Al borde del ¡°golpe blando¡±: Ayotzinapa y la militarizaci¨®n

La semana final de septiembre ha sido prol¨ªfica en acontecimientos que han puesto de nuevo en duda la disposici¨®n del Ej¨¦rcito a asumir las consecuencias legales de los actos y omisiones de sus miembros ...

La semana final de septiembre ha sido prol¨ªfica en acontecimientos que han puesto de nuevo en duda la disposici¨®n del Ej¨¦rcito a asumir las consecuencias legales de los actos y omisiones de sus miembros en el caso Ayotzinapa y, por extensi¨®n, en todos los otros casos de abusos de derechos humanos por parte de militares en el pasado y en el presente. Esta peligrosa constataci¨®n se produce justo en el momento que se pretende constitucionalizar la permanencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad p¨²blica, a quienes de hecho se entrega esta funci¨®n decisiva para la vida p¨²blica. Es urgente detener este proceso hasta que se lleve a cabo una reforma profunda de todo el estatuto legal del Ej¨¦rcito y de la Armada que las coloque efectivamente bajo el mando civil y en un entorno de rendici¨®n de cuentas. Y es m¨¢s urgente aun detener la absurda y riesgos¨ªsima consulta que el presidente pretende hacer para legitimar lo inadmisible: la entrega parcial del poder a las Fuerzas Armadas.

El presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador asumi¨® como una de sus principales promesas de campa?a la resoluci¨®n con justicia del caso de la desaparici¨®n en Iguala de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014. Esta tragedia marc¨® el principio del fin del r¨¦gimen de la transici¨®n a la democracia en M¨¦xico. Sin embargo, a m¨¢s de cuatro a?os de mandato, y a pesar de los trabajos de una Comisi¨®n para la Verdad y el Acceso a la Justicia con rango presidencial, a la cual se le adscribi¨® adem¨¢s una Unidad Especial de Investigaci¨®n y Litigio (UELCA), y de la extensi¨®n del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el caso est¨¢ hoy en un estado de confusi¨®n e incertidumbre similar al padecido desde el Gobierno anterior, a pesar de la mucho mayor informaci¨®n disponible.

La causa de esta par¨¢lisis est¨¢ en la confrontaci¨®n, al interior del Gobierno, de las visiones e intereses de tres instituciones: el Ej¨¦rcito, la Fiscal¨ªa General, y la Comisi¨®n para la Verdad, encabezada por el subsecretario de Gobernaci¨®n, Alejandro Encinas. La crisis, causada por la negativa del Ej¨¦rcito a entregar toda la informaci¨®n que posee y por la intromisi¨®n indebida de la FGR en la UELCA, anul¨¢ndola de facto e imponiendo una agenda distinta a la programada por la unidad. Este hecho pone en cuesti¨®n no s¨®lo la capacidad y voluntad del Gobierno para resolver el caso, sino la legitimidad de la militarizaci¨®n emprendida por el presidente.

Las investigaciones del caso Ayotzinapa han demostrado, casi desde el principio, que el Ej¨¦rcito estuvo involucrado en la construcci¨®n de un orden pol¨ªtico criminal en la regi¨®n de Iguala, dominado por el grupo de delincuentes llamado Guerreros Unidos. Las investigaciones de la DEA sit¨²an a este grupo como responsable del trasiego de drogas desde el norte de Guerrero a la zona de Chicago. No se trataba de un gran c¨¢rtel, sino de un clan criminal relativamente peque?o, precario en comparaci¨®n con los que dominan la escena criminal mexicana.

Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas y el GIEI demuestran que el grupo teji¨® alianzas con el alcalde de Iguala y las polic¨ªas municipales de todos los pueblos de la regi¨®n y que, por medio de la corrupci¨®n, contaba adem¨¢s con la protecci¨®n de los agentes locales de la Fiscal¨ªa y la polic¨ªa estatales y federales, as¨ª como probablemente de la guarnici¨®n del Ej¨¦rcito y del destacamento local de la Marina. Este orden, que era continuamente retado por otros grupos criminales regionales (los Rojos, los Ardillos) condujo a que Iguala se convirtiera en uno de los ejes de la desaparici¨®n forzada en Guerrero mucho antes de la desaparici¨®n de los estudiantes de Ayotzinapa.

