El Tren Maya y la legalidad
La decisi車n de reiniciar las obras del Tren Maya es un reto abierto al Poder Judicial al pretender levantar una suspensi車n que solo le corresponde al juez y a nadie m芍s
El proyecto denominado Tren Maya es una de las obras insignia de la actual Administraci車n. Por ello, desde el Gobierno federal se ha defendido a toda costa su desarrollo, aunque esto implique la vulneraci車n del orden jur赤dico mexicano. El 18 de julio pasado, las obras del proyecto relacionadas con el tramo 5 reiniciaron con la justificaci車n de que se realizan bajo el amparo de una declaratoria de seguridad nacional, ...
El proyecto denominado Tren Maya es una de las obras insignia de la actual Administraci車n. Por ello, desde el Gobierno federal se ha defendido a toda costa su desarrollo, aunque esto implique la vulneraci車n del orden jur赤dico mexicano. El 18 de julio pasado, las obras del proyecto relacionadas con el tramo 5 reiniciaron con la justificaci車n de que se realizan bajo el amparo de una declaratoria de seguridad nacional, a pesar de que el Poder Judicial federal dict車 medidas cautelares en diversos juicios de amparo. Esto implica una violaci車n a las suspensiones otorgadas por el juez primero de distrito de M谷rida, en las que prohibi車 toda obra relacionada con la ejecuci車n del tren.
Esta situaci車n se enmarca bajo un halo de extralimitaci車n del Ejecutivo federal que concibe a la seguridad nacional como un instrumento para vulnerar el equilibrio y armon赤a que debe prevalecer en todo Estado democr芍tico y, particularmente, en detrimento de la seguridad h赤drica y de los ecosistemas y de la biodiversidad de la pen赤nsula de Yucat芍n, cuya preservaci車n es toral para consolidar y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
Sin embargo, la actual Administraci車n federal, en dem谷rito de la seguridad nacional, la utiliza como una herramienta para sacudir el sistema democr芍tico en detrimento de los derechos ambientales, pues ejecutar el proyecto del Tren Maya en contravenci車n de las leyes ambientales que el legislador dispuso para preservar y proteger el medio ambiente y en contraposici車n a las medidas cautelares dictadas en los juicios de amparo que en este caso tienen el mismo objetivo, constituyen violaciones que impiden el acceso a la justicia ambiental e implican un desconocimiento de los propios principios que rigen las acciones y pol赤ticas en materia de seguridad nacional como lo son, entre otros: de legalidad, responsabilidad, confidencialidad, lealtad, transparencia y respeto a los derechos humanos, as赤 como a sus garant赤as.
Lo anterior adquiere mayor raz車n pues la Ley de Seguridad Nacional no prev谷 disposiciones o mecanismos que posibiliten la apertura de un estado de excepci車n en el cual se puedan soslayar las medidas decretadas por el Poder Judicial federal, durante la sustanciaci車n de un juicio de amparo, tendientes a salvaguardar el r谷gimen constitucional.
Los mecanismos de defensa previstos en la Ley de Amparo e incluso en las propias leyes ambientales, garantizan a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona, que se tengan mecanismos para defender las prerrogativas esenciales previstas en la Constituci車n federal como el derecho a un medio ambiente sano, lo que de ninguna forma se traduce en amenazas o riesgos para la estabilidad del pa赤s o para el orden constitucional, por el contrario, permite preservar el sistema democr芍tico que las autoridades deben defender a toda costa.
En M谷xico, el Constituyente estableci車 una serie de condiciones procesales que deben cumplirse cabalmente para lograr un control constitucional, dentro de los cuales se encuentra la suspensi車n del acto reclamado, la cual implica, en palabras de Jean Claude Tron Petit, ※la garant赤a del 谷xito final del proceso principal. Por tanto es un medio para mantener la situaciones prevalecientes al inicio del juicio y hasta el momento en que se resuelva en definitiva, de car芍cter meramente conservativo, siendo su objeto preservar las cosas o situaciones hasta el final del juicio§.
El quebrantamiento por parte del Ejecutivo federal de las suspensiones sin intervenci車n de las autoridades judiciales conlleva a que se consoliden, en el caso concreto, las violaciones a los derechos humanos ambientales, es decir, la materializaci車n de la deforestaci車n, los cambios de uso de suelo, las afectaciones a la flora y a la fauna, las afectaciones a los r赤os subterr芍neos y la fragmentaci車n de los ecosistemas.
As赤, las acciones del Ejecutivo federal implican un desacato a las suspensiones ordenadas por las autoridades jurisdiccionales y que actualizan el delito previsto por la Ley de Amparo en el art赤culo 262 fracci車n III, cuyo cumplimiento debe garantizarse por el Poder Judicial federal.
El proyecto del Tren Maya gravita en torno a serias irregularidades ambientales pues se ha venido realizado el tramo 5 sin que se hubiera sometido al procedimiento de evaluaci車n del impacto ambiental previo a ejecutar las obras, en clara vulneraci車n a los principios esenciales de la materia como los de prevenci車n, precauci車n e in dubio pro natura, lo que ha implicado que se ocasionen da?os ambientales.
En este sentido, se tiene que hacer hincapi谷 en que este reinicio de obras bajo una justificaci車n de Seguridad Nacional se trata de una mera ret車rica que permite la degradaci車n ambiental, pues no es constitucionalmente v芍lido que una decisi車n ilegal implique la desprotecci車n de los h芍bitats de flora y fauna silvestre, cuando en t谷rminos de los art赤culos 4? y 5? de la Ley General de Vida Silvestre es una obligaci車n de conservar y proteger a las especies de todo da?o y perturbaci車n. Adem芍s, se omite cumplir con las obligaciones del Estado mexicano de acreditar el da?o al ambiente, de fincar la responsabilidad por ello y de restituir dichos da?os a su estado base, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
En tales t谷rminos, la decisi車n de reiniciar las obras del Tren Maya por parte del Ejecutivo federal es un reto abierto al poder judicial al pretender levantar una suspensi車n que s車lo le corresponde al juez y a nadie m芍s. Luchemos por el fortalecimiento de las instituciones del pa赤s, en favor del capital natural y el respeto a los derechos humanos ambientales.
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