanos, hay al menos 5.490 ¡°v¨ªctimas directas, inocentes¡± encarceladas por esta pol¨ªtica de mano dura.

Los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas alegaron que la medida ¡°facilitar¨ªa a los jueces dictar sentencia de forma m¨¢s r¨¢pida a los criminales y evitar que miembros de estas estructuras delictivas salgan en libertad¡±. Esta reforma oficializa una pr¨¢ctica que la justicia salvadore?a ya ven¨ªa realizando de facto ante el elevado n¨²mero de detenciones de pandilleros, entre ellos miles de ciudadanos que no tienen v¨ªnculos con estas estructuras delictivas.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) alert¨® en mayo que las audiencias iniciales, en las que los jueces revisan la legalidad de un arresto y deciden sobre los cargos y la prisi¨®n preventiva, se celebraban en grupos de hasta 500 personas. ¡°A los defensores p¨²blicos se les ha dado de tres a cuatro minutos para presentar los casos de 400 a 500 detenidos a la vez. Tambi¨¦n se ha informado sobre juicios masivos. Estos procesos son, a menudo, realizados de manera virtual, socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunci¨®n de inocencia de los detenidos¡±, sostienen los expertos.

El r¨¦gimen de excepci¨®n fue aprobado en marzo de 2022 por un periodo de un mes y ha sido ampliado en reiteradas ocasiones por los diputados. Si bien la agresiva pol¨ªtica ha neutralizado a las maras, lo que ha reforzado la popularidad de Bukele ¡ªal punto de buscar la reelecci¨®n contraviniendo la Constituci¨®n del pa¨ªs¡ª, los organismos de derechos humanos han documentado una ristra de vej¨¢menes. Amnist¨ªa Internacional denunciaba en mayo que 132 personas hab¨ªan muerto bajo custodia del Estado, adem¨¢s de violaciones flagrantes al debido proceso y desapariciones forzadas.

De acuerdo con los expertos de Naciones Unidas, ¡°el uso excesivo de la prisi¨®n preventiva, la prohibici¨®n de medidas alternativas, los juicios en ausencia y la posibilidad de utilizar pr¨¢cticas como ¡®jueces sin rostro¡¯ y testigos de referencia, atenta contra las garant¨ªas del debido proceso¡±.

¡°Un riesgo para los inocentes¡±

El diputado de oposici¨®n Jaime Guevara sostuvo que la reforma aprobada representa ¡°un riesgo y una amenaza para los presos inocentes que est¨¢n en las c¨¢rceles a esperas de un procedimiento penal justo¡±. ¡°Esto supondr¨ªa que cualquier capturado sea incluido a un grupo de pandillas para que enfrente su proceso penal como estructura y no de manera individual, lo que violenta el debido proceso¡±, reclam¨®. La parlamentaria Claudia Ortiz aleg¨® que la reforma ¡°¨²nicamente servir¨¢ para hacerle el trabajo m¨¢s liviano a la Fiscal¨ªa, para que ya no tenga que investigar¡±.

La presidencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia recibi¨® el anteproyecto de ley tan solo 24 horas antes de ser aprobado para que pudiera emitir observaciones al respecto. Pese al corto tiempo, la magistrada Sandra Luz Chicas advirti¨® de que la reforma tiene elementos ¡°decorativos¡± hasta otros que podr¨ªan convertir a los jueces en ¡°pasapapeles¡±.

¡°Pareciera que el juez va a ser solo pasapapeles y no va a poder valorar¡±, insisti¨® Chicas. ¡°La observaci¨®n [sobre el aumento de penas a los cabecillas de las maras] es el principio de proporcionalidad, porque pudiera haber una cr¨ªtica t¨¦cnica de que se diga que se le est¨¢ poniendo m¨¢s pena al que dio la orden que al que directamente mat¨®. Hoy por hoy, el autor directo, el coautor y el mediato tienen igual pena, ni m¨¢s ni menos¡±, explic¨® la presidenta de la Sala de lo Penal.

Pese a todas estas valoraciones t¨¦cnicas, el ministro de seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, insiste en justificar la reforma: ¡°Aqu¨ª hablamos de hasta 900 imputados por clica o cancha. Tenemos claro que las pandillas actuaban como un corporativo criminal en el que las 15 sillas [cabecillas] determinaban las actividades criminales que desempe?ar¨ªan las clicas o canchas¡±. ¡°Clicas¡± hace referencia a los grupos o c¨¦lulas que existen dentro de las maras y ¡°canchas¡± a los territorios que controlan.

Naciones Unidas ha llamado en reiteradas ocasiones la atenci¨®n a la Administraci¨®n de Bukele. Los expertos resaltan que si bien el Gobierno tiene la obligaci¨®n de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, ¡°no puede pisotear el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad p¨²blica¡±.

A trav¨¦s de su cuenta de Twitter, su canal preferido de expresi¨®n, Bukele incluso respondi¨® a las cr¨ªticas que verti¨® el presidente de Chile, Gabriel Boric, por la estrategia de mano dura en El Salvador. Boric sostuvo en una entrevista con una cadena brit¨¢nica que ¡°la soluci¨®n solo se enfoca en las medidas m¨¢s extremas y no en los temas de fondo¡±. ¡°Es pan para hoy y hambre para ma?ana¡±, expres¨®. El mandatario salvadore?o no tard¨® en cargar contra su hom¨®logo chileno: ¡°Pues este Gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevenci¨®n y la represi¨®n directa del delito. Qu¨¦ dif¨ªcil ha de ser liderar un pa¨ªs teniendo tan poco sentido com¨²n. Gracias a Dios los chilenos son m¨¢s que su presidente¡±.

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