Un colectivo importante, el de Los Otros Desaparecidos de Iguala, ha documentado decenas de casos, con muchas m¨¢s v¨ªctimas que las del caso de los estudiantes. Incre¨ªblemente, ninguna de las investigaciones en curso ha estudiado el desarrollo de ese orden criminal, dejando a las otras v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada en el olvido y bloqueando la posibilidad de entender a fondo la naturaleza de esta fusi¨®n entre crimen y autoridades del Estado, especialmente, del papel de las fuerzas del ¡°orden¡± en ¨¦l. Ante la tragedia, tanto la organizaci¨®n de los padres de los estudiantes y sus aliados como los Gobiernos estatal y federal, focalizaron la lucha y el conflicto derivado de la desaparici¨®n forzada de los normalistas en este ¨²nico caso, ignorando el orden criminal estructural. Parad¨®jicamente, esta decisi¨®n contribuy¨®, ante todo al principio del proceso, a la invisibilizaci¨®n de la tragedia nacional de la desaparici¨®n forzada masiva de personas.

El presidente L¨®pez Obrador, consiente de que su Gobierno no podr¨ªa atender el problema nacional de la desaparici¨®n forzada, y de que el caso Ayotzinapa ten¨ªa una enorme centralidad simb¨®lica y pol¨ªtica, decidi¨® resolver este ¨²nico caso, y usarlo como una especie de demostraci¨®n de su voluntad de justicia. La parte por el todo, al igual que en el discurso pol¨ªtico en que una parte de la poblaci¨®n deviene el pueblo entero. Ahora bien, hay que ubicar esta decisi¨®n del presidente en el contexto de su proyecto de destruir las instituciones del ¡°r¨¦gimen neoliberal¡± y construir un orden paralelo, no necesariamente apegado a la ley, mediante el uso central de dos agentes estatales: los ¡°servidores de la Naci¨®n¡±, ejecutores en la sombra de la pol¨ªtica de subsidios generalizados, y el Ej¨¦rcito, cuyo estatuto jur¨ªdico especial, fruto del pacto de despolitizaci¨®n de las fuerzas armadas en la fase de consolidaci¨®n del r¨¦gimen autoritario priista, se ha mantenido hasta la fecha. Ese pacto le dio al Ej¨¦rcito y a la Marina autonom¨ªa administrativa (sin rendir cuentas) y un r¨¦gimen legal de excepci¨®n, por el cual los miembros de los cuerpos castrenses son juzgados en un fuero especial.

El problema central de militarizar buena parte de la Administraci¨®n P¨²blica sin haber antes cambiado ese estatuto de excepcionalidad es que, una vez empoderado el Ej¨¦rcito, no ser¨¢ f¨¢cil someterlo a la disciplina civil. Si ya de suyo la instituci¨®n castrense ha evitado asumir responsabilidades penales de sus miembros en los a?os recientes, es de esperarse que se resistir¨¢ m¨¢s aun en la medida que su poder crezca.

Enfaticemos este punto. A diferencia de la gran mayor¨ªa de los pa¨ªses democr¨¢ticos del mundo, en M¨¦xico las Fuerzas Armadas no est¨¢n sometidas al mando civil en la estructura de Gobierno. No hay un Secretario de Defensa civil, como en casi todas partes. El presidente es el Comandante Supremo seg¨²n la Constituci¨®n, pero en ausencia de una estructura de control administrativo y pol¨ªtico, esa figura es mera ret¨®rica. Este orden fue la condici¨®n que pusieron los generales revolucionarios para dejar de verse tentados a tomar el poder o actuar abiertamente en pol¨ªtica. Por a?os el PRI los mantuvo como una especie de sector militar del partido oficial, y hubo muchos diputados federales militares. Pero no ten¨ªan poder pol¨ªtico. En la transici¨®n, los gobiernos democr¨¢ticos trataron de crear un Ministerio de Defensa Civil, pero tanto el Ej¨¦rcito como la Marina se negaron. No por ello se detuvo un proceso que ya estaba en marcha desde los a?os noventa, que era la ¡°militarizaci¨®n¡± de las polic¨ªas estatales y algunas municipales, el cual se magnific¨® con el inicio de la ¡°guerra contra las drogas¡± de Calder¨®n y la consiguiente militarizaci¨®n generalizada (e ilegal) de la seguridad p¨²blica.

