La juez procesa a los ocho militares de Ayotzinapa, ahora por delincuencia organizada

La juez Raquel Duarte ha mandado a prisi¨®n a ocho militares por su presunta colaboraci¨®n con el grupo criminal Guerreros Unidos, organizaci¨®n que perpetr¨® el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, en el Estado de Guerrero. Los militares vuelven as¨ª a prisi¨®n, despu¨¦s de un paso previo en meses anteriores. Es el ¨²ltimo cap¨ªtulo de un caso rocambolesco, convertido en un asunto pol¨ªtico desde Palacio Nacional, que ve en el caso Ayotzinapa una de las heridas m¨¢s grandes de su Gobierno.

Duarte ha aceptado los argumentos de la unidad especial de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) para el caso Ayotzinapa, la UEILCA, que acusa ahora a los soldados de delincuencia organizada, acusaci¨®n armada en apenas cuatro d¨ªas, a partir del relato de dos testigos protegidos, que en sus declaraciones anteriores nunca mencionaron a los ocho militares. Los abogados de los ocho han abierto un ¡°incidente de revisi¨®n de la medida cautelar¡±. En tres d¨ªas, argumentos de por medio, la juez deber¨¢ decidir si los mantiene en prisi¨®n o permite que lleven su proceso en libertad.

En otra pata del proceso, la UEILCA se?ala a los soldados de un delito de desaparici¨®n forzada, supuestamente por haber participado por acci¨®n u omisi¨®n en la desaparici¨®n de 43 estudiantes durante el ataque. Este ¨²ltimo delito de desaparici¨®n forzada, y las decisiones que la jueza tom¨® al respecto, figuran en el centro de la pol¨¦mica y explican el teatrillo de las ¨²ltimas semanas. A mediados del a?o pasado, la UEILCA pidi¨® la detenci¨®n de estos militares a la juez, por los delitos de desaparici¨®n forzada y delincuencia organizada. El juez solo acept¨® los argumentos de la UEILCA para acusarlos del primero. Los militares acabaron, sin embargo, en prisi¨®n, a la espera de juicio.

Pero en pocos meses las cosas cambiaron. En enero, sus abogados consiguieron que la jueza cambiara su medida cautelar. Duarte accedi¨® a que, en vez de estar en prisi¨®n, fueran a firmar cada 15 d¨ªas al juzgado. En Palacio Nacional, su decisi¨®n se interpret¨® como una afrenta del Poder Judicial al Gobierno, una m¨¢s. El presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, carg¨® contra la juez, igual que la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n y la FGR. El Ejecutivo anunci¨® una ofensiva para que los militares, que segu¨ªan procesados, volvieran a prisi¨®n.

Criticado por sus presiones en las investigaciones en el caso Ayotzinapa estos a?os, el Gobierno ve¨ªa en este caso una oportunidad para mostrar contundencia, aunque fuera simb¨®lica. De entre las decenas de patas que componen la investigaci¨®n del caso Ayotzinapa, el proceso contra estos ocho militares, meros soldados en la ¨¦poca del ataque, no es ni de lejos la m¨¢s importante. Pero la narrativa penaliza al Gobierno, se?alado por la mayor¨ªa de las familias de los 43, por sus abogados y por los investigadores independientes que han estudiado el caso estos a?os, de permitir que el mismo Ej¨¦rcito oculte informaci¨®n sobre el caso.

La t¨¢ctica de la UEILCA, en manos de un fiscal cercano a L¨®pez Obrador desde octubre de 2022, consisti¨® en reactivar la acusaci¨®n de delincuencia organizada con nuevas pruebas, de forma que la juez, si las aceptaba, los mandara de vuelta a prisi¨®n. Los fiscales trabajaron r¨¢pido. Los ocho militares, que durante el ataque contra los 43 iban a bordo de diferentes patrullas en el lugar de los hechos, el municipio de Iguala, hab¨ªan salido de prisi¨®n el 24 de enero. El 1 de febrero, los volvieron a detener.

La rapidez de la UEILCA se alimentaba de dos declaraciones nuevas de dos viejos conocidos de la FGR, los testigos protegidos Carla y Neto, dos viejos integrantes de Guerreros Unidos, que ya hab¨ªan declarado varias veces a?os antes. En sus nuevas declaraciones, a las que ha tenido acceso EL PA?S, los dos reconocen por fotos a los acusados. Carla dice incluso los nombres de seis de ellos. Neto no lo hace, pero ve sus fotos y les reconoce. Las sospechas de que los fiscales podr¨ªan haber inducido el testimonio de ambos cobran fuerza entre las familias de los 43.

En sus declaraciones anteriores, ni uno ni otro dijeron nunca el nombre de ninguno de los ocho. En su declaraci¨®n del 18 de noviembre de 2020, Carla dice que ¡°alg¨²n capit¨¢n del Ej¨¦rcito pertenec¨ªa a Guerreros Unidos¡±. Y luego a?ade que de los militares que trabajan para el grupo ubica a dos. Uno es un capit¨¢n, de apodo El Boxer. Dice que vive en la colonia El Capire, es chaparrillo, medio musculoso y tiene un balazo en el muslo derecho. El otro, a?ade, es Valent¨ªn, que es de Oaxaca y tiene la oreja derecha como partida. Es alto, delgado y moreno.

Por su lado, Neto dice, en su declaraci¨®n del 22 de febrero de 2021, que ¡°hab¨ªa polic¨ªas y soldados del Ej¨¦rcito a quienes se pagaba una cuota¡±. Y a?ade: ¡°Como empec¨¦ desde abajo no ten¨ªa contacto directo con ellos, pero si me es puesta alguna fotograf¨ªa podr¨ªa reconocer a alguno¡±. Por alg¨²n motivo, los fiscales no le ense?aron las fotos de estos ocho militares. Tampoco a Carla. Y, si lo hicieron, no los reconocieron. Parte de las primeras declaraciones a uno y otro consistieron en la muestra de decenas de im¨¢genes, situaci¨®n que consta en el primer escrito de acusaci¨®n contra estos ocho militares y otros trece, consignada al juzgado en agosto de 2022.

En su nueva declaraci¨®n, Carla justifica su silencio. ¡°No me hab¨ªa atrevido a mencionar por nombres a la gente que yo conozco y que se les pagaba su cuota, porque muchos son polic¨ªas o soldados y son gente que tiene poder y armas, pues son del gobierno y esos te desaparecen sin que se sepa nada¡±, defienda. Tanto Carla como Neto son dos de los testigos m¨¢s d¨¦biles de la UEILCA. El primero cuenta un relato sobre el asesinato de un compa?ero de los 43, la noche de los hechos, Julio C¨¦sar Mondrag¨®n, contradictorio respeto a otras pruebas recopiladas estos a?os. El segundo narra el traslado de cuerpos de algunos de los 43, ya asesinados, un d¨ªa despu¨¦s del ataque, a plena luz del d¨ªa, en el mismo Iguala. Para ese entonces, las autoridades ya controlaban el municipio.

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