Corona y virus

?Para qu¨¦ sirve un rey? Esta no es una pregunta capciosa y es l¨ªcito que se la hagan los ciudadanos de un pa¨ªs democr¨¢tico. Al propio don Juan Carlos, cuyo patrimonio est¨¢ siendo investigado por la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo y sobre el que se vierten ahora acusaciones que empa?an su antiguo prestigio, le escuch¨¦ muchas veces que la monarqu¨ªa subsistir¨ªa solo a condici¨®n de ser ¨²til. Habida cuenta de las informaciones recientes sobre su persona, podr¨ªamos suponer que su abdicaci¨®n se produjo precisamente porque ¨¦l mismo concluy¨® que su permanencia en el trono no beneficiaba ni a la continuid...

?Para qu¨¦ sirve un rey? Esta no es una pregunta capciosa y es l¨ªcito que se la hagan los ciudadanos de un pa¨ªs democr¨¢tico. Al propio don Juan Carlos, cuyo patrimonio est¨¢ siendo investigado por la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo y sobre el que se vierten ahora acusaciones que empa?an su antiguo prestigio, le escuch¨¦ muchas veces que la monarqu¨ªa subsistir¨ªa solo a condici¨®n de ser ¨²til. Habida cuenta de las informaciones recientes sobre su persona, podr¨ªamos suponer que su abdicaci¨®n se produjo precisamente porque ¨¦l mismo concluy¨® que su permanencia en el trono no beneficiaba ni a la continuidad del Estado ni a la de la dinast¨ªa. De modo que ese criterio de utilidad, sobre el que se interrogan p¨²blicamente los populistas de la izquierda y los nacionalistas irredentos, est¨¢ bien fundado. Ojal¨¢ se extendiera a otras instituciones, como el Ministerio de Consumo y su titular, sin ir m¨¢s lejos.

Hasta los m¨¢ximos detractores de la instituci¨®n, desde Jorge Javier V¨¢zquez hasta Pablo Iglesias, reconocen que el rey Juan Carlos fue ¨²til en la instauraci¨®n de la democracia y la devoluci¨®n de las libertades a los espa?oles tras la muerte de Franco. M¨¢s que ¨²til, a quienes vivimos aquellas jornadas nos pareci¨® decisiva su actitud y, como el vicepresidente segundo del Gobierno reconoci¨® hace apenas dos a?os, la mayor¨ªa de las fuerzas pol¨ªticas, incluido el Partido Comunista, asumieron ¡°el papel central de la monarqu¨ªa en la direcci¨®n del proceso democratizador¡±. Solo qued¨® fuera del consenso la izquierda abertzale, brazo pol¨ªtico de la banda terrorista ETA.

La utilidad de la monarqu¨ªa se puso nuevamente de relieve en la desarticulaci¨®n del golpe de Estado del 23-F. Y en otros eventos, como el papel que personalmente jug¨® don Juan Carlos en las relaciones internacionales de nuestro pa¨ªs y el apoyo a las inversiones de las empresas espa?olas en Am¨¦rica Latina y los pa¨ªses ¨¢rabes. Fue el mejor embajador de la marca Espa?a, que los Gobiernos luego se han dedicado a promover mediante estructuras burocr¨¢ticas poco eficientes. En resumen, la utilidad mon¨¢rquica fue evidente durante los primeros 40 a?os de nuestra democracia.

?Para qu¨¦ sirve un rey ahora? No es l¨ªcito hacer la pregunta en abstracto. Hay que interrogarse sobre el papel de la instituci¨®n en un pa¨ªs de corte federal en el que conviven cuatro lenguas oficiales (cinco, si aceptamos la extravagancia estatutaria de declarar lengua propia al valenciano); dos comunidades aut¨®nomas con poderosas, aunque minoritarias, facciones independentistas; dos ciudades aut¨®nomas fronterizas con Marruecos; otras dos autonom¨ªas insulares, una de ellas en territorio africano; una acusada fragmentaci¨®n pol¨ªtica y tensiones territoriales que en el caso vasco hasta hace apenas 11 a?os estuvieron te?idas de sangre y, hace casi tres, terminaron por enviar a la c¨¢rcel a toda la direcci¨®n pol¨ªtica de Catalu?a. A este respecto, por m¨¢s que algunos lo nieguen, el rey Felipe VI fue m¨¢s que ¨²til cuando en su discurso del 3 de octubre de 2017 sali¨® en defensa de la Constituci¨®n frente al separatismo xen¨®fobo. Lo hizo como consecuencia del pasmo de un Gobierno incapaz de hacer frente al conflicto pol¨ªtico catal¨¢n pese a tener para ello el apoyo del principal partido de la oposici¨®n. Se puso entonces de relieve que contar al frente del Estado con alguien hu¨¦rfano de bander¨ªas pol¨ªticas, sin sumisi¨®n a ideolog¨ªas ni intereses partidistas, no parece tan mala idea siempre que se garanticen las libertades p¨²blicas y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Mucho m¨¢s en un pa¨ªs tan proclive a la fragmentaci¨®n como el nuestro. La experiencia belga es un buen ejemplo.