Al principio de su Gobierno, L¨®pez Obrador, enfrentado a esta dura realidad, se plante¨® una aparentemente brillante idea: en vez de detener la militarizaci¨®n de la seguridad p¨²blica, hab¨ªa que ¡°policializar¡± al Ej¨¦rcito. Para qu¨¦ tener 250.000 hombres y mujeres en armas que s¨®lo ocasionalmente realizaban operaciones de salvamento en emergencias, si pod¨ªan usarse en la seguridad p¨²blica (lo que ya hac¨ªan de facto), para lo cual bastaba crear un mecanismo de legalizaci¨®n y transici¨®n ordenada a la construcci¨®n de una polic¨ªa civil. De aqu¨ª el proyecto de la Guardia Nacional, aprobado casi un¨¢nimemente por todos los partidos, despu¨¦s de una larga negociaci¨®n. Todos los partidos ignoraron en ese preciso momento, una obviedad: sin la construcci¨®n de polic¨ªas estatales y municipales profesionales, y sin fiscal¨ªas estatales que sirvieran, la creaci¨®n de una Guardia Nacional no ser¨ªa garant¨ªa de combate al crimen.

Otra omisi¨®n del mismo tama?o fue no refundar la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n, que fue, por el contrario, puesta en manos de un oscuro personaje del pasado, dispuesto a pasar por encima de la ley en el cumplimiento de la agenda pol¨ªtica del presidente y de la suya propia. Para colmo, la Guardia Nacional nunca se separ¨® ni presupuestal ni funcionalmente de la Secretar¨ªa de Defensa, ni se capacit¨® debidamente a sus miembros en materia policial.

Es en este contexto que hay que leer el desaguisado del caso Ayotzinapa. Est¨¢ claro que el Ej¨¦rcito se niega a asumir la responsabilidad que le corresponde en la tragedia a varios de sus oficiales y tropa, raz¨®n por la cual hasta hace apenas un a?o hab¨ªa ocultado informaci¨®n clave para desentra?ar los acontecimientos. La presi¨®n del presidente los ha obligado a entregar informaci¨®n y a abrir sus archivos. Pero no por ello tolerar¨¢n un proceso judicial que involucre a un amplio grupo de militares. S¨®lo unos cuantos y s¨®lo en este caso, parece ser el mensaje. En cambio, la Comisi¨®n Especial, la GIEI y la Unidad Especial estaban por un proceso ejemplar. Todo indica que el presidente decidi¨® aceptar los l¨ªmites impuestos por los militares, por lo que cedi¨® el manejo del proceso al Fiscal general, quien ha ido desmantelando a la Unidad Especial desde hace m¨¢s de un mes, hasta forzar la renuncia de su titular.

Para crear confusi¨®n y como espect¨¢culo distractor, la FGR decidi¨® imputar al exfiscal Murillo Karam, creyendo que esta detenci¨®n apaciguar¨ªa al p¨²blico por lo menos temporalmente. Pero como todo lo que hace la FGR, hasta eso estuvo mal ejecutado. El GIEI ha denunciado, en su ¨²ltimo informe, que hubo precipitaci¨®n en esa acci¨®n, con consecuencias legales imprevisibles; que falta validar las capturas de pantalla de las conversaciones filtradas la semana pasada que demuestran la colusi¨®n entre criminales, autoridades y militares, y que debe concluirse una investigaci¨®n que se ha prolongado mucho por la resistencia del ej¨¦rcito a entregar informaci¨®n clave.

