El Tribunal Supremo de EE UU abre un curso judicial marcado por los casos contra Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos abre el curso judicial con la vista de un caso en el que debe decidir si en una ley penal aprobada hace unos a?os la palabra ¡°y¡± significa de verdad ¡°y¡±, como sostienen algunos tribunales inferiores, o si en realidad quiere decir ¡°o¡±, como ha sentenciado alg¨²n otro. Es un caso que puede hacer las delicias de los seguidores del Supremo, pero tendr¨¢ menos carga pol¨ªtica que los que han permitido una revoluci¨®n conservadora los ¨²ltimos dos a?os. Pese a todo, el nuevo curso tambi¨¦n promete: la libertad de expresi¨®n en las redes sociales, el uso de la p¨ªldora abortiva, los mapas electorales, el derecho a usar armas y los poderes del supervisor del mercado de valores y otras agencias p¨²blicas ser¨¢n algunos de los asuntos estrella. Pero la gran inc¨®gnita es si el Supremo tendr¨¢ que pronunciarse sobre alguno de los juicios que afronta Donald Trump, el presidente que nombr¨® a tres de los nueve miembros del tribunal, o incluso sobre su capacidad para concurrir a las elecciones de 2024.

El pasado curso acab¨® con una traca final que hizo saltar por los aires la discriminaci¨®n positiva en las universidades por motivos raciales, dio licencia para discriminar a parejas homosexuales en virtud de la libertad de expresi¨®n y anul¨® la quita parcial a los pr¨¦stamos a estudiantes. Hasta esas ¨²ltimas sentencias, muchos casos se hab¨ªan resuelto con relativo consenso y con posiciones m¨¢s centradas que el ejercicio anterior. En 2022, el Supremo derog¨® el derecho federal al aborto, socav¨® la lucha contra el cambio clim¨¢tico, ampli¨® el derecho a llevar armas de fuego, dio mayor papel a la religi¨®n en los colegios, cuestion¨® la vacunaci¨®n obligatoria de trabajadores contra la covid y rest¨® poder a las agencias federales.

Con su prestigio por los suelos por algunas de las sentencias de los ¨²ltimos dos a?os y por los esc¨¢ndalos de donaciones, regalos y prebendas sin declarar de algunos magistrados, el Supremo inicia el curso con un men¨² de casos ya admitidos y algunas vistas programadas, pero puede ir sumando m¨¢s a la lista durante el a?o.

Los jueces ya tienen encima de la mesa un caso que trata sobre Trump, pero de forma tangencial. Cuando era candidato en las primarias para las elecciones de 2016, llamaba ¡°peque?o Marco¡± a su rival, el senador Marco Rubio. Este, cansado de ese desprecio, se plant¨® en un debate: ¡°Ya saben lo que dicen de los tipos con manos peque?as. ?No te puedes fiar de ellos!¡±. En algunos m¨ªtines insisti¨® despu¨¦s en que ten¨ªa las manos ¡°demasiado peque?as¡±. Steve Elster, un activista progresista, intent¨® registrar en 2018 la marca ¡°Trump too small¡± [¡°Trump demasiado peque?as¡± o, con doble sentido, ¡°demasiado peque?a¡±], pero la oficina de patentes lo rechaz¨®, pues la ley exige consentimiento de la persona citada. Elster recurri¨® y un tribunal le dio la raz¨®n el a?o pasado, alegando que se estaba violando su libertad de expresi¨®n, pues Trump es un personaje p¨²blico. La oficina de patentes apel¨® y el Supremo decidir¨¢ en el caso Vidal v. Elster. La vista oral est¨¢ prevista para el 1 de noviembre.

?Inhabilitaci¨®n para las elecciones de 2024?

Los casos trascendentes sobre Trump que pueden llegar al Supremo no est¨¢n a¨²n agendados. Por una parte, est¨¢n las cuatro imputaciones penales por 91 delitos. El tribunal raramente admite pronunciarse sobre incidentes procesales, pero no cabe descartar que intervenga en alguno de ellos. Y, sobre todo, en el horizonte est¨¢ la famosa disputa sobre si Trump est¨¢ inhabilitado para concurrir a las elecciones de 2024 en virtud del art¨ªculo 14 de la Constituci¨®n, que reza: ¡°Ninguna persona podr¨¢ ser (¡­) presidente (¡­) si, habiendo prestado previamente juramento de apoyo a la Constituci¨®n de Estados Unidos, ha participado en una insurrecci¨®n o rebeli¨®n contra la misma, o ha dado ayuda o consuelo a sus enemigos¡±. Algunos Estados quieren prohibir su nombre en las papeletas y el Supremo tendr¨ªa la ¨²ltima palabra.

Otro posible caso estrella todav¨ªa no ha llegado m¨¢s que de forma provisional al Supremo. Se trata de la validez de la autorizaci¨®n otorgada por la FDA, el regulador farmac¨¦utico, a la p¨ªldora abortiva mifepristona. Un juez de Texas la anul¨®. Tras un recurso, un tribunal federal permiti¨® su uso, pero con restricciones, mientras decid¨ªa sobre el fondo. Los jueces del Supremo mantuvieron cautelarmente su legalidad plena, pero el caso avanza en el tribunal federal y parece destinado, este curso o el pr¨®ximo, a llegar al Supremo.

