T¨¢ctica temeraria

La batalla pol¨ªtica que libra el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la gesti¨®n de la pandemia se ha convertido en una resistencia numantina a aplicar las directrices emanadas del Consejo Interterritorial de Salud celebrado el mi¨¦rcoles. En esa reuni¨®n se acord¨® implementar medidas de confinamiento perimetral, restricciones a la movilidad y reducci¨®n de horarios y aforos en las ciudades de m¨¢s de 100.000 habitantes que cumplan estos tres criterios: una incidencia de m¨¢s de 500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 14 d¨ªas; m¨¢s de un 10% de positivos en las pruebas PCR, y que los pac...

La batalla pol¨ªtica que libra el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la gesti¨®n de la pandemia se ha convertido en una resistencia numantina a aplicar las directrices emanadas del Consejo Interterritorial de Salud celebrado el mi¨¦rcoles. En esa reuni¨®n se acord¨® implementar medidas de confinamiento perimetral, restricciones a la movilidad y reducci¨®n de horarios y aforos en las ciudades de m¨¢s de 100.000 habitantes que cumplan estos tres criterios: una incidencia de m¨¢s de 500 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 14 d¨ªas; m¨¢s de un 10% de positivos en las pruebas PCR, y que los pacientes de covid-19 ocupen m¨¢s del 35% de las UCI. Son criterios razonables que rigen para toda Espa?a, pero Madrid ha decidido convertirlos en otro motivo de confrontaci¨®n. Tras un amago de rebeld¨ªa, la presidenta D¨ªaz Ayuso dijo ayer que las acatar¨ªa, pero al mismo tiempo anunci¨® que las impugnar¨¢ ante la justicia, lo que no deja de ser una posici¨®n obstruccionista. En una situaci¨®n de emergencia, poner obst¨¢culos a la lucha contra la pandemia resulta una actitud irresponsable y temeraria que va contra el consenso cient¨ªfico y los principios ¨¦ticos del buen gobierno.

Restricciones m¨¢s duras se han aplicado en otros lugares de Espa?a y Europa con datos epidemiol¨®gicos m¨¢s favorables. Que las 10 ciudades espa?olas con esas condiciones pertenezcan a la Comunidad de Madrid no revela ning¨²n af¨¢n de persecuci¨®n pol¨ªtica, sino la p¨¦sima gesti¨®n de sus autoridades, que no han actuado con la suficiente contundencia. Vista la dificultad de gestionar por la v¨ªa de la cooperaci¨®n una situaci¨®n tan peligrosa, resultaba imperativo adoptar criterios de actuaci¨®n con car¨¢cter general, y si algo hay que reprochar al Gobierno de Pedro S¨¢nchez es que no lo haya hecho antes. Tambi¨¦n el no haber preparado mejor la desescalada teniendo en cuenta el contexto de confrontaci¨®n pol¨ªtica.

D¨ªaz Ayuso intent¨® primero endosar al Gobierno de S¨¢nchez la culpa de los rebrotes, con acusaciones sobre un supuesto abandono, y ahora que este toma la iniciativa, lo considera una injerencia. Resulta extravagante que siendo Madrid la regi¨®n m¨¢s afectada por la pandemia en Europa, su Ejecutivo dedique sus energ¨ªas a una batalla jur¨ªdica que desgasta las instituciones. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, llam¨® ayer a reducir la confrontaci¨®n y elevar la cooperaci¨®n institucional ante una D¨ªaz Ayuso que, en cambio, lleva el pulso pol¨ªtico demasiado lejos. M¨¢s lejos que otras comunidades lideradas por el PP, que no han recurrido ante la justicia las nuevas medidas. Y m¨¢s lejos incluso de lo que lo llev¨® en su momento Catalu?a, cuyo Gobierno tambi¨¦n utiliz¨® la pandemia en su estrategia de confrontaci¨®n con el Estado, pero que, cuando la situaci¨®n empeor¨®, opt¨® por la racionalidad con medidas dr¨¢sticas.

En esta segunda ola, las autoridades ya no deciden sobre el vac¨ªo: hay experiencia y consensos cient¨ªficos en los que apoyarse. Sorprende que el Gobierno de Madrid anteponga prioridades partidistas a directrices de salud p¨²blica con amplio consenso cient¨ªfico. No aplicarlas significa darle oportunidades al virus para transmitirse, lo que supone m¨¢s contagios, m¨¢s ingresos hospitalarios y m¨¢s muertes. Recurrir ante los tribunales para ¡°defender los intereses leg¨ªtimos de los madrile?os¡± resulta falaz si lo que est¨¢ en juego es la aplicaci¨®n de medidas para proteger la salud de los ciudadanos.