Pero el principio de utilidad no resulta suficiente. Debemos preguntarnos tambi¨¦n por la legitimidad. En las monarqu¨ªas parlamentarias, que encabezan las clasificaciones de las democracias de mayor calidad y estabilidad en el mundo, la soberan¨ªa reside en el pueblo y los titulares de la corona no tienen poder pol¨ªtico alguno. Cualquier acto suyo que afecte a la gobernaci¨®n debe ser refrendado por el primer ministro y su gabinete: de ah¨ª deriva su inviolabilidad. Su papel es fundamentalmente simb¨®lico, aunque en el caso espa?ol posee tambi¨¦n capacidades de arbitraje y moderaci¨®n. De hecho, resultan casi te¨®ricas y solo se hicieron patentes, para el bien de la democracia, tras el intento de golpe de Estado de 1981. Actualmente la discreci¨®n en su desempe?o del inquilino de La Zarzuela es tal que ni siquiera tuvo un papel activo en las consultas para formar gobierno, tras los repetidos trompicones de los partidos en las ya frecuentes elecciones generales.

Las monarqu¨ªas n¨®rdicas, al igual que la espa?ola, representan a pa¨ªses cuyos ciudadanos disfrutan del pleno ejercicio de sus libertades, y donde los valores que emanaron de las revoluciones burguesas est¨¢n m¨¢s reconocidos y protegidos que en multitud de rep¨²blicas. Sin necesidad de acudir a ejemplos tir¨¢nicos como el de Venezuela, cabe se?alar que las calidades democr¨¢ticas de las rep¨²blicas de Hungr¨ªa, Polonia y otros pa¨ªses de la propia Uni¨®n Europea son hoy d¨ªa bastante inferiores a las monarqu¨ªas de Noruega, Dinamarca, Suecia o los Pa¨ªses Bajos. A la de nuestro pa¨ªs tambi¨¦n. Seg¨²n la revista The Economist y otras evaluaciones de diversos institutos como Freedom House, Espa?a es una de las 20 naciones que poseen democracia plena, con calificaciones superiores a las que merecen Estados Unidos, Francia o Italia, sin ir m¨¢s lejos. Estos datos son tan recientes como de enero de este a?o, y ponen de relieve que la campa?a de la Generalitat catalana en contra de nuestra democracia, a la que acusan de tener presos de conciencia, adem¨¢s de una falacia es una cat¨¢strofe publicitaria.

La monarqu¨ªa actual no es un problema para la democracia espa?ola, y ha sido en cambio su garante en repetidas ocasiones. Es por lo mismo infumable (hermosa met¨¢fora) que el presidente del Gobierno no defienda abiertamente a la Corona cuando se ve amenazada en los debates en Cortes por partidos independentistas y de extrema izquierda. Tambi¨¦n por sus peculiares socios de coalici¨®n, que al tiempo que prometieron lealtad al Rey no cesan de atacar la instituci¨®n que encarna. Aunque los valores democr¨¢ticos de nuestra Constituci¨®n son s¨®lidos, se persigue con ello poner en marcha un proceso constituyente, sin m¨¢s raz¨®n ni fundamento que la particular ideolog¨ªa y el ensue?o de sus promotores. De llevarse a cabo dividir¨ªa a¨²n m¨¢s a los espa?oles, ya instigados al enfrentamiento por la agitaci¨®n de nuestra mediocre clase pol¨ªtica. Derribar la Monarqu¨ªa o, m¨¢s probablemente, animarla a que desista es pieza clave en esa estrategia.

Las monarqu¨ªas parlamentarias y democr¨¢ticas necesitan para su normal desarrollo de un entendimiento entre el primer ministro y el jefe del Estado a la hora de ejercer sus papeles y prerrogativas. Si el Gobierno de turno y la Casa Real no son capaces de trabajar conjuntamente, el prestigio y la gobernaci¨®n del pa¨ªs se ver¨¢n seriamente da?ados. El papel del monarca descrito en la Constituci¨®n de 1978 demanda la aprobaci¨®n en Cortes de un Estatuto de la Corona que perfile los deberes y facultades de su titular, el car¨¢cter y l¨ªmites de su inviolabilidad, y las ayudas con que debe contar para el ejercicio de sus tareas.

Este entendimiento entre el Gobierno y la Casa Real no ha sido siempre evidente. Los comentarios de Pedro S¨¢nchez sobre su tribulaci¨®n por las revelaciones acerca del em¨¦rito, o su p¨²blico cuestionamiento de la inviolabilidad, que le deber¨ªa conducir a presentar una propuesta legal al respecto, desmerecen de la prudencia de cualquier gobernante al referirse al jefe del Estado. Con ocasi¨®n de la lucha contra el virus, hemos padecido tendencias autoritarias y un cierto cesarismo de pacotilla que tampoco ayudan. En la frontera difusa que divide al poder ejecutivo del terreno que ocupa la m¨¢xima jerarqu¨ªa del Estado, por simb¨®lica que sea, el Gobierno ha ganado espacio en los ¨²ltimos meses. Mermar las facultades de representaci¨®n del Monarca en momentos en los que se convoca a la unidad de todos no parece una buena t¨¢ctica.