A la espera del Supremo

La decisi¨®n del juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n de pedir al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Ejecutivo, supone una fuerte sacudida en el tablero pol¨ªtico espa?ol procedente de los tribunales. Resulta dif¨ªcil hallar en Europa pa¨ªses en los que los asuntos judiciales tengan tanta relevancia en la vida pol¨ªtica. En este caso, afecta a la misma c¨²pula del Gobierno, que acumula una nueva dificultad en un momento cr¨ªtico para Espa?a. La petici¨®n del magistrado, que ve indicios de denuncia falsa y revelaci¨®n de secretos, entre otros de...

La decisi¨®n del juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa Castell¨®n de pedir al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Ejecutivo, supone una fuerte sacudida en el tablero pol¨ªtico espa?ol procedente de los tribunales. Resulta dif¨ªcil hallar en Europa pa¨ªses en los que los asuntos judiciales tengan tanta relevancia en la vida pol¨ªtica. En este caso, afecta a la misma c¨²pula del Gobierno, que acumula una nueva dificultad en un momento cr¨ªtico para Espa?a. La petici¨®n del magistrado, que ve indicios de denuncia falsa y revelaci¨®n de secretos, entre otros delitos, se produce en el marco del caso Dina, una pieza menor dentro de la macrocausa T¨¢ndem, que acumula m¨¢s de 27 casos abiertos por las presuntas actividades delictivas de un ¡°clan policial mafioso¡± liderado por el comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo. La petici¨®n del juez es un paso grave, aunque por el momento Iglesias no est¨¦ imputado.

Los hechos son los siguientes: a la asistente de Podemos Dina Bousselham le fue robado el m¨®vil en noviembre de 2015; su tarjeta lleg¨® a la revista Intervi¨² en enero de 2016 y sus responsables entregaron el original o una copia por un lado a Pablo Iglesias y por otro a Villarejo; parte de ese contenido fue publicado en varios medios de comunicaci¨®n; Iglesias guard¨® la tarjeta y no se la devolvi¨® a Bousselham hasta meses despu¨¦s; en ese momento, estaba inservible; en el tel¨¦fono hab¨ªa documentos y pantallazos de conversaciones con miembros de Podemos.

La Audiencia empez¨® a investigar este caso tras encontrarse los archivos en casa de Villarejo, entendiendo que era veros¨ªmil que ¨¦l hubiera organizado el robo del m¨®vil y filtrado ese contenido. As¨ª lo ha estado investigando tambi¨¦n la Fiscal¨ªa. Garc¨ªa Castell¨®n cambia ahora radicalmente de hip¨®tesis: achaca a Pablo Iglesias y al equipo jur¨ªdico de Podemos un montaje para aparecer como v¨ªctimas de las cloacas del Estado.

En una llamativa divergencia de criterio, la Secci¨®n Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional devolvi¨® a Iglesias el pasado 16 de septiembre la condici¨®n de perjudicado que previamente Garc¨ªa Castell¨®n le hab¨ªa revocado. Los magistrados afirman que la hip¨®tesis Villarejo sigue siendo veros¨ªmil y que ¡°no hay pruebas que sustenten que los hechos se hayan producido conforme a alguna de estas alternativas¡± que plantea el juez, y que en todo caso la pieza de la Audiencia no ser¨ªa el lugar adecuado para investigar esas otras posibilidades.

El Supremo tendr¨¢ ahora que pronunciarse y tendr¨¢ que hacerlo en un clima marcado por la creciente politizaci¨®n de la justicia. De manera estructural, por la injustificable negativa del PP a renovar el Poder Judicial. Tambi¨¦n por el nombramiento como fiscal general del Estado por parte del Ejecutivo de S¨¢nchez de la saliente ministra de Justicia. Es necesario que la pol¨ªtica garantice una escrupulosa sustancia y apariencia de imparcialidad para devolver a los ciudadanos confianza en la justicia. La decisi¨®n del Supremo aclarar¨¢ el camino judicial de Iglesias y, en su caso, la necesaria asunci¨®n de responsabilidades por parte del vicepresidente segundo del Gobierno.