Los abusos de las Fuerzas Armadas en M¨¦xico

Arturo Garza, estudiante de ingenier¨ªa y aficionado de beisbol de 19 a?os, sali¨® de su casa para visitar a su novia la noche del s¨¢bado 27 de junio. Fue la ¨²ltima vez que su familia le ver¨ªa con vida.

Al d¨ªa siguiente le buscaron por todo Nuevo Laredo, ciudad fronteriza del estado norte?o de Tamaulipas. Denunciaron su desaparici¨®n ante la Fiscal¨ªa Especializada en Atenci¨®n a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, pero no fue hasta el 3 de julio que se enteraron de un enfrentamiento entre el Ej¨¦rcito mexicano y un grupo de presuntos delincuentes, en el cual murieron 12 hombre...

Arturo Garza, estudiante de ingenier¨ªa y aficionado de beisbol de 19 a?os, sali¨® de su casa para visitar a su novia la noche del s¨¢bado 27 de junio. Fue la ¨²ltima vez que su familia le ver¨ªa con vida.

Al d¨ªa siguiente le buscaron por todo Nuevo Laredo, ciudad fronteriza del estado norte?o de Tamaulipas. Denunciaron su desaparici¨®n ante la Fiscal¨ªa Especializada en Atenci¨®n a Personas No Localizadas o Privadas de su Libertad, pero no fue hasta el 3 de julio que se enteraron de un enfrentamiento entre el Ej¨¦rcito mexicano y un grupo de presuntos delincuentes, en el cual murieron 12 hombres.

Un v¨ªdeo publicado por El Universal esta semana ha revelado c¨®mo elementos del Ej¨¦rcito persiguieron a una camioneta pickup, d¨¢ndole al menos 243 disparos. Al final un soldado se acerca a la parte trasera del auto y grita: ¡°?Est¨¢ vivo!¡±. Otro responde con la orden: ¡°M¨¢talo, a la verga¡±.

Tirado en la caja trasera estaba Arturo, al lado de ?ngel Nu?ez, mec¨¢nico de 27 a?os quien hab¨ªa desparecido el 27 de junio, y Dami¨¢n Genovez Tercero, migrante de Chiapas de 18 a?os, a quien no se hab¨ªa visto desde el 24 de junio cuando sali¨® a buscar trabajo con su primo Alejandro Tercero, quien sigue sin localizarse.

Los tres murieron por disparos, pero, a diferencia de las dem¨¢s personas que fallecieron en el enfrentamiento, no portaban armas ni uniformes y estaban amarrados por los pies y las manos. La evidencia apunta a que habr¨ªan sido secuestrados por un grupo de delincuencia organizada, y que los militares les ejecutaron de manera extrajudicial.

¡°Mi hijo no merec¨ªa este tipo de muerte¡±, dijo H¨¦ctor Garza, el padre de Arturo. ¡°No me gustar¨ªa que le pasara esto a ning¨²n otro padre de familia, es demasiado el dolor, me desgarra el coraz¨®n y la verdad, me siento traicionado por M¨¦xico¡±.

Desgraciadamente, estos no son hechos aislados. Amnist¨ªa Internacional y el Comit¨¦ de Derechos Humanos de Nuevo Laredo llevan d¨¦cadas denunciando graves violaciones de derechos humanos en M¨¦xico y en el estado de Tamaulipas, muchas veces a manos de integrantes de las fuerzas armadas.

La estrategia militarizada de seguridad p¨²blica de sucesivos gobiernos, combinada con la impunidad desenfrenada, ha generado un ¨¢mbito letal en cual el Ej¨¦rcito y la Marina siguen cometiendo cr¨ªmenes de derecho internacional, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Tamaulipas y en muchas partes del pa¨ªs.

Hemos observado c¨®mo las autoridades suelen culpar a las v¨ªctimas, pint¨¢ndoles como sicarios o miembros del crimen organizado. Y a sus familias, en muchos casos, las tratan con desprecio y les dicen que no tienen derecho de reclamar justicia. A los delincuentes hay que llevarlos ante la justicia de acuerdo con la ley y a las v¨ªctimas hay que protegerlas, no criminalizarlas y no poner en riesgo sus vidas.

La impunidad es un factor clave. El Comit¨¦ de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado decenas de casos de probables ejecuciones extrajudiciales en los ¨²ltimos a?os, pero el Ministerio P¨²blico Federal no ha judicializado ni uno. Parece que ninguna prueba es suficiente para que se haga justicia.

En este caso, como en todos, las autoridades deben realizar una investigaci¨®n independiente, imparcial, expedita y exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia ordinaria a cualquier miembro de las fuerzas armadas sospechoso de responsabilidad penal por un crimen. No pueden seguir negando los derechos de las v¨ªctimas y sus familias a la verdad, la justicia y la reparaci¨®n del da?o.

Hace un a?o, el presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador afirm¨®: ¡°Nadie est¨¢ autorizado para ajusticiar, para rematar heridos, para masacrar. Est¨¢n haciendo el Ej¨¦rcito y la Marina un gran esfuerzo y adem¨¢s actuando con mucha responsabilidad y tambi¨¦n les dir¨ªa por convicci¨®n para regular el uso de la fuerza y no violar derechos humanos.¡±

Los hechos demuestran lo contrario. Este doloroso incidente tiene que ser un parteaguas para que el Gobierno y las Fuerzas Armadas hagan una reflexi¨®n profunda y acepten sus errores. M¨¦xico est¨¢ harto de violencia y a estas alturas las palabras no bastan. Es hora de actuar.

Para acabar con los cr¨ªmenes cometidos por las Fuerzas Armadas, el Gobierno debe repensar su papel y el del nuevo cuerpo militar de facto, la Guardia Nacional, y poner los derechos humanos como eje central de su estrategia de seguridad p¨²blica. No solo hace falta una renovaci¨®n profunda de los protocolos de actuaci¨®n y uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, sino tambi¨¦n la atenci¨®n a v¨ªctimas y la impartici¨®n de justicia en M¨¦xico.

Asimismo, debemos considerar la salud mental de los militares y la deshumanizaci¨®n y los traumas mentales que sufren. Est¨¢n desgastados despu¨¦s de a?os de enfrentamientos violentos, a?os de llevar a cabo tareas de seguridad p¨²blica para las cuales no fueron apropiadamente entrenados. Este entorno es propicio para que se cometen estas graves violaciones de derechos humanos.

No podemos seguir por este camino, repitiendo las mismas historias de terror como la de Arturo, ?ngel y Dami¨¢n. Necesitamos un M¨¦xico donde las autoridades rescaten a las v¨ªctimas, protejan a la poblaci¨®n y respeten los derechos humanos.

Raymundo Ramos es presidente del Comit¨¦ de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y Duncan Tucker es jefe de medios para las Am¨¦ricas de Amnist¨ªa Internacional.