Suspenso

El Gobierno no logr¨® ayer sacar adelante el decreto ley sobre los remanentes de los Ayuntamientos. Su derrota tiene lugar, adem¨¢s, en un momento en que las Administraciones locales esperaban no tener que enfrentarse a la crisis econ¨®mica amarrados por el bozal de la austeridad a la que los conden¨® la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Partido Popular aprob¨® en 2012. Solo los partidos del Ejecutivo de coalici¨®n y Teruel Existe votaron a favor. Los dem¨¢s votaron en contra. No hubo ninguna abstenci¨®n.

La iniciativa de la ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, fue aprobada por el ...

El Gobierno no logr¨® ayer sacar adelante el decreto ley sobre los remanentes de los Ayuntamientos. Su derrota tiene lugar, adem¨¢s, en un momento en que las Administraciones locales esperaban no tener que enfrentarse a la crisis econ¨®mica amarrados por el bozal de la austeridad a la que los conden¨® la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Partido Popular aprob¨® en 2012. Solo los partidos del Ejecutivo de coalici¨®n y Teruel Existe votaron a favor. Los dem¨¢s votaron en contra. No hubo ninguna abstenci¨®n.

La iniciativa de la ministra de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 4 de agosto, pero lleg¨® all¨ª ya tocada: la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) la aval¨® a duras penas, solo gracias al voto de calidad de su presidente, Abel Caballero, alcalde de Vigo con el PSOE. Al Gobierno le tocaba, por tanto, hilar fino antes de que el decreto llegara al Congreso, y buscar la manera de ir limando las suspicacias que su proyecto despertaba en alcaldes de los colores pol¨ªticos m¨¢s distintos. A la propuesta de Montero le asist¨ªa desde el principio una poderosa raz¨®n: no ten¨ªa sentido alguno que en una situaci¨®n econ¨®mica tan delicada como la actual los Ayuntamientos no pudieran disponer de parte de ese importante super¨¢vit que muchos hab¨ªan alcanzado tras ajustar cada gasto. Era imprescindible desatascar esos recursos para que ayudaran a sostener la recuperaci¨®n tras el azote de la pandemia.

Con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la retaguardia, que bloquea esos fondos ¡ªaunque su promotor, Crist¨®bal Montoro, afirma que en situaciones excepcionales se permite liberarlos¡ª, el plan del Gobierno era tomar prestados 14.000 millones de los remanentes de los Ayuntamientos, que devolver¨ªa en un plazo de 10 a 15 a?os, e inyectarles a cambio 5.000 millones entre 2020 y 2021. Desde el primer momento saltaron las alarmas. Hubo quienes rechazaron que ese dinero solo llegara a los municipios que hab¨ªan conseguido alg¨²n super¨¢vit, y quienes apuntaron a que el reparto se hiciera por criterios de poblaci¨®n y no por el monto de los ahorros acumulados. Los argumentos, de todo tipo, fueron acumul¨¢ndose. A ¨²ltima hora el Gobierno propuso que 3.000 de los 5.000 millones se repartieran entre todos y que los otros 2.000 fueran a los que ced¨ªan sus remanentes. Convencieron a los comunes de Ada Colau, lo que al menos impidi¨® que el desaguisado fuera mayor, y que un socio de uno de los partidos del Gobierno votara tambi¨¦n en contra.

Si las negociaciones con los municipios han sido un banco de pruebas para otras que el Gobierno tendr¨¢ que realizar en las pr¨®ximas semanas ¡ªlas de los Presupuestos¡ª, hay algo que chirr¨ªa. Y de nuevo el PP es tambi¨¦n responsable de haber utilizado un tema como este, que pod¨ªa haber aliviado las cuentas tanto del Estado como de los municipios, en favor de sus intereses de oposici¨®n a toda costa, sin proponer una alternativa mejor a la del Gobierno.

Por grandes que sean sus necesidades econ¨®micas, lo que los municipios han dicho es que el Gobierno tiene que contar con ellos para consensuar su financiaci¨®n. Y por mucho que entienda que su iniciativa es la m¨¢s consistente, la ministra Montero no tiene otra que intentar convencer, y pactar donde tenga que pactar. El recorrido de este decreto ley ha terminado en un suspenso en toda regla.