Victoria legal para M¨¦xico: una corte de apelaciones afirma que s¨ª puede demandar a los fabricantes de armas en EE UU

M¨¦xico s¨ª puede demandar a los fabricantes de armas en Estados Unidos. As¨ª lo decidi¨® este lunes la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que dio la raz¨®n al Gobierno mexicano y revivi¨® el caso que present¨® contra algunos de los nombres m¨¢s importantes de la industria armamentista de su pa¨ªs vecino. El asunto regresa ahora a un tribunal de Massachusetts, el mismo que rechaz¨® la demanda en septiembre de 2022, para ser revisado de nuevo. ¡°Gran noticia¡±, celebr¨® Alicia B¨¢rcena, la secretaria de Relaciones Exteriores.

El principal obst¨¢culo que enfrentaba la causa mexicana es la Ley de Protecci¨®n al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto impulsado durante la Administraci¨®n de George W. Bush que blinda a la industria armamentista ante cualquier demanda surgida por el mal uso que se d¨¦ a sus productos. Ese blindaje legal y la inmunidad que da a los productores de armas fue el argumento que se utiliz¨® para desestimar el caso en una primera instancia en una corte de Massachusetts. En esta ocasi¨®n, la Corte de Apelaciones decidi¨® que la demanda presentada por las autoridades mexicanas contra seis armer¨ªas y un distribuidor de armas argument¨® de forma plausible por qu¨¦ la inmunidad no aplica en este caso.

¡°Por lo tanto, revertimos el fallo emitido por la corte de Distrito de que PLCAA impide presentar a M¨¦xico su demanda y solicitamos que se reanude el proceso judicial¡±, se lee en el fallo, al que ha tenido acceso EL PA?S. El fallo es hist¨®rico. Es la primera vez que una corte de apelaciones toma una decisi¨®n en este sentido desde que la ley que da inmunidad a las armander¨ªas entr¨® en vigor, en 2005. ¡°Es un gran avance para que la industria de las armas rinda cuentas por su contribuci¨®n a la violencia armada y para detener el flujo de armas traficadas a los carteles¡±, se?al¨® Jonathan Lowy, uno de los abogados que representa al Gobierno de M¨¦xico, en un comunicado.

La lista de empresas demandadas por M¨¦xico incluye a Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt¡¯s y Ruger, productores de las armas m¨¢s populares entre los carteles mexicanos. El Gobierno mexicano los acusa de pr¨¢cticas comerciales negligentes: asegura que tienen estrategias deliberadas de marketing y dise?o de productos para ser atractivas para los grupos criminales y beneficiarse del tr¨¢fico ilegal. Mientras las drogas van de sur a norte, los fusiles llegan en la direcci¨®n contraria. Las compa?¨ªas demandadas producen el 68% de las cientos de miles de armas que ingresan al pa¨ªs de forma ilegal cada a?o, seg¨²n la demanda.

El caso contra los productores de armas se fragu¨® durante la gesti¨®n de Marcelo Ebrard en la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores. La intenci¨®n era sentar por primera vez en el banquillo de los acusados a las armer¨ªas para que respondan sobre la ola de violencia que azota al pa¨ªs latinoamericano. La demanda data desde agosto de 2021, originalmente presentada contra 11 compa?¨ªas. El Gobierno mexicano ha tenido que sobreponerse a varios obst¨¢culos legales, como demostrar que tiene personalidad jur¨ªdica para llevar el proceso en Estados Unidos o que los hechos reclamados puedan ser juzgados por una corte estadounidense, a pesar de que sus implicaciones afectan a M¨¦xico. Las autoridades mexicanas buscan una indemnizaci¨®n por da?os que ser¨¢ definida por el tribunal, pero que podr¨ªa alcanzar el 2% del PIB de M¨¦xico, se?alaron fuentes diplom¨¢ticas a este diario hace m¨¢s de dos a?os.

¡°Es un gran paso¡±, dijo Ebrard, que dej¨® su puesto como canciller en junio del a?o pasado para buscar la candidatura presidencial de Morena, el partido gobernante. B¨¢rcena, su sucesora en el cargo, hizo un exhorto este lunes a que las autoridades estadounidenses investiguen m¨¢s a fondo el tr¨¢fico de armas de uso exclusivo del Ej¨¦rcito de EE UU a M¨¦xico. El tema se ha convertido en una constante en la mesa bilateral de negociaciones y en los encuentros diplom¨¢ticos entre ambos pa¨ªses, como en la reuni¨®n ministerial que ambos Gobiernos sostuvieron la semana pasada en Washington. En el frente legal, la batalla regresa a Massachusetts, en un proceso previsto a durar varios a?os.