Moralidad y justicia en la 4T

El esc¨¢ndalo de corrupci¨®n en Pemex, exhibido por el exdirector de la empresa Emilio Lozoya (para salvarse de la c¨¢rcel), ha dado lugar a un debate nacional sobre la relaci¨®n entre moralidad y justicia. Y esto es as¨ª porque el presidente L¨®pez Obrador ha decidido usar este emblem¨¢tico caso para comprobar, por una parte, su denuncia de que el r¨¦gimen de la transici¨®n se bas¨® en un pacto de corrupci¨®n entre los distintos actores pol¨ªticos y, por otra, para insistir en su hip¨®tesis de que la corrupci¨®n misma es la causa principal y casi ¨²nica del desastre que vive M¨¦xico. Siendo cierto, como se h...

El esc¨¢ndalo de corrupci¨®n en Pemex, exhibido por el exdirector de la empresa Emilio Lozoya (para salvarse de la c¨¢rcel), ha dado lugar a un debate nacional sobre la relaci¨®n entre moralidad y justicia. Y esto es as¨ª porque el presidente L¨®pez Obrador ha decidido usar este emblem¨¢tico caso para comprobar, por una parte, su denuncia de que el r¨¦gimen de la transici¨®n se bas¨® en un pacto de corrupci¨®n entre los distintos actores pol¨ªticos y, por otra, para insistir en su hip¨®tesis de que la corrupci¨®n misma es la causa principal y casi ¨²nica del desastre que vive M¨¦xico. Siendo cierto, como se ha demostrado ampliamente desde hace a?os, que la corrupci¨®n en todos los poderes del Estado y en todos los niveles de Gobierno es generalizada y sist¨¦mica, es necesario establecer si la causa del problema es moral (la falta de escr¨²pulos y de valores y la ambici¨®n personal de los pol¨ªticos del PRI y del PAN), o si hay algo m¨¢s profundo que se oculta al convertir el caso Lozoya en un espect¨¢culo alimentado por ¡°filtraciones¡± continuas a la prensa, y no en un caso ejemplar de aplicaci¨®n de la ley.

El propio presidente ha se?alado que para ¨¦l la justicia y la ley no son lo mismo. Parece querer decir que la ley tiene limitaciones para castigar los delitos y la alta traici¨®n a la patria en que incurrieron los pol¨ªticos que nos gobernaron en este principio del siglo. La justicia, en consecuencia, debe entenderse ante todo como un juicio moral, un castigo reputacional, que en este caso se tramita en los medios de comunicaci¨®n y se constituye en una especie de pedagog¨ªa pol¨ªtica cuyo fin es subrayar el contraste entre el ¡°viejo¡± y el ¡°nuevo¡± r¨¦gimen. Se trata, seg¨²n el presidente, de poner fin a la tolerancia cultural a la corrupci¨®n y al patrimonialismo con que se ha manejado el sistema pol¨ªtico creado en la transici¨®n. Una misi¨®n sin duda imprescindible para cambiar la imagen p¨²blica de los pol¨ªticos y lo pol¨ªtico.

Surgen de inmediato dos problemas: el primero es de diagn¨®stico. La corrupci¨®n y el patrimonialismo no son inventos neoliberales. Esas pr¨¢cticas eran el fundamento mismo del r¨¦gimen priista, que los perfeccion¨® a grado extremo, como lo sabe cualquiera que haya le¨ªdo algo sobre la historia pol¨ªtica mexicana o haya vivido lo suficiente. En ese sentido, los Gobiernos de la transici¨®n no lograron cambiar el r¨¦gimen pol¨ªtico, sino darle un rostro electoral-competitivo, lo cual ampli¨® las libertades para las clases medias y ¡°democratiz¨®¡± la corrupci¨®n, pero no cambi¨® nada en lo sustancial en las relaciones entre los (seudo)ciudadanos y los Gobiernos, que siguieron siendo determinadas por redes de clientelismo, autoritarismo extremo y exclusi¨®n sist¨¦mica.