A la espera de esos casos, el Supremo ya ha admitido los suficientes como para otro a?o de sentencias que marquen la vida de los estadounidenses. Dos de los ¨²ltimos admitidos, Moody v. Netchoice y Netchoice v. Paxton, definir¨¢n los contornos de la libertad de expresi¨®n en las redes sociales. En esos pleitos entre las tecnol¨®gicas y los Estados de Texas y Florida est¨¢ en juego si las plataformas pueden actuar como editores y moderar sus contenidos sin verse impelidos a publicar mensajes que no desean (discursos de odio e incitaciones a la violencia, por ejemplo) o si los que tienen derecho a expresarse sin cortapisas son los usuarios.

El derecho a llevar armas volver¨¢ al tribunal con el caso United States v Rahimi. Los jueces ampliaron ese derecho el a?o pasado en una sentencia que invalid¨® restricciones impuestas por el Estado de Nueva York. Ahora, se pregunta si la norma que proh¨ªbe la posesi¨®n de armas de fuego a las personas sujetas a ¨®rdenes de alejamiento por violencia dom¨¦stica viola la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a mantener y portar armas. Los jueces conservadores tendr¨¢n que hacer equilibrios entre una interpretaci¨®n laxa de su doctrina del originalismo, seg¨²n la cual la Constituci¨®n debe interpretarse de acuerdo con el momento en que se redact¨®, salvo que quieran amparar la impopular decisi¨®n de que los maltratadores puedan ir armados. La sentencia tendr¨¢ una doble lectura en plena imputaci¨®n de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, por comprar un arma y poseerla cuando era drogadicto.

Varios casos tienen en el punto de mira a las agencias de la Administraci¨®n. En Consumer Financial Protection Bureau v. Community Financial Services Association est¨¢ en juego si es legal que la Oficina de Protecci¨®n al Consumidor Financiero haya estado funcionando con fondos recibidos de la Reserva Federal desde su creaci¨®n, tras la crisis financiera. Un tribunal sentenci¨® que era ilegal, que el dinero deb¨ªa haber sido autorizado por el Congreso. Si el Supremo lo confirma, todas sus actuaciones y su regulaci¨®n en m¨¢s de una d¨¦cada podr¨ªan ser impugnadas, con ¡°consecuencias econ¨®micas catastr¨®ficas¡±, seg¨²n han alegado las asociaciones hipotecarias y las patronales inmobiliarias.

Algo parecido ocurre con otro caso, SEC v. Jarkesi, en que se pone en cuesti¨®n la autoridad de la Comisi¨®n de Valores y Bolsa (SEC). George Jarkesy reclam¨® su derecho a un juicio con jurado tras ser multado con 300.000 d¨®lares (283.000 euros) y la devoluci¨®n de 685.000 d¨®lares (647.000 euros) de beneficio il¨ªcito por un procedimiento de car¨¢cter administrativo. Recurri¨® y un tribunal le dio la raz¨®n. Ahora, el Supremo redefinir¨¢ los contornos de actuaci¨®n del supervisor. Y hay otro caso, Loper Bright Enterprises v. Raimondo, en que los jueces tendr¨¢n ocasi¨®n de acotar el poder de las agencias gubernamentales, una de sus aficiones favoritas.

El tribunal tambi¨¦n abordar¨¢ en una vista oral en diciembre la bancarrota de Purdue Pharma, seg¨²n anunci¨® en agosto. Los jueces bloquearon entonces un acuerdo de quiebra que habr¨ªa protegido a los miembros de la multimillonaria familia Sackler, que en su d¨ªa control¨® la empresa, de demandas civiles adicionales por la epidemia de opioides y que limitaba la responsabilidad personal de los Sackler a 6.000 millones de d¨®lares (5.700 millones de euros). El caso es Harrington v. Purdue Pharma.

Las vistas orales se retoman este lunes con Pulsifer v. United States el caso enrevesado sobre el significado de la palabra ¡°y¡±, pero que puede afectar a m¨¢s de 10.000 condenados por delitos menores de tr¨¢fico de drogas. La norma dice que los jueces no est¨¢n obligados a imponer penas m¨ªnimas obligatorias, sino a su discreci¨®n, si el sentenciado ¡°no tiene¡± antecedentes penales de un tipo A, de otro tipo B ¡°y¡± de otro tipo C, resumiendo. La forma verbal negativa y la conjunci¨®n copulativa no combinan muy bien en este contexto, as¨ª que hay jueces que interpretan que basta con tener uno de los tres tipos de antecedentes para quedar excluido de la posibilidad de penas menores. Otros, por el contrario, sostienen que solo se quedan al margen quienes tengan a la vez los tres tipos de antecedentes. La soluci¨®n, en unos meses.

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