Irapuato Rojo: asignatura pendiente

La reciente masacre suscitada en un centro de atenci¨®n a adictos, llamado Buscando el camino a mi recuperaci¨®n, de Irapuato (Guanajuato), es el reflejo de una problem¨¢tica pendiente m¨¢s amplia y compleja que sufrimos en materia de seguridad, prevenci¨®n y salud p¨²blica. Las estrategias de los ¨²ltimos sexenios han priorizado los recursos en las acciones punitivas, reactivas y de prohibici¨®n. Muchos menos esfuerzos e inversi¨®n se han dado a la prevenci¨®n, a la reducci¨®n del da?o y a la atenci¨®n integral de las adicciones.

Adicional a la perspectiva descrita, tenemos un vac¨ªo legal urgente ...

La reciente masacre suscitada en un centro de atenci¨®n a adictos, llamado Buscando el camino a mi recuperaci¨®n, de Irapuato (Guanajuato), es el reflejo de una problem¨¢tica pendiente m¨¢s amplia y compleja que sufrimos en materia de seguridad, prevenci¨®n y salud p¨²blica. Las estrategias de los ¨²ltimos sexenios han priorizado los recursos en las acciones punitivas, reactivas y de prohibici¨®n. Muchos menos esfuerzos e inversi¨®n se han dado a la prevenci¨®n, a la reducci¨®n del da?o y a la atenci¨®n integral de las adicciones.

Adicional a la perspectiva descrita, tenemos un vac¨ªo legal urgente de regular. El problema es de anta?o. Derivado de una perspectiva limitada de salud p¨²blica, del estigma y de la criminalizaci¨®n de los adictos, durante muchos a?os fue la sociedad civil a trav¨¦s de anexos, centros y albergues religiosos quienes atendieron el fen¨®meno de las adicciones. Es a partir de 1999 que se integra la atenci¨®n como parte de las pol¨ªticas p¨²blicas de salud desde el Gobierno sin lograr darse abasto. Las organizaciones, lideradas en buena parte por exadictos, han llenado el hueco con muchas carencias, las mismas que no son exclusivas de M¨¦xico. Seg¨²n datos de la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, solo una de cada seis personas en el mundo que necesita atenci¨®n por trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas tiene acceso a programas de tratamiento.

La certificaci¨®n de este tipo de centros se hace a trav¨¦s de la Norma Oficial Mexicana (NOM 028 SSA-2002) para la Prevenci¨®n, Tratamiento y Atenci¨®n de las Adicciones. Sin embargo, la norma se queda corta y no brinda los dientes ni las facultades necesarias a la Cofepris (Comisi¨®n Federal para la Protecci¨®n contra Riesgos Sanitarios) para revisar, regular y sancionar de forma adecuada estos lugares. Desafortunadamente, el ¨²nico requisito para operarlos es cumplir con el tr¨¢mite de Aviso de Funcionamiento municipal. No es necesaria ninguna verificaci¨®n sobre las capacidades estructurales o t¨¦cnicas para el ofrecimiento del servicio de rehabilitaci¨®n de adicciones. Personal insuficiente y sin capacitaci¨®n formal; problemas de hacinamiento; ingresos involuntarios sin apego a la norma, maltrato f¨ªsico y psicol¨®gico y la presencia de pacientes con condici¨®n psiqui¨¢trica sin manejo especializado es parte de la triste realidad. ?nicamente cerca de 300 centros han logrado la certificaci¨®n. Adem¨¢s, existe un subregistro importante. El Consejo Nacional para las Adicciones tiene registrados cerca de 2.000 centros, mientras que existen entre 3.000 y 4.000. Es decir, casi el 50% de estos no est¨¢ en el radar de la autoridad, como era el caso del centro de Irapuato.

Los c¨¢rteles no matan a los adictos porque estos quieran recuperarse. Es m¨¢s probable que lo hagan por el uso que desgraciadamente se ha dado a estos centros por parte del crimen y ante la incapacidad de la autoridad por regularlos y por proteger y atender a los adictos. Es bien sabido que j¨®venes amenazados de muerte por grupos criminales los utilizan como refugios. Deudas relacionadas con el narcomenudeo, la lucha por el control territorial entre bandas rivales y el escarmiento para los due?os de los anexos una vez que los sicarios ubican a su v¨ªctima escondida en ellos son el motivo de ataque.

Una visi¨®n m¨¢s amplia, integral y basada en la salud p¨²blica y no en la prohibici¨®n ni en la discriminaci¨®n de los adictos es parte de la oferta de la 4T. Mejorar la atenci¨®n y oferta para los enfermos, as¨ª como contar con las herramientas legales y materiales para hacer de esta promesa una realidad debe ser parte del plan. Los legisladores tienen la oportunidad hist¨®rica de poner en marcha los instrumentos legales para regular estos establecimientos. Atender con dignidad y evitar el maltrato de los pacientes, y que estos sitios abran y cierren al margen de la ley al tiempo de reducir el riesgo de que sucedan este tipo de incidentes debe ser una prioridad.

Eunice Rend¨®n es experta en seguridad y participaci¨®n ciudadana. Ra¨²l M. Del Campo pertenece al Instituto Nacional de Psiquiatr¨ªa y es miembro de la Junta Internacional de Fiscalizaci¨®n de Estupefacientes de Naciones Unidas.