El segundo problema de esta forma de ¡°educar al pueblo¡± es que limita el ejercicio de la ¡°justicia¡± al juicio moral que el propio presidente lleva a cabo de manera unilateral desde sus privilegiados foros. El sistema de justicia (la ley) no es considerado determinante para garantizar que las conductas delictivas e inmorales sean castigadas. Por tanto, como otros casos han demostrado recientemente, la justicia s¨®lo se procurar¨¢ cuando el presidente lo juzgue conveniente, y no en cada ocasi¨®n en que las conductas ilegales lo ameriten. Dicho en t¨¦rminos conceptuales, el problema es que en vez de construir un Estado de Derecho, estamos desarrollando un sistema casi teocr¨¢tico, en el que una especie de ayatol¨¢ decide, en ¨²ltima instancia, a qui¨¦n y c¨®mo se castiga, y a qui¨¦n y c¨®mo se perdona.

Un ejemplo claro del problema surgi¨® hace unos d¨ªas. Un v¨ªdeo fue ¡°filtrado¡± en el que se observa a un hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo, de parte de un conocido emisario del entonces gobernador de Chiapas, en 2015. Ese gobernador y su secretario de gobierno, miembros del partido m¨¢s oportunista de la historia pol¨ªtica reciente de M¨¦xico, el Partido ¡°Verde¡±, son hoy prominentes apoyos del Gobierno transformador. El presidente dice que ese dinero era el resultado de una colecta entre el ¡°pueblo¡±, destinado a apoyar a Morena, el partido en consolidaci¨®n de AMLO. Ese portador de dinero, agente de un tenebroso grupo pol¨ªtico del viejo r¨¦gimen, puede ser catalogado de cualquier manera, menos como parte del ¡°pueblo bueno¡±. Lo peor es que el presidente acaba de nombrar a ese digno emisario director de un nuevo ente p¨²blico, encargado de toda la compra consolidada de medicinas del sector p¨²blico. L¨®gicamente, AMLO (y su esposa) han exculpado ya, por anticipado, a estos desinteresados actores de un episodio que debe ser le¨ªdo casi como un acto heroico, comparable con las acciones de Leona Vicario, Francisco I. Madero y otros pr¨®ceres de la historia nacional. No importa que al entregar dinero en forma ilegal se haya violado la ley electoral y cometido diversos delitos financieros, adem¨¢s de adquirir compromisos pol¨ªticos. El mensaje es que el fin justifica los medios.

El presidente L¨®pez Obrador golpea as¨ª la legitimidad y correcci¨®n de su gesta contra la corrupci¨®n. La ¡°Cuarta Transformaci¨®n¡± parece limitarse, a los ojos del presidente, al recambio de una ¨¦lite pol¨ªtica carcomida por la maldad por una nueva ¨¦lite portadora de la virtud. En el v¨¦rtice de esta nueva pir¨¢mide, construida sobre las ruinas de la anterior ¡ªcomo en los tiempos prehisp¨¢nicos¡ª, est¨¢ el propio presidente, cuyo ejemplo de honestidad irradia poderosa luz sobre el resto de la nueva clase gobernante. Lo malo es que no hay nueva clase gobernante. El 90% de los funcionarios y legisladores federales (y casi todos los de los estados gobernados por Morena) provienen de los anteriores gobiernos y partidos neoliberales, donde se formaron en las mejores pr¨¢cticas de la ¨¦poca (los desplazados, curiosamente, ten¨ªan alguna capacidad t¨¦cnica, de la cual carecen los escasos nuevos cuadros). Ahora bien, a diferencia de los bautizos pentecostales en las simuladas aguas del Jord¨¢n, estos actores pol¨ªticos no han renacido por el simple hecho de trabajar ahora para el gobernante en turno. Por eso se requiere de instituciones para combatir la corrupci¨®n, y no solo de un padre generoso y justo que imparte justicia desde su alto pedestal.

La moralidad democr¨¢tica se establece en la ley, y se ratifica, d¨ªa a d¨ªa, en su debido cumplimiento. Somos el pa¨ªs de la simulaci¨®n legal, a trav¨¦s de la cual se han cometido y se siguen cometiendo toda clase de aberraciones jur¨ªdicas y pol¨ªticas. La transformaci¨®n que reclama M¨¦xico es la construcci¨®n de un Estado de Derecho, desde el cual se pueda combatir la injusticia en todas sus formas, as¨ª como la corrupci¨®n. Si no cambiamos al Estado desde sus ra¨ªces, no habr¨¢ transformaci¨®n alguna, sino simplemente una reedici¨®n del viejo r¨¦gimen.