Indignidad
Miles de ancianos han muerto sin ayuda m¨¦dica en la Comunidad de Madrid
La Consejer¨ªa de Sanidad del Gobierno regional presidido por Isabel D¨ªaz Ayuso (PP) envi¨® a las 475 residencias existentes en la Comunidad de Madrid una comunicaci¨®n ordenando que las personas dependientes y terminales internadas en esos centros no fueran enviadas a los hospitales para evitar su colapso. El consejero de Pol¨ªticas Sociales del mismo Ejecutivo, Alberto Reyero (Ciudadanos), a quien correspond¨ªa en primera instancia la gesti¨®n de las residencias, mostr¨® su desacuerdo con la decisi¨®n de Sanidad, al tiempo que avisaba a su titular, Enrique Ruiz Escudero (PP), de que un alto n¨²mero d...
La Consejer¨ªa de Sanidad del Gobierno regional presidido por Isabel D¨ªaz Ayuso (PP) envi¨® a las 475 residencias existentes en la Comunidad de Madrid una comunicaci¨®n ordenando que las personas dependientes y terminales internadas en esos centros no fueran enviadas a los hospitales para evitar su colapso. El consejero de Pol¨ªticas Sociales del mismo Ejecutivo, Alberto Reyero (Ciudadanos), a quien correspond¨ªa en primera instancia la gesti¨®n de las residencias, mostr¨® su desacuerdo con la decisi¨®n de Sanidad, al tiempo que avisaba a su titular, Enrique Ruiz Escudero (PP), de que un alto n¨²mero de personas mayores pod¨ªa fallecer en condiciones indignas, y le advert¨ªa, en un correo personal, de ¡°graves consecuencias penales¡±.
Una de las escasas evidencias cient¨ªficas conocidas acerca del coronavirus es precisamente que su letalidad resulta m¨¢s elevada entre la poblaci¨®n de mayor edad. En la Comunidad de Madrid, este riesgo conocido y contrastado desde el principio se ha puesto de manifiesto con rotundidad no solo a trav¨¦s de las estad¨ªsticas procedentes de hospitales en los momentos cr¨ªticos de la pandemia, sino tambi¨¦n, de manera cruel, en aquellos centros donde la concentraci¨®n de una poblaci¨®n envejecida es general, las residencias. Ha sucedido en Espa?a y en todos aquellos pa¨ªses que disponen de una red residencial, porque las residencias no son centros sanitarios, no disponen de material, personal e instalaciones para combatir una pandemia de estas caracter¨ªsticas. Son centros de acompa?amiento y de cuidados, a cuyos residentes, por tanto, no se les puede negar la atenci¨®n hospitalaria, y menos a¨²n por razones que nada tengan que ver con la estricta gravedad de su estado.
Aunque la cifra oficial est¨¢ todav¨ªa por conocerse, posiblemente m¨¢s de 20.000 ancianos, una cifra brutal, han fallecido durante la pandemia en todo tipo de residencias en el conjunto de Espa?a. Solo un bajo porcentaje ha podido ser diagnosticado, pero la mayor¨ªa falleci¨® por ¡°s¨ªntomas compatibles¡± con los provocados por el coronavirus, una expresi¨®n que viene a se?alar que el paciente no recibi¨® la debida atenci¨®n ni siquiera en el momento del diagn¨®stico. Durante los momentos m¨¢s agudos de la pandemia, sobre todo en Madrid, comenzaron a llegar en cascada noticias diarias sobre fallecimientos de personas mayores dentro de las residencias a causa de hospitales colapsados que no pod¨ªan atenderlos. El Gobierno regional conoc¨ªa el estado ca¨®tico de esos centros, invadidos por el virus, carentes de personal por estar la mayor¨ªa infectado, sin dotaci¨®n m¨ªnima de equipos de protecci¨®n. Adem¨¢s, miles de ciudadanos asustados carecieron de informaci¨®n sobre el estado de sus familiares.
Que los consejeros enfrentados por la gesti¨®n de las residencias en Madrid pertenezcan a la coalici¨®n regional, Ciudadanos y el Partido Popular, ha dejado al descubierto la tensi¨®n pol¨ªtica entre ambas. Pero no es esta hoy la dimensi¨®n crucial, puesto que, ante la posibilidad de que exista una relaci¨®n de causa y efecto entre una orden administrativa y la inexorable condena de un elevado n¨²mero de ancianos a morir sin asistencia, lo que urge es fijar los hechos y luego exigir las responsabilidades que correspondan. El Gobierno de la Comunidad de Madrid est¨¢ obligado a esclarecer esta verg¨¹enza y la oposici¨®n debe exigirlo con la contundencia que requiere la evidencia de que miles de ancianos murieron abandonados.