La salida en falso en el caso Ayotzinapa est¨¢ ya causando la indignaci¨®n de las familias de v¨ªctimas y del movimiento de estudiantes normalistas rurales. La radicalizaci¨®n de una parte del movimiento ha llevado a airadas y riesgosas protestas en instalaciones militares. Este proceso est¨¢ coincidiendo en el tiempo con otros movimientos de normales rurales con agenda propia, centrada en el descuido de sus instalaciones y la carencia de recursos humanos y financieros; con un descontento creciente en universidades p¨²blicas ante la falta de atenci¨®n a denuncias de abusos contras cientos de estudiantes mujeres, ante la precariedad de la infraestructura, la falta de profesores y el autoritarismo interno, ejemplos de lo cual son las protestas recientes en la UNAM, el IPN y universidades de provincia; y, aunque aun no es visible, un creciente descontento de miles de profesores de asignatura con alta formaci¨®n que no encuentran empleo de tiempo completo, dado que los viejos profesores tienen todos los incentivos para no jubilarse; en fin, se est¨¢ configurando un c¨®ctel explosivo que puede dar lugar a un movimiento estudiantil de car¨¢cter nacional que incluir¨ªa la solidaridad con Ayotzinapa y sumar¨ªa su propia agenda de democratizaci¨®n y de atenci¨®n seria a la educaci¨®n superior.

Esta crisis todav¨ªa coyuntural tiene un espacio de salida en la reformulaci¨®n de la reforma constitucional que pretende extender hasta el 2028 la militarizaci¨®n plena de la Guardia Nacional. La reforma se aprob¨® en la C¨¢mara de Diputados a un alt¨ªsimo costo para el Gobierno, el que, despu¨¦s de demostrar la corrupci¨®n monumental del l¨ªder del PRI y amenazar con quitarle el fuero y procesarlo penalmente, y tener listos otros esc¨¢ndalos contra el resto del liderazgo priista en las dos c¨¢maras, ha reculado vergonzosamente una vez que los priistas se disciplinaron.

El Gobierno corrobor¨® as¨ª que usa la justicia discrecionalmente y con fines pol¨ªticos, y que su supuesta fuerza moral y su diferencia respecto al pasado es un discurso vac¨ªo. A pesar del chantaje masivo a la oposici¨®n, la reforma no pas¨® en el Senado, abri¨¦ndose un impasse que debe ser usado para reformular la reforma de tal forma que se garantice la vigilancia parlamentaria y civil sobre la Guardia Nacional, la creaci¨®n de polic¨ªas y fiscal¨ªas estatales profesionales y, de ser posible, repensar y refundar la Fiscal¨ªa general de la Naci¨®n, cuya legitimidad y supuesta autonom¨ªa han quedado borradas por completo despu¨¦s de los recientes acontecimientos. Aun estas reformas, si las hubiere, no atender¨ªan el problema de fondo, nunca resuelto, del estatuto de excepci¨®n de las fuerzas armadas, cuya continuidad en medio del proceso de militarizaci¨®n es un riesgo inminente de politizaci¨®n franca y abierta del instituto armado.

Para colmo, el presidente L¨®pez Obrador, en un acto reflejo irresponsable ante su derrota en el Senado, ha convocado a un ¡°ejercicio participativo¡± en enero para que el ¡°pueblo¡± corrobore su confianza en las Fuerzas Armadas. Tal ejercicio, no s¨®lo ilegal sino aventurero, tendr¨ªa consecuencias terribles en el escenario pol¨ªtico. Politizar¨ªa al Ej¨¦rcito, convertido ya en franco y ¨²nico salvador de la patria; fortalecer¨ªa al Secretario de Gobernaci¨®n, designado por fuera de toda norma como organizador del acto circense; y le dar¨ªa motivos a L¨®pez Obrador de hacer giras nacionales ahora como campe¨®n de una justicia militarizada. Tal cosa ser¨ªa un verdadero ¡°golpe blando¡± a la precaria democracia mexicana: un acto de ratificaci¨®n simb¨®lica de la entrega parcial del poder al Ej¨¦rcito ?en nombre de la justicia! Esperemos que el presidente recupere el sentido com¨²n antes de cometer el m¨¢s grave atentado a la democracia mexicana en su breve historia.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs